Ningún extremo es bueno: ni narcotizar el debate, ni sacralizarlo

Presentación del entrevistado: Soy Ricardo Soberón Garrido abogado peruano especializado en temas de políticas de droga, fenómeno de narcotráfico, seguridad, fronteras y Amazonía. Es decir, desde la visión de América del Sur hago un seguimiento a los principales hechos relacionados con las drogas, los conflictos armados y sus relaciones. Adicionalmente trabajo como asesor de productores cocaleros en Perú y trabajo con el Transnational Institute para hacer un seguimiento a los procesos de reforma legal en materia de drogas.

Texto: La vinculación de los productores con los cultivos ilícitos es muy evidente, directa y palpable, no ocurre lo mismo con expertos como usted ¿Cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a estudiar y a especializarte en este tipo de plantas?

Vengo de una familia del departamento de Huanucu que trabajó con la hoja de coca hasta que se prohibió y condenó. Conozco los procesos y segmentos económicos que ha tenido el Perú con coca y sin coca, con coca y cocaína legal hasta que ésta fue prohibida en 1870. Por ello, desde una perspectiva familiar a mi me viene el interés por estudiar la relación del Estado peruano con el arbusto de la coca, incluso mucho antes de la aparición del narcotráfico.

Su vasto currículum y conocimiento sobre la materia le colocan en el otro lado de la cadena: en la fase de trasformación y distribución de este tipo de plantas. Durante el foro se ha intentado desvincular la hoja de coca del proceso de transformación y del producto cocaína. En su opinión ¿Existe alguna relación entre el cultivo de la coca y los temas de seguridad y narcotráfico?

Conociendo ambos eslabones de la cadena debemos reconocer que el debate de los productores no puede soslayar la otra parte de la cadena relacionada con el crimen organizado. Los discursos sobre hoja sagrada, recurso natural, son muy importantes pero no pueden esconder la existencia de este otro escenario: el de las plantas en un marco de violencia estructural, marginación del Estado, presencia de actores armados… Por lo tanto mi trabajo siempre trata de incorporar ambos elementos. Ningún extremo es bueno: ni narcotizar el debate, ni sacralizarlo, hay que encontrar ese punto medio para llegar a ser más fuertes en el momento de discutir y aportar soluciones.

¿De qué forma los expertos podrían contribuir a la dignificación de los productores? y ¿qué pueden aportar los expertos a los productores para contrarrestar la propaganda de instituciones como la Fundación Envida, que con un mensaje aparentemente cientificista satanizan las plantas y a sus cultivadores?

Hay que reconocer que ha habido un utilitarismo y una funcionalidad mutua productor-experto-ONG a lo largo de los últimos cinco años, a veces con problemas y contradicciones. Una relación sana y ciudadana entre un productor y un experto debe estar basada en el respeto mutuo, la transparencia y la horizontalidad. Siendo asesor de la congresista peruana Nancy Obregón me acuerdo que le comenté “Nancy, si yo fuera a comprar una tierra a tu chacra, antes te preguntaría a ti sobre qué plantar, porque tú conoces tu suelo. Ahora tu estás ingresando en mi suelo, parlamentaria, y te pido que para trabajar mejor me preguntes qué plantamos. Tú decides, organicemos una agenda política. Ya me dices”. Al cabo de seis meses dimití del puesto. El productor debe convertirse en un sujeto político que no dependa de nadie, a partir de un proceso de apropiación del lenguaje y de liberación de la sujeción de la técnica, la academia y las ciencias de apropiación, eso por parte del campesino. Y, por parte del técnico, experto, cooperante o lo que sea, debe producirse la desacralización para que el campesino deje de ser objeto de estudio, víctima de ciclos y procesos y se convierta en un ciudadano capaz de cometer errores con el que se puede debatir de tú a tú.

Una de las relaciones más directas y convencionales entre técnicos y productores son las alternativas de desarrollo, ¿cómo consensuar este tipo de alternativas duramente criticadas por los campesinos de regiones como Bolivia?

El punto básico a nivel global es que en todas las regiones productoras de plantas se da una misma matriz: ausencia de Estado, absoluta marginación, terribles indicadores socioeconómicos, falta de ciudadanía y pobreza rampante. Antes de empezar a hablar de desarrollo alternativo tenemos que saber de qué hablamos, porque no hay ni siquiera desarrollo en esas regiones. Los treinta años de programas de desarrollo de las instituciones internacionales como Naciones Unidas se han caracterizado por pensar que es necesaria una forma especial de desarrollo en esas zonas, pero no han partido de la base, es decir, la “ausencia de”. Tomando esto en consideración estas iniciativas han sido sólo pequeñas cucharadas de jarabe para curar un cáncer estructural por lo que han sido un fracaso. Las nuevas misiones de desarrollo cuando claman por la integralidad apuntan que no es una cuestión que deba limitarse a sustituir planta por planta, sino que contemplan la situación de estas regiones al integrarlas en matrices y circuitos económicos. Mientras no se cambie ese circuito económico ninguna alternativa de desarrollo puede sustentarse. Integralidad y transparencia son fundamentales. La unidad familiar campesina no es un objeto, sino un sujeto, lamentablemente, Estados, agencias y técnicos hemos caído en el error de decir “aquí está el remedio, tómalo”, pero nunca les consultamos. Eso es un terrible problema que está en las mentes de nuestros gobernantes, pero también en otros amigos y amigas que viven en el extranjero, que ven el problema y lo entienden a su manera, propiciando una situación de paternalismo y asistencialismo totalmente perjudicial.

Alrededor de los cultivos declarados ilícitos se agrupan una serie de temas que aumentan la complejidad para poder abordarlos. Una persona como usted, experta en cuestiones como Derechos Humanos, narcotráfico, que ha trabajado el fenómeno de los desplazados… ¿Podría jerarquizar estos innumerables conflictos y tragedias constantes para poder determinar prioridades de actuación?

Hay dos piedras de toque: una es la de “yankies go home”. En la medida en que los Estados Unidos entiendan que deben dejar de injerir en las decisiones adoptadas por los países de Sudamérica en materias de droga, seguridad, democracia, etcétera seremos más capaces de construir. El problema es que los países sudamericanos, particularmente México, Colombia y Perú, han sido secuestrados. Nos han quitado la posibilidad de pensar cuál es nuestro problema de drogas. Nuestros gobernantes, -Alan García, Vicente Calderón, Álvaro Uribe-, lo que han hecho básicamente es suscribir el formato a cambio de 1.500 millones de dólares anuales. Si por algo se debe empezar es por levantar ese secuestro. En segundo lugar es fundamental también el respeto del Estado a otros actores sociales, en este caso a los productores cocaleros. No encarcelarlos, no dividirlos, no ningunearlos… Tienen que cambiar de matriz, en Perú, por ejemplo, “gobernantes peruanos gánenles a Sendero Luminoso recuperando a estos ciudadanos que están, como la mortadela en los bocadillos, entre Sendero y un Estado que los criminaliza”.

Esta supeditación a los intereses extranjeros ¿No provoca en determinados países grandes contradicciones sustentadas en un doble lenguaje difícilmente defendible políticamente?

Sí, lo más grave es que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos generan un contradiscurso muy interesante. Por un lado van por el tema del narcoterrorismo, la ecuación droga igual terror ha permeado y ha llegado a todos los niveles: medios de comunicación y ONGs formadas con financiamiento americano que llegan y se apropian del discurso y silencian a las otras organizaciones introduciendo esa idea del narcoterrorismo generando confusión. Al crear confusión permiten la generalización y simplificación “nueve de cada diez hojas van al narcotráfico”, ese mensaje llega, a pesar de ser falso. Un mensaje dominante y hegemónico que te dice “tú, crítico del modelo, lo que quieres es legalizar y darle cocaína a nuestros niños de doce años”, lo que imposibilita un debate que tiene muchas tonalidades de gris.

Desde la distancia parece que los Gobiernos sudamericanos tienen dos formas de afrontar el conflicto de los cultivos ilícitos.

Sí, el paradigma moralista, de Evo Morales, y el uribiano, de Álvaro Uribe. El uribiano se fundamenta en el lema o estás conmigo o estás con el diablo, si no estás conmigo te van a llover palos y si lo estás disfrutaremos juntos de la bonanza. El modelo Morales parte de la construcción de una fábrica social sobre la base de apropiación de la toma de decisiones con sus propios recursos. Ese es el dilema que está habiendo hoy en día en toda América del Sur. Toda una serie de actores sociales se encuentran entre estos dos paradigmas y habrá que ver cuál de ellos triunfa. Yo sé, por ejemplo, que Alan García ha hecho una apuesta a Evo Morales, le dijo “vamos a ver quién llega primero al desarrollo si tú con tus círculos bolivarianos y tu ideologización o yo con mi apertura a los inversiones extranjeras y con el crecimiento macroeconómico”.

Y no existe una tercera vía ¿Tal vez Lula en Brasil?

Yo calificaría a Lula como un extremadamente inteligente jugador de piezas de ajedrez que para algunos frentes adquiere el paradigma moralista y para otros el paradigma uribiano dependiendo de las circunstancias.

Resumen: Soberón reivindica el papel de los productores como actores activos que deben ser atendidos y escuchados y denuncia las políticas de desarrollo alternativo basadas en el paternalismo y asistencialismo. A lo largo de la entrevista también aborda los conflictos relacionados de forma directa o indirecta con los cultivos ilícitos haciendo propuestas de actuación inmediatas y prioritarias. Entre ellos especialmente el de la injerencia extranjera en Latinoamérica y políticas de confusión. A modo de conclusión Soberón determina que el continente latinoamericano se mueve entre dos alternativas de actuación política: la que representa Morales en Bolivia y Uribe en Colombia.