Revalorización de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas

En un sistema socioeconómico como el imperante en América Latina, donde la pobreza y la exclusión social persisten históricamente, la violencia es un fenómeno que se extiende permanentemente en la sociedad, llegando incluso a ser asimilada como algo inherente a la vida cotidiana. Las diferencias de género, edad, condición económica, origen étnico, cultura y creencias, son todos elementos sobre los que se ha construido un sistema de estratificación social de dominio y explotación, en el cual en general los estratos más ricos y fuertes someten a los más débiles y pobres.

En los países latinoamericanos hispanos el legado colonial ha sido determinante en la definición de los estratos sociales y en la asignación de roles a los diferentes sectores. La población indígena es la más desfavorecida por no ser blanca ni mestiza, por no hablar español y por asumirse como portadora de culturas ancestrales que, logrando sobrevivir a la conquista española, subsisten hasta nuestros días.

En el caso particular de México el levantamiento armado del movimiento indígena zapatista en enero de 1994 en el estado sureño de Chiapas, puso de manifiesto en los medios nacionales e internacionales las condiciones de pobreza y marginación en las que viven los pueblos indígenas en este país y, de manera particularmente novedosa, ha enfatizado la situación de violencia y opresión que sufren las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, generalmente regidas por sistemas patriarcales.

A partir de esta denuncia la sociedad mexicana es instada a reflexionar en torno a problemas históricos no resueltos de su vida como nación: la lucha de los pueblos indígenas por el derecho a la autodeterminación y preservación de su sistema de “usos y costumbres” (normas colectivas económicas y socio-culturales de origen ancestral que rigen la vida de las comunidades indígenas) y, aunada a ésta, la lucha por los derechos humanos de los individuos al interior de las comunidades indígenas, lo cual implica necesariamente la revalorización del papel que desempeñan todos los miembros de las comunidades (mujeres, niños, ancianos y hombres) y la modificación del sistema de “usos y costumbres” en aquellos aspectos que socavan el bienestar de algunos de los sectores de la población, fundamentalmente mujeres y niños.

Es común que los sistemas de usos y costumbres de muchos pueblos indígenas desconozcan o limiten los derechos humanos, políticos, económicos y civiles de las mujeres, favoreciendo de esta manera que la violencia y la falta de autonomía sean elementos comunes en la vida de la mujer indígena. Cabe destacar que estas condiciones de vida, al ser asumidas como parte del sistema de “usos y costumbres” de la comunidad, terminan siendo aceptadas por la misma población femenina. Por generaciones, las mujeres transmiten estos sistemas de valores a través de su papel de madres, hermanas, tías o abuelas.

En el marco de esta reflexión, en el año 2002 un grupo de investigadores del Posgrado de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), emprendió un proyecto cuyo objetivo era analizar cuáles son los cambios que registra un grupo de mujeres indígenas sobre la valoración de los roles femeninos en su comunidad cuando tienen acceso a una educación que les permite aprender a leer y escribir, capacitarse para ejercer un oficio y conocer sus derechos como mujeres.

El nombre del proyecto es “La violencia contra la mujer en el sistema de usos y costumbres de las comunidades indígenas del Municipio de Santa Catarina Lachatao, Distrito de Ixtlán de Juárez, estado de Oaxaca, México”. Para realizar la investigación se invitaron a 20 mujeres analfabetas de entre 16 y 20 años de edad de las rancherías Laritza, La Valenciana, El Arco, Río de los Trabajos, La Mano del Burro, Chigula, Rancho Pájaro, El Zapato, Monte Negro y Agua Blanca, del municipio de Santa Catarina Lachatao, Distrito de Ixtlán de Juárez, comunidad ubicada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, al sureste de México.

El proyecto se desarrolló en tres etapas. En la primera de ellas, las jóvenes fueron trasladadas a la Ciudad de México donde permanecieron por un lapso de un año. En este periodo se les enseñó a leer y escribir, se les capacitó para ejercer un oficio y se les invitó a participar en un seminario sobre derechos humanos y derechos de la mujer. Al término de esta primera etapa, se realizó una evaluación al grupo sobre el conocimiento de sus derechos como mujeres. Se abordaron dos bloques temáticos: la violencia física y psicológica y la violación de los derechos civiles, políticos y económicos. Las mujeres fueron capaces de identificar los casos de violación de sus derechos, y particularmente manifestaron su inconformidad con la violencia física que los hombres ejercen contra ellas.

Sin embargo, a pesar de reconocer que algunas de las prácticas tradicionales de sus comunidades, principalmente las referentes al matrimonio, atentan contra sus libertades, la mayor parte de las integrantes del grupo coincidió en que renunciar a esas costumbres conllevaría su segregación de la comunidad, situación que no estaban dispuestas a provocar. Estas prácticas se refieren principalmente a tradiciones como son la elección del marido por parte del padre, la entrega de una dote o pago en especie a cambio de la novia, el matrimonio de las mujeres a muy temprana edad y la restricción de las prácticas de control de la natalidad.

Sobre el segundo bloque temático relativo a los derechos civiles, políticos y económicos, las jóvenes manifestaron su deseo de tener derecho a la educación, a la participación política y a la posibilidad de trabajar fuera del hogar y tener propiedades. Sin embargo, hicieron evidente que no estaban totalmente convencidas de que estos derechos fueran suficientemente importantes para ellas, puesto que sus madres, hermanas y abuelas nunca habían gozado de ellos. Los resultados de esta primera fase de la investigación fueron positivos pero limitados. Las mujeres indígenas identifican las violaciones a sus derechos y específicamente se contraponen a la violencia física, sin embargo, anteponen el respeto y seguimiento de los “usos y costumbres” de su pueblo a sus derechos como mujeres e individuos.

En el año 2003 se emprendió la segunda etapa de la investigación. Las mujeres regresaron a sus pueblos y se reincorporaron a las actividades de la comunidad. El objetivo sería evaluar a lo largo de un año su capacidad de identificar los principales factores que inducen a la violencia contra las mujeres en sus comunidades. Las jóvenes enunciaron principalmente tres problemas: la pobreza, el alcoholismo y el desconocimiento por parte de las mujeres de sus propios derechos. Las jóvenes coincidieron en que la pobreza de su familia y el hecho de que el novio entregue una dote a la familia de la novia son dos elementos principales para que se les obligue a casarse desde niñas (13 años comúnmente). Como las mujeres son muy jóvenes cuando contraen matrimonio están completamente a cargo del esposo, quien es el que decide absolutamente todo lo referente a la familia. También el grupo identificó a la pobreza como la principal causa del alcoholismo en sus comunidades, enfermedad que induce a la violencia física contra las mujeres y los hijos, a la fractura familiar e incluso al abandono de las tierras de trabajo por parte del hombre. Las indígenas concluyeron que el desconocimiento de sus derechos como mujeres favorece que se acepte como algo normal el maltrato que ejercen los hombres contra ellas. Además, se reconoció que la educación de las mujeres y los hijos, así como su participación política en los asuntos de la comunidad, son elementos esenciales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Finalmente, la última parte del programa consistió en que las jóvenes, en conjunto con otras mujeres de sus pueblos que hasta ahora no habían participado en el proyecto, enlistaran los derechos que ellas conciben como fundamentales para mejorar su condición al interior de la comunidad. Los más importantes fueron: una vida sin violencia física, acceso a los servicios de salud, aprender a leer y escribir, tener autonomía para dirigir su vida (elegir a su pareja, decidir cuantos hijos tener, poder trabajar y estudiar), y participar en los asuntos políticos de la comunidad.

Las mujeres son consientes de que la lucha por adquirir estos derechos no es tarea sencilla. Ellas saben que la mayor parte de los miembros de la comunidad son renuentes a cuestionar una normatividad que ha subsistido por generaciones, pero reconocen también su propia responsabilidad, como madres, en la transmisión de estas costumbres de violencia y exclusión. Cuando se les preguntó si estarían dispuestas a abandonar sus comunidades para poder desarrollar una vida sin violencia, fueron determinantes al afirmar que no, ya que desean que su condición como mujer mejore al interior de la comunidad. Ellas se asumen orgullosamente como portadoras y transmisoras de una cultura ancestral, no quieren romper con las tradiciones ni con la comunidad, pero eso no implica que no se deban criticar los elementos que las lastiman. Las indígenas piensan que si la comunidad comienza a tomar conciencia de los derechos de la mujer quizá las próximas generaciones puedan vivir mejor, aunque sigan siendo pobres y discriminados por ser indígenas.