El fiel de la balanza

Durante siglos la institución francesa de la prud’homie (un tribunal de hombres sabios y respetados – probi homines, en latín – elegidos por los pescadores) se ha ido adaptando a los tiempos con mayor o menor fortuna a fin de preservar la actividad artesanal de las comunidades pesqueras de Francia. Hasta comienzos de los años sesenta, la ordenación pesquera era responsabilidad de estas agrupaciones, que repartían entre los miembros de la comunidad los derechos recursos. Ante la tendencia actual de intensificación de capital en el sector, las prud’homies intentan mantener el carácter artesanal de sus comunidades.

Su historia arranca de los conflictos con los pescadores inmigrantes, poco habituados a este tipo de regulación local, y de los onerosos procesos que intentan poner la pesca en el dominio público y bajo la batuta de las prud’homies. Si la revolución francesa consiguió desmantelarlas, volvieron a levantar cabeza en 1792. A finales del siglo XIX, gracias a cinco decretos sobre la regulación del sector a escala nacional, la institución quedó consolidada y su ámbito de aplicación definido en un decreto del 18 de noviembre de 1859.

Una comunidad pesquera elige entre cuatro y siete prud’hommes a fin de regular la pesca en una región perfectamente delimitada. Estos hombres sabios cuentan con autoridad reguladora, jurídica y disciplinaria sobre los pescadores. Actúan como “árbitros” reconocidos y gestionan el patrimonio comunitario. Su objetivo es mantener los caladeros y velar por la recuperación de los recursos.

El Estado adjudica a cada tribunal unos recursos y unos caladeros marinos y éste generalmente prohíbe o limita la faena a gran escala manteniendo capacidades de captura reducidas para que todos sus administrados puedan ganarse la vida con la pesca. Esta gestión colectiva de los derechos de explotación según criterios técnicos, espaciales y estacionales uniformiza los métodos de producción e incita a los pescadores a invertir en tecnologías diversas.

La gobernanza de la pesquería es competencia principalmente de la prud’homie, y el Estado se limita a desempeñar un mero papel de supervisión por mediación de las administraciones locales. Las normas se deciden en la asamblea general o en el consejo de prud’hommes en conformidad con principios comunitarios de respeto por el individuo y por las generaciones futuras que constituyen una garantía de protección de los recursos y las localidades.

Ganarse la vida

Los prud’hommes sostienen que “todo el mundo debe poder ganarse la vida con su trabajo, el sol sale para todos, debemos evitar que un sector desplace a otros, es mejor regular que prohibir un oficio que da de comer a mucha gente, hay que permitir que las poblaciones se recuperen, el objetivo es ganarse la vida decentemente del mar, no agotarlo, y dejar recursos para nuestros hijos…”

En suma, las prud’homies constituyen una administración local sencilla y democrática que permite a comunidades relativamente grandes ganarse la vida de la pesca de bajura y a la profesión recibir en su seno varias oleadas migratorias al tiempo que se preservan los caladeros y los bancos: dicho en pocas palabras, las prud’homies fomentan el crecimiento sostenible.

Desde los sesenta hasta finales de los ochenta, las prud’homies se resistieron al desarrollo expansionista del sector. Mientras el Estado favorecía la aparición de unidades de pesca con capital intensivo en un mercado cada vez más amplio, ejemplificado en el mercado común del pescado en conserva, se intensificaba la presión sobre algunas poblaciones (sardina, anchoa, atún y bacalao). La lógica del Estado, orientada hacia la producción, exige una fuerte intervención y una desregulación que contrasta fuertemente con la sensata gestión de las prud’homies. Por demás, el Estado alienta la investigación y la prospección marítimas, los canales de comercio y distribución de productos perecederos, las infraestructuras portuarias y los incentivos financieros dirigidos a la modernización, el progreso tecnológico y la especialización en técnicas pesqueras intensivas.

Esta dinámica competitiva dividió la flota en dos sectores, uno con gran capacidad de captura, y otro un número decreciente de operadores de pequeña escala que se especializaban en técnicas de captura artesanal o en especies de gran valor comercial destinadas a mercados locales cada vez mejor abastecidos.

La oposición de las prud’homies a estas tendencias ha provocado su distanciamiento con respecto a las autoridades de supervisión, que han puesto en pie otras estructuras profesionales como los comités de pesca y las organizaciones de productores. Las prud’homies continúan regulando las operaciones artesanales y en algunas ocasiones intentan mediar entre los operadores de pequeña y de gran escala y proteger las comunidades pesqueras de los efectos perniciosos de la industrialización, la urbanización y la expansión del turismo y de la industria del ocio.

Con la apertura de las fronteras europeas los mercados internos y externos crecen, se redistribuyen los bancos y los caladeros, mientras aumentan la financiación y las subvenciones públicas al sector. En suma, se abren nuevas oportunidades para regular el acceso a los recursos y las aguas. Se plantean tres escenarios posibles.

El primero, si la Unión Europea (UE) continúa con su dinámica expansiva fomentaría un sector pesquero de gran escala, competitivo en la esfera internacional, de empresas pesqueras integradas que recibirían derechos especiales mediante cuotas individuales transferibles (CIT) o acuerdos para pescar en países terceros, por ejemplo. El modelo bioeconómico de gestión pesquera, que persigue la limitación global de capturas, obliga al desguace de numerosos buques, sobre todo los más antiguos, para reforzar la competitividad de los más modernos, y a una gestión basada en el mercado de cuotas.

El espacio oceánico

En el segundo las campañas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas consiguen hacer mella en las políticas pesqueras. Pretenden proteger las especies en vías de extinción y la diversidad biológica de los ecosistemas marinos y suelen centrarse en especies carismáticas o simbólicas como delfines y ballenas. Reclaman asimismo la creación de santuarios, reservas o áreas marinas protegidas (AMP). A fin de alcanzar sus objetivos estas ONG suelen aliarse con otros usuarios del espacio marino como los pescadores recreativos, los pescadores españoles de caña y línea o los cerqueros. Probablemente en este caso la gestión de los recursos, del mar y del litoral se asignaría a los departamentos de medio ambiente nacionales y europeos.

En el tercero las regiones reforzarían la competitividad de sus territorios económicos, sociales y medioambientales mediante una especialización dentro del entorno europeo. La pesca formaría parte de un conjunto más amplio de especializaciones regionales. Así, por ejemplo, la calidad del litoral mediterráneo propicia las actividades turísticas y residenciales y la pesca se integraría en un patrimonio marítimo más amplio. Las regiones quedarían encargadas de organizar el acceso a los recursos y a las zonas marinas. En la rocosa costa mediterránea la base para la gestión regional de los recursos y de los territorios costeros consistiría en un mosaico constituido por los planes de gestión de las prud’homies combinado con numerosas AMP de pequeñas dimensiones.

La primera hipótesis de expansión del sector pesquero da prioridad a la demanda general de productos pesqueros en Europa y aspira a mantener el abastecimiento a toda costa, mediante las importaciones, el aumento de capturas facilitado por nuevos acuerdos pesqueros y la liberalización del comercio.

La segunda hipótesis, “ecologista”, da el máximo protagonismo a la información al comprador. El consumidor debe saber si el producto que compra es respetuoso o no con el medio ambiente, con iniciativas como los regímenes de certificación y de ecoetiquetado y las campañas de concienciación de pescaderos, mayoristas, distribuidores y restauradores.

La tercera hipótesis, de mercado, plantea regiones marítimas que diferencian y valorizan sus productos de acuerdo con su respectiva especialización, insistiendo en la calidad y el respeto por el medio ambiente. De esta manera los productos procedentes de zonas de pesca con una gestión sostenible podrían ocupar un lugar privilegiado en el mercado.

Podría establecerse una red internacional de grandes empresas con orientación ecologista. Como alternativa se crearían redes más pequeñas adaptadas a las especializaciones regionales, como por ejemplo en el Mediterráneo, donde ya existen sistemas de venta directa de productos pesqueros.

Redes laborales

Las redes laborales constituyen un tema significativo: ¿Deben reforzarse facilitando la libre circulación de trabajadores entre los países de la UE y más información sobre las profesiones de la pesca? Se impone concienciar al público a través de los medios de comunicación, con módulos formativos específicos para cada región.

Cada modelo de desarrollo tiene sus inconvenientes potenciales. En el primero, el carácter multinacional de las operaciones de las empresas y de su financiación podría agotar los fondos europeos y desviar riqueza a países terceros.

En el modelo ecologista, dar prioridad a un único grupo de usuarios, sin prever las repercusiones socioeconómicas de mayor escala sería contraproducente. Por ejemplo, la prohibición del uso de pequeñas redes de deriva para el atún en el Mediterráneo podría tener graves consecuencias si, para compensar, aumentase la captura de otras especies de bajura.

En el contexto de la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común de la UE, resulta tentador mezclar los distintos modelos. Por ejemplo, una asignación de derechos para la flota industrial de altura y una asignación para el sector de bajura compartida entre las regiones y los ecologistas. Abrir el sector pesquero a un modelo de desarrollo marcadamente capitalista que quebranta límites territoriales y que fomenta el deterioro los recursos y el aumento de la demanda supondría dejar la pesca artesanal al margen. Sea como sea, como cualquier ecosistema supone interacción entre todos los animales que lo componen, del plancton a los peces, una segmentación espacial carece de justificación ecológica, ya que las especies de altura dependen de la gestión de las aguas de bajura, y las especies bentónicas dependen a su vez de los pequeños pelágicos.

El movimiento ecologista intenta minusvalorar las condiciones necesarias para conseguir unas pesquerías artesanales variadas y rentables, basadas en un amplio abanico de especies y productos. El sector artesanal se ve forzado de esta manera a negociar paso a paso las condiciones para su supervivencia.

El establecimiento de regiones marítimas especializadas en Europa debería aspirar a integrar una gran parte de la pesca artesanal en formas de gestión colectiva como las prud’homies. Movilizar a las organizaciones profesionales y a la sociedad civil local en torno a un objetivo común que proteja su especificidad medioambiental redunda en beneficio de la población y de su estructura social, económica, medioambiental y política.