Los servicios legales en América Latina

En América Latina, los servicios legales nacieron en el contexto del fin de los años 70 y principios de los 80, como una reacción frente a la dictadura. Forman parte del proceso más amplio de desarrollo de las ONG, creadas para actuar en el campo de la educación popular y del servicio social, con vistas a dar una respuesta a problemas no resueltos por el Estado; éstas tuvieron una gran importancia en el desarrollo social de la región.

La expresión "práctica alternativa del derecho", que aparece a menudo en el marco de este movimiento, no fue inventada por nadie: tal vez su origen se sitúa en Italia (uso alternativo del derecho), pero los grupos nunca tuvieron la idea de adherir a un concepto fijo. Este término refleja más bien la existencia previa de prácticas, que han demostrado la posibilidad de abordar el derecho de una manera distinta de la usual; es decir, tener una relación con el derecho diferente de la relación que mantiene el abogado tradicional. La cuestión fundamental es: puesto que el derecho no satisface las necesidades de la población, por incapacidad propia y de los abogados; ¿cómo resolver la separación creciente entre la sociedad real y la sociedad legal?; ¿cómo recuperar la vocación de compromiso social de los abogados?; ¿qué métodología debe emplearse en el trabajo popular?

La vida y la historia de los servicios legales muestran que las etapas que atravesaron, implicaron una evolución en sus roles y actividades. Estas etapas y roles han sido los siguientes:

1)Fase de explicación del derecho y de divulgación jurídica: reacción frente a los derechos insatisfechos de la población, trabajo principalmente pedagógico.

2)Fase de organización de los programas legales: cuestionamiento del rol tradicional del abogado. Los servicios legales "alternativos" ayudan en las actividades de capacitación y de organización de la comunidad; le dan una participación activa en su propia defensa. La metodología del trabajo educativo se precisa, y sus instrumentos serán el teatro jurídico, la radio, las cartillas de educación jurídica popular, las fotonovelas, los historietas y un conjunto de socio-dramas populares.

3)Fase de participación de la comunidad en sus propias luchas jurídicas: los servicios deben poder tomar a cargo la "colectivización de un problema jurídico", evitando aislar el caso individual para tratar el problema que afecta a la comunidad en su totalidad. Es también la fase de organización de la comunidad en la lucha por el poder local, la democratización de los barrios, la formulación de proposiciones para el gobierno local.

4)Hoy, una pregunta permanece sin respuesta: ¿cómo lograr que el servicio legal se convierta en un agente de transformación social? En la actualidad, ya no se trata de luchar contra el Estado, sino de construir un Estado democrático, una democracia verdaderamente participativa. Luego de años de oposición y de rechazo, este rol es el más difícil. También es necesario saber resistir al poder, puesto que las sociedades mantienen su dominación invitando a las personas más capaces a integrarse al círculo del poder, donde éstos se disuelven.

En la perspectiva actual, se plantean preguntas y desafíos:

- ¿cómo democratizar el Estado y potenciar la sociedad civil?

- ¿cómo lograr que la comunidad se convierta en un "sujeto de soberanía", que vota y participa, y deje de ser únicamente un "sujeto de ciudadanía", que solamente vota?

- ¿cómo devolver a los sectores populares su papel protagónico, después de haber sido marginados en el momento de la reconstrucción de la democracia?

- ¿cómo contribuir en la creación de un nuevo modelo social, en estos tiempos de "desajuste" estructural entre los derechos humanos y el desarrollo?

Diversas tareas quedan todavía en suspenso para los servicios legales: la sistematización de experiencias y el uso de la información al servicio del trabajo popular; la concertación y definición de alianzas estrtégicas con los otros actores del desarrollo, sin olvidar los nuevos movimientos sociales; la participación en la creación de una nueva ley social, en la cual la comunidad pueda ser un sujeto propositivo. (Versión francesa de esta ficha: MFN 2176)