09 / 2003
Colombia es un país de Sudamérica cuya posición geográfica es privilegiada:cuenta con dos mares, variado clima y mucha riqueza en flora y fauna. Pero también se reconoce por los altos índices de violencia, las acciones en contra de los derechos humanos y especialmente por las violaciones cotidianas a los derechos de la niñez.
Bogotá, su capital, se encuentra dividida en 20 localidades. Sólo unas pocas albergan pobladores con altos ingresos y privilegios sociales, como Usaquén, situada al norte de la ciudad. Pero paralelamente, allí también hay numerosas familias que no cuentan con condiciones para llevar una vida digna. Estas familias trabajan por lo general alrededor una zona de explotación de minerales (mejor conocida como cantera) que se encuentra en la localidad. En ese trabajo de las canteras laboran muchos niños, sin que se reconozcan sus derechos.
Por esa razón, hace más de 20 años se creó una organización comunitaria para la protección de los derechos de los menores en esta localidad, que hoy se conoce como Coordinadora de defensa de los niños y las niñas. Este colectivo surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer programas de apoyo y atención a la niñez, en un momento en que el Estado no hacía ningún tipo de intervención en barrios que no estuvieran legalizados.
Con el paso del tiempo, los barrios populares conformados en las montañas de la localidad de Usaquén se legalizaron y poco a poco pudieron contar con una mínima asistencia y colaboración de las instituciones gubernamentales que actuaban en la zona. Mientras tanto, la Coordinadora desarrollaba estrategias comunitarias de protagonismo infantil, logrando su reconocimiento como sujetos sociales de derecho e impulsando programas de apoyo infantiles y juveniles.
Su estrategia consistía en crear varios frentes de atención de acuerdo con rangos de edad de los menores atendidos. Se ofrecía un programa dirigido a menores de edades entre 3 y 5 años, llamado hogar infantil; un programa orientado a niños y niñas de entre 7 y 12 años, denominado escuela formal, y una acción destinada a adolescentes de edades entre los 12 y los 18 años, que recibió el nombre de Programa Jóvenes. Además, los niños y niñas que tenían cobertura en esta propuesta poseían varias dificultades que debían tratarse:eran trabajadores y padecían altos índices de maltrato infantil y sexual y serias condiciones de desplazamiento interno.
Las estrategias se fueron dando a conocer y se fue ampliando la cobertura, para involucrar a toda la comunidad. Entonces la Coordinadora decidió impulsar el trabajo comunitario, realizar talleres dirigidos a madres (con perspectiva de género), desarrollar dinámicas que cubrieran otros grupos poblacionales, como los adultos mayores, y detenerse más en la investigación sobre el contexto.
El proyecto comenzó con 16 asociaciones, de las que se consolidaron tres, que continúan de manera sólida trabajando por y para crear conciencia en la comunidad sobre la necesidad de reconocer y defender los derechos de la niñez y de que niñas y niños participen directamente en el proceso.
Los aciertos de esta experiencia se relacionan con entender y comprender que la problemática infantil es parte de los derechos económicos, culturales y sociales, con interpretar la situación de los menores como resultado directo del contexto en el que se desenvuelven y con que la comunidad participa y accede a espacios estatales que defienden los derechos de los niños y las niñas. Otra ganancia de la experiencia es el rescate del sentido de comunidad y el reconocimiento de la importancia de su accionar con las ONG. Solo si estas organizaciones cuentan con una comunidad activa que de vía libre a sus propuestas, estas pueden tener impactos significativos. También puede catalogarse como un gran acierto que el 85% de quienes integran el grupo se compone de actores directos e indirectos y además protagonistas activos del proceso.
Las dificultades se relacionan con la estigmatización del sector y con la intervención en un espacio donde muchos de sus habitantes pertenecen a otro estrato social. Si a ello se suman limitaciones para sostener el proyecto, podría pensarse que no es factible poner en práctica acciones de este tipo en ese sector. No obstante, el empeño de quienes conforman el colectivo demuestra lo contrario, pues mientras defienden los derechos de los menores de bajos recursos, han logrado transformar positivamente su nivel de vida.
Ficha realizada en el evento "Colombia insiste en los Derechos Humanos", Bogotá, Colombia, 9, 10, 11 septiembre de 2003.
Entrevista con por razones de seguridad, el entrevistador solicitó que su nombre no se hiciera público.
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