Paso restringido a los pactos incumplidos:marcha pacífica en el sur de Colombia

En la mañana del lunes primero de noviembre de 1999, la Carretera Panamericana, principal vía de transporte de carga y pasajeros que atraviesa a Colombia de sur a norte, fue bloqueada a la altura de la población de El Cairo (asentamiento del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca) por cerca de 40 mil personas entre las que había campesinos, comunidades negras e indígenas, y de la población de Galíndez (asentamiento del municipio de Patía, también en el departamento del Cauca), por otras 40 mil. Estos miles de habitantes bloquearon el paso a Popayán, capital del departamento, importante centro de acopio agrícola del sur del país y paso obligado de las mercancías de todo tipo que abastecen desde el sur al resto de la nación. La carretera permaneció bloqueada durante 26 días, con lo que se creó una situación de caos en gran parte del territorio nacional.

La motivación de este bloqueo fue el cansancio de las comunidades campesinas, indígenas y negras por el abandono del Estado a sus regiones, la situación de pobreza de la comunidad y el incumplimiento de los gobiernos con respecto a los diferentes planes y acuerdos de desarrollo pactados con ellas. En esas ocasiones se habían realizado diferentes pactos con el gobierno, en los que se destinaban partidas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad por medio de redes de electrificación, alcantarillado, mejoramiento de los puestos de salud y mejoramiento de la educación en las poblaciones rurales de cerca de 26 municipios de los departamentos de Cauca y Nariño.

El pacto más reciente se había firmado en el año de 1996 durante el gobierno de Ernesto Samper. Sin embargo, los compromisos adquiridos nunca se cumplieron. Después de insistir en la materialización de los pactos por todas las vías diplomáticas y de no obtener ningún resultado, la población, organizada en movimientos sociales, decidió unir esfuerzos y realizar una marcha pacifica cuyo objetivo seria bloquear la Carretera Panamericana, con la esperanza de que el gobierno los tomara en serio esta vez y cumpliera los compromisos.

Antes de iniciar la travesía, los diferentes movimientos hicieron una labor de concientización y de organización de la comunidad y definieron los participantes en la marcha y las funciones que desempeñaría cada equipo. Planearon el abastecimiento de víveres y alojamiento, el desplazamiento de las comunidades que estaban mas apartadas y la seguridad de los participantes.

Felipe Pérez*, perteneciente al Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), comenta:"la zona del Cauca y Nariño es de alta influencia guerrillera, tanto de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como del ELN (Ejercito de Liberación Nacional). Sin embargo, la comunidad se ha encargado de mantenerlos al margen de su vida social. Cuando estábamos organizando la marcha tuvimos especial cuidado en evitar que estos grupos se filtraran entre quienes protestaban y aunque no podemos asegurar la absoluta ausencia de ellos si podemos decir que tuvieron la menor injerencia posible." Así, el primero de noviembre comenzó el bloqueo de la vía en los dos puntos antes citados.

Una vez establecidos en la carretera, exigieron la presencia de una comisión gubernamental para negociar acuerdos sobre su pliego de peticiones. La respuesta del Estado se conoció dos días después cuando la Fuerza Pública (Policía) irrumpió con su cuerpo Antimotines, lanzando gases lacrimógenos y "bolillazos"** contra los manifestantes, con el fin de disolver la protesta.

"El enfrentamiento fue duro, lastimaron a varios compañeros, hubo algunos intoxicados por los gases y otros quedaron retenidos. Nosotros también retuvimos varios policías y les quitamos los bolillos y los escudos, lo que nos dio más fortaleza para negociar. El comandante de la policía decía que nunca antes en una manifestación le habían retenido a los agentes." Comenta Felipe. Después de esto no hubo más agresiones físicas. Pero dos días después, a unos pocos kilómetros del asentamiento, se estableció un puesto de vigilancia del Ejército y la Policía, que hacia presencia constante en el sector y que ejerció una fuerte presión psicológica sobre los manifestantes.

Los manifestantes tenían previsto bloquear la vía por unos pocos días, tres o cuatro máximo, pero después de la respuesta del gobierno cambiaron de parecer y decidieron quedarse hasta que se les escuchara y se les ofrecieran soluciones reales. En vista de esto, el presidente de la República se presentó en la zona ocho días después de iniciado el bloqueo. En conjunto con los representantes de los manifestantes se estableció una mesa de negociación en la ciudad de Popayán, donde se negoció el pliego de peticiones, que consistía en establecer nuevas partidas para desarrollar los proyectos acordados en 1996. El bloqueo se mantuvo durante la negociación. Finalmente, el 26 de noviembre de 1999 se firmó el documento final, en el que el gobierno nacional se comprometía a otorgar unos fondos para el desarrollo de los proyectos.

Estos nuevos convenios tampoco se han cumplido a cabalidad y con la entrada del nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se archivaron uno tras otro. Según Uribe Vélez, como estos compromisos no se hicieron bajo su administración, él no se siente obligado a cumplirlos. Por esta razón, se está planeando de nuevo una movilización de características similares a la anterior.

A pesar de que no se han cumplido completamente los pactos, Felipe dice que esta experiencia fue de mucha utilidad para unir más a la comunidad y para poner en marcha otros proyectos que han redundado en el desarrollo y progreso de la zona. Igualmente, continúa la labor de fortalecimiento organizativo y de concientización para un cambio en las políticas de desarrollo estatales y regionales. Además, se está generando una propuesta de paz que integre cultural y territorialmente a las comunidades.