Defensores de derechos humanos en Colombia

el persistente conflicto social y armado colombiano es el escenario perfecto para la violación de derechos humanos, con sus componentes de desplazamiento, tortura, masacres y secuestros. La población civil ha sido la más afectada por el hecho de estar en los territorios que los actores armados pretenden conquistar o defender, sin importar el precio de sus propósitos.

Por su magnitud y complejidad, el desplazamiento encarna la violación de la integralidad de los derechos humanos. Se constituye en un atentado a la dignidad humana y en una de las infracciones más graves al Derecho Internacional Humanitario, así como a los pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para tratar esta problemática, el gobierno ha sido incompetente en la formulación de políticas eficientes y prevalecen el asistencialismo en lugar de la prevención y protección adecuada de la población en riesgo de desplazamiento, así como las deficiencias en la asistencia en situación de desplazamiento.

En vista de la ausencia de un ente especializado en la defensa de los derechos humanos de la población de Santander y Norte de Santander, dos departamentos colombianos, un grupo de cuatro personas especializadas en el área del derecho decide unirse y comenzar la ardua y peligrosa labor de ser defensoras de los derechos humanos. Su constante violación hizo evidente la necesidad de defender a la población civil.

El grupo se llama Corporación Colectivo de Abogados « Luis Carlos Pérez » en recuerdo de un exmagistrado especializado en derecho penal, pero sobre todo dedicado a la defensa de presos políticos, desde el ejercicio del derecho penal. La corporación tiene como principal objetivo acercar el ejercicio del derecho a las comunidades y potenciar la organización en las regiones y en el ámbito nacional.

El primer paso fue instalar un consultorio popular, al que las personas acudían para que algún abogado las asesorara en su caso. Todo comenzó con recursos propios y trabajo voluntario y luego, con el reconocimiento y confianza de la comunidad y de organizaciones que trabajaban en la región, se inician convenios interinstitucionales que permiten trabajar en llave y buscar formas de financiación.

Las áreas del trabajo del colectivo tuvieron como eje transversal la educación, el fortalecimiento organizativo, el área jurídica que se divide en asesoría, acompañamiento y representación legal en caso de violación a los derechos humanos. Cuando existe la violación a los derechos humanos se entablan acciones de tutela (mecanismo constitucional que puede usar cualquier ciudadano cuando se viola algún derecho fundamental), acciones populares, en las que se redactan los hechos, se toman fotografías como pruebas y lo más importante, se forma a la comunidad en cómo impulsar este tipo de acciones. En la representación legal se toma el poder como abogado y se asumen las demandas en contra del Estado.

Para las personas que trabajan en la Corporación, el espacio ganado toma vigencia en la medida en que cuentan con el apoyo de la comunidad y que logran apoyar actividades políticas y de las organizaciones sindicales y sociales. La problemática que implica más trabajo es la defensa de los derechos humanos, particularmente en situaciones de desplazamiento. El año pasado, en el municipio de Barrancabermeja, Santander, adonde llegaron más de 30 mil personas desplazadas, se realizó acompañamiento y asesoría a esas personas; lo mismo sucedió en Cúcuta, capital de Norte de Santander, ciudad que recibe un gran número de desplazados provenientes del Catatumbo (zona caracterizada por la producción de coca y amapola).

Debido a la persecución creciente a los defensores de derechos humanos a partir de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, ha sido necesario trabajar también otros aspectos del derecho. En ese sentido, se realizo un evento de derecho penal constitucional en el año de 2002, en el que participaron 200 miembros de la Fiscalía, académicos e intelectuales, entre otras organizaciones dedicadas al Derecho. Otro evento realizado en este año fue el de justicia y administración de justicia, en el que igualmente participaron organizaciones sociales, estudiantes y académicos. También, con el fin de buscar seguridad en su objeto social, se ha logrado trabajar conjuntamente con organizaciones de derechos humanos a nivel regional y nacional. Eso permite apoyarse mutuamente y contrarrestar un poco la persecución a sus miembros.

El colectivo ha logrado, además de un reconocimiento nacional, acompañar y asesorar a ocho organizaciones de desplazados y llevar acciones judiciales de protección a la salud, la vivienda y la educación, con lo que se logró un retorno voluntario. En el municipio de Ocaña se realizó un acompañamiento jurídico a campesinos y se explicaron los instrumentos con que cuentan y la forma de utilizar las acciones. También se involucró a la comunidad para que fuera esta misma quien realizara encuestas de la situación de violación de derechos humanos y llevara registros fotográficos. Actualmente en Barrancabermeja y en el valle del rió Cimitarra se está apoyando la resistencia frente el desplazamiento, ya que los actores armados están presionando a la comunidad para que salga del lugar.