Desalojos en Montevideo

El contexto.

En 1989, el mercado libre de vivienda en renta no podía satisfacer las necesidades habitacionales de los uruguayos con bajos ingresos. El sistema impuesto por el régimen dictatorial a través de la ley Soneira y adoptado por la administración del presidente Sanguinetti, no solucionaba el grave problema que vivían cotidianamente los pobladores.

A esta situación se sumaron los desalojos y las amenazas de desalojo en la "Ciudad Vieja" en el centro de Montevideo. Allí, antiguos hoteles desocupados pertenecientes al patrimonio histórico habían sido ocupados ilegalmente por familias que no podían pagar alquileres del mercado libre.

Entre febrero y julio de 1989, 236 familias fueron desalojadas de antiguos hoteles (22 del hotel Juncal, 49 del Colón, 126 del Alhambra, 12 del Maciel, 16 del Guaraní y 11 del Normandie). Desde 1987, se han realizado un promedio de 1 000 desalojos por mes : casi 60 000 familias fueron desalojadas en 5 años, lo que equivale a unas 200 000 personas.

Los desalojos forman parte de políticas de rehabilitación del Centro Histórico de Montevideo y otros barrios y oficialmente fueron justificados por la preservación y la destinación para otros usos, con el pretexto de que los edificios se deteriorían al estar ocupados por personas sin recursos.

Una vez desocupados, los edificios vacíos fueron clausurados. Hasta 1992 ne se ha hecho nada respecto a ellos. Aunque se trata de propiedades de gran valor, los edificios siguen estando vacíos desde entonces, o sea 3 años y medio después.

Los actores involucrados en el proceso y sus papeles.

Los edificios en que se realizaron los desalojos pertenecen a propietarios privados. Ellos se respaldaron en la ley para desalojar los ocupantes ilegales quienes no pagaban renta ni tenían ningún contrato con los dueños.

Con medidas intimidatorias, las autoridades trataron de obligar a los pobladores a salir. En todos los casos las contrapartes negociaron. Al principio, la resistencia de los desalojados fue respondida por parte de la policía y el poder judicial con violencia.

Después de los primeros desalojos, los desalojados se organizaron en una coordinadora que contó con asesoramiento técnico de una despacho privado y de la Universidad. Los resultados fueron relativamente exitosos pues se logró la reubicación de algunas familias.

Se planteó el derecho a la vivienda que figura en el Artículo 45 de la Constitución Nacional Uruguaya pero no se mencionó a la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de marzo de 1991 la cual condenó unánimamente los desalojos forzosos como violaciones a los derechos humanos. Es de notar que la resolución fue ratificada por representantes de 53 gobiernos.

Dos abogados integrantes del equipo multidisciplinario de asesoramiento brindaron apoyo técnico a la coordinadora.

Los pobladores afectados demandan un terreno y un techo para vivir y una solución provisional hasta construir una vivienda por ayuda mutua o por autoconstrucción, pagando esa vivienda al gobierno.

Reacciones y actitud de los diferentes sectores

La Prensa, la radio y la televisión cubrieron todos los acontecimientos relacionados con estos desalojos.

La Comisión Especial sobre Arrendamientos Urbanos de la Cámara de Diputados se mantuvo en sesión permanente. En junio de 1989, la Comisión citó al Ministro de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento para llamar la atención del Poder Ejecutivo hacia el drama que afecta a los pobladores. Las exposiciones de ambas autoridades dejaron claro que el gobierno no podía encontrar solución para la situación.

Los desalojados recibieron apoyo de los partidos de izquierda unidos en el Frente Amplio representados tanto en la Cámara legislativa nacional como en las departamentales.

Alternativas propuestas.

La propuesta de un diputado de la izquierda fue utilizar una casa amplia y deshabitada del Instituto Nacional del Menor en la Ciudad Vieja transitoriamente, para los desalojados de uno de los hoteles. Para no desarraigar a quienes tienen su fuente de trabajo en la zona y que de ser trasladados, como propuso un representante del Ejecutivo, no solo quedarían en una situación de precariedad absoluta sino además se verían alejados de sus lugares de trabajo.

La propuesta del Gobierno fue la de trasladar los desalojados a lejanos asentamientos en la periferia de la ciudad. En estos casos no hubo compensación, sino solamente viviendas nuevas subsidiadas conocidas como núcleos básicos.

Ahora, la mayoría de los pobladores desalojados se encuentra viviendo en los núcleos básicos. Por falta de otra alternativa, muchos tuvieron que aceptar esta solución. Algunas familias abandonaron los núcleos básicos y regresaron al centro. Aúnque les afecta la distancia al centro dónde muchos trabajan, otras familias piensan que estan mejor pues su solución es estable y barata.