Propuestas para construir una verdadera participación social en la gestion pública municipal y el ejercicio del poder local -2-

Desde las nuevas experiencias de ejercicio democrático del gobierno municipal.

Estas nuevas prácticas del ejercicio del poder municipal muestran el reto de una perspectiva de transformación democrática del ejercicio y aparato de gobierno, así como también de la propia sociedad y las relaciones sociales desde el ámbito de la vida cotidiana. Estas experiencias demuestran que es en el nivel local donde se han podido concretar en forma más exitosa el ejercicio de una democracia participativa y de una ciudadanía activa.

Estas prácticas aleccionadoras han sido fruto de una larga experiencia de las organizaciones populares en la construcción de una pedagogía de la participación desde la gestión comunitaria y más recientemente desde el ejercicio de gobierno municipal y, a la vez, son procesos pedagógicos para que las organizaciones sociales y ciudadanas transiten a un efectivo poder local con una presencia propias dentro del ámbito del Estado, de lo público.

A continuación, puntualizamos los principales elementos surgidos de varias experiencias que han intentado radicar la democracia en sus municipios, y que constituyen puntales para fortalecer la participación social desde un ejercicio de gobierno democrático.

Democracia participativa y efectiva, basada en: elecciones legítimas de las diversas instancias de gestión pública (ayuntamiento, representantes populares, autoridades auxiliares e instancias ciudadanas) la descentralización del poder público, tanto a lo interno del propio ayuntamiento (promoviendo verdaderos cabildos como espacios colectivos con división de poderes a lo interno, recuperando las funciones legislativas que todo nivel de gobierno debe tener), como hacia los demás órganos de gobierno (comisiones, autoridades auxiliares), de administración (direcciones, funcionarios) e instancias de gestión y acción territorial y sectorial de la ciudadanía organizada, otorgándoles mayor autonomía, recursos y capacidad de acción y decisión; la conformación de nuevas relaciones sociales, allegando el poder público a la vida cotidiana de la población, haciéndolo más accesible a su intervención; la transformación democrática del aparato de gobierno, basada en una nueva ética del ejercicio del poder público, en una administración de puertas abiertas, con mayor información y una comunicación de cara al pueblo, con transparencia, eficiencia y eficacia en sus decisiones y acciones.

Institucionalización de un sistema local de participación, como base de un proceso de planeación y gestión participativa de la acción de la sociedad y del gobierno para el presente y el futuro, sustentado en leyes y reglamentos precisos, integrado por una red de organizaciones representativas de la población a nivel de unidades territoriales conformadas tanto por organizaciones territoriales como sectoriales; promoviendo procesos de organización y participación con una actitud crítica, corresponsable, solidaria y transformadora. Este es un elemento fundamental para la recuperación y reconstitución del ámbito público donde los conflictos entre los diversos actores permitirían un espacio pedagógico inigualable para el ejercicio democrático del poder.

Planeación participativa, que genere procesos de reflexión colectiva entre población y autoridades, en una perspectiva de comprensión de la realidad global del municipio y su articulación regional y nacional, así como de visión y proyección de procesos de mediano y largo plazo, más que de atender o responder a demandas inmediatas y particulares. Planeación capaz de permitir la proyección del desarrollo a nivel local, sustentada por autodiagnósticos y evaluaciones permanentes y por mecanismos que articulen las políticas y planteamientos municipales con los estatales y nacionales.

Legislación amplia e incluyente, formulada por iniciativa social para que la observancia y el ejercicio de la misma por todos los actores sea indiscutible.

Protagonismo de la sociedad civil y ciudadanía activa, desarrollando el ejercicio pleno de todos los derechos por todos; fortaleciendo la construcción y consolidación de identidades sociales; e incrementando la capacidad de formulación de propuestas, de toma de decisiones y de manejo y vigilancia de lo público. Para ello es necesario llevar adelante procesos de formación de conciencia y corresponsabilidad ciudadana, más que profundizar una visión y una práctica de delegación del poder en las autoridades, fomentando actitudes paternalistas y populistas; es indispensable asumir la cogestión como práctica permanente; y, para ello es fundamental estimular y concretar la autoorganización de la sociedad local.

Control y vigilancia social, por el conjunto de actores, de los recursos e instituciones públicas.

Autonomía política y social local, sustentada en procesos de autogestión, autodeterminación y autogobierno acompañados de una descentralización económica, política y administrativa que los fortalezca; ampliando atribuciones y recursos al municipio para que se trransforme en verdadero agente del desarrollo local y regional y no sólo en administrador y prestador de servicios públicos; y, asignando progresivamente, y de manera clara y justa, mayores recursos a los municipios hasta alcanzar su autosuficiencia.

Desarrollo pleno e incluyente, entendido como mejoramiento real de las condiciones integrales de vida de todos los habitantes de un determinado territorio; desarrollo centrado en la gente, protegiendo la identidad, cultura y patrimonio de los pueblos, así como sus territorios, medio ambiente y recursos naturales; que garantice a toda la población, sin exclusiones de ningún orden, el acceso, disponibilidad y uso de los bienes y servicios producidos socialmente.

Formulación desde la sociedad de políticas públicas justas, como un salto cualitativo de los actores sociales al trascender su demanda sectorial o particular vinculándose a propuestas más globales, al transformar una actitud demandante en una capacidad de elaboración de propuestas de solución a sus demandas, al pasar de lo privado a lo público. Aquí el gran desafío es la constitución y articulación de la identidad y los intereses de los diversos actores sociales, reconociendo sus diferencias sociales y culturales, en torno a un proyecto común, que, a la vez que es un proceso de formación de identidades y sujetos socio-políticos, es plataforma programática que define el sentido y dirección del desarrollo y las políticas que lo implementan.

Construcción de un poder local democrático, asumido como servicio, entendido como responsabilidad designada y como ejercicio compartido y no concentrado de decisiones.

La concreción de todos estos planteamientos conlleva el poner sobre la mesa de debates de la Reforma del Estado y dentro de la reflexión colectiva del conjunto de actores sociales estas propuestas y formular alternativas más consensadas que dibujen y construyan un nuevo proyecto de nación.