ONGs y sectores académicos: ¿ riesgos o riquezas para el desarrollo rural ?

Para comprender los vínculos entre los dispersos sectores de la comunidad académica nacional y la aún incipiente evolución de la gestión de las organizaciones civiles, hay que revisar algunos acontecimientos al interior de las universidades públicas y tratar de explicar la reducida colaboración entre investigadores, activistas, funcionarios de las ONG’s, asesores de productores, y los mismos actores, sujetos del desarrollo rural o sojuzgados por el mismo.

En primer lugar, una caracterización de las condiciones de trabajo y las percepciones económicas al interior de los recintos académicos correspondientes a las universidades públicas durante el último lustro, necesariamente parte de la creación y ampliación de la base de los académicos favorecidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y del inicio de programas de estímulos económicos por la productividad académica en la mayoría de las universidades públicas. En el caso de la UAM, estos últimos programas involucran tres subprogramas distintos: la Beca a la Permanencia Académica, los Estímulos por la productividad académica, y la Beca de Apoyo a la Docencia. En resumen, estas iniciativas del gobierno federal via SEP y CONACYT, en el caso del SNI, y el conjunto de medidas de la UAM, como ejemplo institucional, son un factor significativo en un proceso de "desmovilización de facto" del sector académico ante los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo.

Pero ¿no es descabellado hablar de una desmovilización cuando no hay consenso si en primer lugar hubo lo contrario? He aquí el detalle en cuanto al debate sobre los distintos escenarios posibles para comprender la historia contemporánea, post 1968, de un conjunto de temas relacionados entre sí: la política federal de educación superior, las instancias de reproducción de las elites mexicanas, los mecanismos de ampliación de las mismas por medio de la meritocracia universitaria, la expansión de la oferta de las universidades públicas y el impresionante aumento del ingreso a las universidades privadas.

Hay elementos para tejer el siguiente argumento escueto: la rebelión estudiantil de 1968 marca un parteaguas en las políticas del Estado mexicano en materia de educación superior, y al tiempo se inicia la pauta de la expansión de la oferta profesional por parte de universidades privadas. El resultado, casi treinta años después, es un conjunto de políticas de control social que en efecto han construído filtros para mitigar la movilización de jovenes con conciencias criticas durante las múltiples carreras universitarias. No se trata de comprobar aquí alguna conspiración de las elites sociales y políticas del país en este rubro, pero los efectos sí son observables. Nuestro análisis es un simulacro de una serie de hipótesis imposibles de comprobar con rigor.

Un hecho palpable, de suma importancia, es una reducida fertilización entre sectores académicos que ahora forman e inspiran a pocos cuadros para las incipientes Organizaciones No Gubernamentales del país dedicadas a temas sociales y ambientales, de por sí un universo bastante restringido dentro de un país de más de 90 millones de habitantes. Inclusive, en la actual campaña para la sucesión en la UNAM, un candidato fustiga que "la Universidad se haya distanciado de la sociedad". ¿A qué se debe esta separación, aún no divorcio, entre el sector académico y las ONG’s? En pocas palabras, el conjunto de incentivos económicos al interior de las instituciones de enseñanza superior ha modificado el patrón de comportamiento de los académicos en relación a iniciativas sin valor en el tabulador del quehacer universitario.

Como los académicos nos ajustamos nuestros presupuestos a nuestros ingresos, apoyados por un modesto salario de base y suplementos en efectivo, transformados en parte integral del ingreso de cada quien, según dictámenes en función de la "productividad" del tabulador variable de cada institución. Se percibe el resultado en la existencia de una suerte de cripto-contabilidad de causa, donde se "calcula" el costo de oportunidad de dedicarse a las tareas académicas remuneradas, o se invierte el tiempo limitado en actividades solidarias relacionadas con organizaciones civiles. No es difícil imaginar el porqué de la merma significativa en las iniciativas de apoyo, asesoría técnica y aportación en especie para los proyectos de la diversidad de ONG’s.

Y esto transcurre en un escenario nacional que ahora exige a las ONG’s, por primera vez, quizás, una capacidad de gestión en las políticas públicas y un conocimiento de los criterios técnicos vinculados con el seguimiento y monitoreo de las mismas. Y dada la ausencia de los apoyos de antaño por parte del actual sector académico, es menester que las ONG’s redoblan los esfuerzos para capacitarse en función de los nuevos derechos, deberes y obligaciones que la coyuntura permite. Partiendo de la creciente e indiscutible importancia de las ONG’s cuyos objetivos abarcan los derechos humanos, el desarrollo rural y la sustentabilidad ambiental, es urgente definir programas de capacitación en políticas públicas para elevar el nivel técnico de los cuadros integrantes de las mismas organizaciones. Este acuerdo puede ser uno de los productos de este taller y discusión.

Si esta caracterización de la coyuntura tiene sentido, es urgente elaborar un sistema de capacitación en políticas públicas, y al tiempo, reconstruir los incentivos para atraer la asesoría de elementos de la comunidad de investigadores universitarios cuyos esfuerzos, se supone, les mantienen cerca de las vanguardias de sus respectivas disciplinas, y así pertinentes al reto técnico-científico del desarrollo sustentable. Se ubica un punto de convergencia de estas dos iniciativas cuando una ONG adopta para su seguimiento y monitoreo un proyecto de préstamo o cooperación de cualquier agencia multilateral, por ejemplo, Banco Mundial, BID, PNUD, UNICEF, PNUMA, etc. Sugiero que el propio proceso de fiscalización de los proyectos multilaterales abarca dimensiones metodológicas, jurídicas y comunicativas que puede favorecer el fortalecimiento de la capacidad de las ONGs para influir en las diversas políticas públicas.

No considero imperativo dibujar un plan de trabajo en relación a la fiscalización de los proyectos multilaterales. Cada ONG puede determinar su compromiso según el amplio menú de programas de préstamos para obra social y servicios públicos más los múltiples programas de cooperación internacional que operan en el país. A cada organización le toca juzgar la conveniencia de promover su nivel de gestión en las políticas públicas, con o sin asesores vinculados con el sector académico y los logros técnico-científicos de nuestra época. El no definir una política de cada ONG en este rubro sencillamente amenaza la capacidad de gestión de las propias organizaciones en un momento histórico de transformación de las instancias corporativas de la sociedad nacional.