Carta de la Ciudad de México: el derecho a construir la ciudad que soñamos

Con más de 20 millones de habitantes, la Zona Metropolitana del Valle de México (1) es una de las regiones más pobladas del planeta y núcleo económico, político, religioso, histórico y cultural fundamental para el país. Las calles y plazas de lo que fue hace más de cinco siglos la gran Tenochtitlán, han sido testigos de las más importantes manifestaciones del pueblo mexicano. Celebraciones, eventos, protestas y movilizaciones populares dan cuenta de un enorme carácter colectivo que ha sacado a la luz demandas y propuestas para una mayor participación democrática y el reconocimiento, respeto y plena realización de los derechos humanos de sus habitantes.

Es indudable que cada vez más las políticas públicas en la ciudad retoman explícitamente los aportes ciudadanos y las luchas sociales, a los que se debe en gran medida, según coinciden analistas y líderes barriales, el fortalecimiento de los procesos de participación y el propio gobierno democrático. En la actualidad, en la Ciudad de México están presentes impulsos de reforma política y cambio de estatus legal que permitan seguir avanzando en este camino, tanto para defender los derechos de los habitantes como para fortalecer al gobierno local, las delegaciones –como entidades autónomas corresponsables– y aumentar las capacidades de coordinación metropolitana.

Ciertamente inspirada en el debate internacional y los documentos locales ya desarrollados y en implementación, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad tiene sin embargo características que la hacen única a nivel mundial, tanto en el proceso de su elaboración y promoción como en sus contenidos y propuestas (2). Surgida desde diversas organizaciones sociales y civiles, la iniciativa fue formalmente puesta en consideración del Gobierno del Distrito Federal (GDF) desde inicios de 2007. Apenas un año más tarde se conformó un Grupo Promotor de la Carta, integrado en un inicio por representantes de organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND), la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del GDF, la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quienes acordaron la incorporación del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) y de la Procuraduría Social del Distrito Federal (PROSOC).

Desde entonces se ha organizado una serie de eventos públicos de promoción, articulación e intercambio (también en otras ciudades del país), incluyendo una Carpa sobre Derecho a la Ciudad y al Hábitat en el marco del Foro Social Mundial-México llevado a cabo en enero de 2008 en el Zócalo de esta capital. Por su parte, en el evento de arranque oficial del proceso en julio de ese año, frente a una audiencia de unas doscientas personas y en presencia de varios medios de comunicación locales y nacionales, el Jefe de Gobierno enfatizó que este esfuerzo “va a tener muchas consecuencias positivas para el futuro de la ciudad” y se comprometió a escuchar las propuestas e invitar a la Asamblea Legislativa a construir “un instrumento jurídico que establecerá obligaciones, políticas públicas y nuevas formas de gestión”.

Más adelante, en diciembre de ese mismo año, se realizó un Foro que convocó a miembros de organizaciones civiles y sociales, académicos, profesionales, funcionarios y otros actores para recoger sus aportaciones dentro de los seis fundamentos estratégicos que articulan los contenidos de la Carta. Unos pocos días después se realizaron entrevistas y se recogieron opiniones e imágenes del público general asistente a la Feria de Derechos Humanos que cada año organiza la CDHDF, incluyendo una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes.

Durante 2008 y 2009, el Comité Promotor de la Carta realizó más de 35 reuniones de coordinación, discusión, sistematización y redacción de los contenidos de la Carta, así como de seguimiento y evaluación del proceso. En ese marco se han producido materiales sustantivos de debate y difusión (hasta el momento ya se cuenta con folleto, blog, tríptico y video pensados específicamente para alimentar y animar este proceso). Sus miembros han participado además en conferencias, cursos, talleres, programas de radio y entrevistas en diversos ámbitos para socializar el tema, provocar la reflexión y recoger críticas y aportaciones a la Carta. Acordada su estructura general, y sistematizadas e incorporadas estas aportaciones, por supuesto salieron a la luz temas ausentes o a los que les faltaba desarrollo. Se consultó entonces el Diagnóstico y los que entonces eran avances del Programa de Derechos Humanos (3) y al mismo tiempo se incorporaron a la Carta algunas propuestas formuladas dentro del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México, entidad ciudadana que asesora la formulación del programa sexenal sobre ese tema.

Alrededor de 3 mil personas han participado hasta el momento en al menos una de estas actividades que forman parte de un esfuerzo por dar a conocer ampliamente la iniciativa y sobre todo convocar a la ciudadanía, incorporarla al debate y fortalecerla con la adhesión activa de organizaciones barriales, colectivos juveniles, sindicatos, profesionales y público en general.

Fruto de este amplio proceso se cuenta ahora con un Proyecto de Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad que desde inicios del mes de septiembre de 2009 se ha puesto en consideración del Jefe de Gobierno y de todas las personas interesadas. Hasta enero 2010 se han recibido contribuciones para enriquecer y precisar sus contenidos, y luego poder proceder a su firma y por supuesto a la definición y puesta en marcha de la estrategia para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

Según se explicita en su Preámbulo, la formulación de esta Carta tiene como objetivos específicos contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable; impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable; la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares. En otras palabras, se cree que el derecho a la ciudad puede coadyuvar a ser factor de fortalecimiento social, económico, democrático y político de la población, así como de ordenamiento y manejo territorial sustentables. En términos más amplios, sus promotores han acordado que este instrumento busca enfrentar las causas y manifestaciones profundas de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Explícitamente se plantea como respuesta social, contrapunto a la ciudad-mercancía y expresión del interés colectivo. Se trata sin duda de un abordaje complejo que exige articular la temática de los derechos humanos en su concepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) a la de la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa). Inspirada en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, define este derecho como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es por supuesto interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales) y tiene por lo tanto como sus principios rectores: libre determinación o autodeterminación; no discriminación, igualdad, equidad de género, equidad social, atención prioritaria a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, solidaridad y cooperación entre los pueblos, participación, transparencia y rendición de cuentas, corresponsabilidad y justicia distributiva.

Pero a diferencia de otros instrumentos vigentes, ha tomado como insumo fundamental además, los resultados y propuestas de la Primera Asamblea Mundial de Pobladores realizada en la Ciudad de México en octubre de 2000, en la que más de 300 delegados de organizaciones sociales de 35 países debatieron en torno a los ideales de una ciudad democrática, incluyente, sostenible, productiva, educadora y habitable (segura –en cuanto a protección contra desastres y violencia–, saludable, convivencial y culturalmente diversa).

Así, su contenido se estructura basándose en el cruce de esta ciudad que queremos y los siguientes fundamentos estratégicos:

• Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad. Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s mayores, mujeres y hombres) disfrutan y realizan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social.

• Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y las reglas para su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio.

• Gestión democrática de la ciudad. Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión hasta el más alto nivel de la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos.

• Producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias.

• Manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Una ciudad donde sus habitantes y autoridades garantizan una relación responsable con el medio ambiente de modo que posibilite una vida digna para individuos, comunidades o pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar áreas naturales, de reserva ecológica, otras ciudades ni a las futuras generaciones.

• Disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Una ciudad que fortalece la convivencia social, el rescate, la ampliación y mejoramiento del espacio público y su utilización para el encuentro, el ocio, la creatividad y la manifestación crítica de las ideas y posiciones políticas. Como puede verse, y también de manera distinta a la que hasta la fecha había prevalecido, la Carta concibe el derecho a la ciudad en un sentido amplio; no se limita a reivindicar los derechos humanos individuales con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sino que integra derechos y responsabilidades que los implican en la gestión, producción y desarrollo responsable de la Ciudad. Dentro de esta perspectiva, no se trata solamente de la construcción de condiciones para que todos y todas accedan a los bienes, servicios y oportunidades existentes en la ciudad, sin discriminación, sino de un planteamiento más radical de perfilar la ciudad que deseamos y queremos construir para las futuras generaciones.

Para poder avanzar en la concreción de cada uno de estos sueños/fundamentos, la Carta propone una serie de medidas de política pública y compromisos a asumir por parte de los diversos actores de la sociedad. Entre las primeras podemos destacar algunas muy relevantes que incluyen:

• Inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización, mediante la captación de rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública a favor de los programas sociales que garanticen el derecho al suelo y a la vivienda y estimulen la producción social del hábitat.

• Desarrollar mecanismos administrativos, financieros y de subsidio que permitan generar suelo asequible y suficiente para que los conjuntos autogestionarios generen espacios productivos (locales comerciales, invernaderos, etc.) y de convivencia social (culturales, deportivos, socioorganizativos).

• Reconocer el papel que cumple la economía “informal” en el combate a la exclusión social, otorgándole estatus legal y fiscal que considere los intereses legítimos de quienes la practican y evite su explotación por terceros.

• Capacitar y apoyar con recursos públicos y estímulos fiscales a las sociedades cooperativas y otros emprendimientos sociales que promuevan la economía popular y solidaria.

• Ubicar actividades productivas y servicios que generen trabajo para la comunidad en zonas habitacionales para disminuir traslados, riesgos y costos a la población e impactos negativos en la economía y la convivencia urbana.

• Preservar las áreas rurales productivas, las zonas de conservación y las áreas boscosas, fortaleciendo la capacidad productiva y económica de las comunidades y frenando la especulación orientada a cambiar los usos de suelo.

• Establecer normas que obliguen a medir el impacto ambiental, económico y social de los macroproyectos (previo a su realización) donde se tomen en cuenta las aportaciones de la sociedad civil y la academia.

• Evitar los procesos de desalojo y que, en caso de ser necesarios, se respeten los derechos humanos de los afectados de acuerdo a estándares e instrumentos internacionales: programas participativos de reubicación de habitantes de zonas y edificios de alto riesgo en áreas cercanas, en condiciones que sustituyan o compensen sus pérdidas patrimoniales y respetando sus redes sociales.

• Instrumentar acciones en apoyo a proyectos alternativos de educación y las escuelas que se forman en los asentamientos y barrios en la perspectiva de la educación popular.

• Aprovechar la experiencia de los adultos mayores (trabajadores, artesanos, maestros) en la capacitación de nuevas generaciones y en la formación de aprendices.

• Rescatar y fomentar el conocimiento y experiencia de los pueblos tradicionales que habitan en la ciudad en el manejo y preservación de los recursos naturales y culturales, así como las experiencias comunitarias y alternativas en temas de salud.

• Generar instrumentos y programas que apoyen el rescate del espacio público en sus aspectos funcionales (encuentro y conectividad), sociales (de cohesión comunitaria), culturales (simbólicos, patrimoniales, lúdicos y de convivencia) y políticos (de expresión política, reuniones, asociación y manifestación).

Respecto a los segundos, se detallan en la Carta los compromisos que deben asumir el Gobierno local, las Delegaciones, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los organismos públicos autónomos, las entidades educativas, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las personas en general. Entre otras acciones, se detallan algunas tales como:

• Reconocer legalmente el derecho a la ciudad;

• Presupuestar el máximo de recursos disponibles para superar progresivamente las condiciones que impiden el acceso equitativo a los bienes y servicios que la población requiere y que la ciudad ofrece;

• Proporcionar capacitación a funcionarios públicos en materia de derecho a la ciudad y los derechos humanos que incluye;

• Establecer indicadores para monitorear y evaluar la implementación del derecho a la ciudad;

• Promover esquemas de apoyo y coinversión para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de derecho a la ciudad;

• Dar seguimiento a la implementación del Programa de Derechos Humanos del D.F. desde la perspectiva del derecho a la ciudad;

• Propiciar la inclusión de los temas vinculados al derecho a la ciudad en los programas y actividades formativas, de investigación, vinculación y difusión de las universidades y otros centros de estudio;

• Difundir ampliamente los contenidos de esta Carta y las buenas prácticas que se deriven de su aplicación;

• Documentar casos de violaciones o incumplimiento de la progresividad;

• Promover conciencia y consensos sobre las responsabilidades que deben asumir l@s ciudadan@s para construir una ciudad para tod@s. Como derecho complejo, en un territorio altamente poblado, con fuertes presiones sobre las condiciones medioambientales y en un nodo de relevancia múltiple para el país, el derecho a la ciudad necesariamente debe proponer una visión que supere los enfoques especializados de las disciplinas, las prácticas profesionales y la estructura de la administración pública; así como la actitud individual y consumista prevaleciente en gran parte de sus habitantes.

A la vez, esta propuesta pone en el centro de la escena la urgencia de retomar la planeación territorial como una función pública, colectiva y participativa. Los derechos humanos y la democracia no son fenómenos abstractos; son atribuciones y procesos de ciertas personas en ciertos lugares. Tal como lo concebimos, el derecho a la ciudad puede y debe ser también una herramienta para territorializar los primeros y profundizar la segunda.

Pero también, y debemos decirlo fuerte y con todas sus letras, no habrá derecho a vivir dignamente en las ciudades sin el derecho a vivir dignamente en el campo. Desde hace décadas tenemos señales de alerta respecto a la urgencia de mirar nuestro entorno, nuestro hábitat, de manera más integral y a revisar y modificar de forma radical nuestros patrones de producción, distribución y consumo, no solo de las cosas sino también y tal vez sobre todo, de las ideas, los valores, las palabras, los símbolos.

El derecho a la ciudad, en síntesis, se propone ser una herramienta que aporte a la reflexión, el debate, la formación, la movilización, la articulación y la práctica desde otro punto de vista; y desde una lucha renovada por la redistribución del espacio, la riqueza y la toma de decisiones sobre el presente y futuro de nuestras comunidades.