Ciudad de México rumbo a carta por el Derecho a la Ciudad

Una propuesta que aboga por el reconocimiento institucional de este derecho humano colectivo

Desde enero de 2008, una amplia gama de actores sociales pusieron en marcha con el apoyo del gobierno del Distrito Federal, el proyecto Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que pretende sentar las bases para la instauración de una cultura democrática, capaz de reconocer y garantizar el respeto por los derechos humanos de ciudad y vivienda de los habitantes de la capital mexicana.

El Distrito Federal (DF), con más de 20 millones de habitantes, hace parte de las ciudades más grandes del orbe y la más poblada del país. Se perfila como la más poderosa en términos económicos, concentrando a su vez gran parte de la identidad cultural y religiosa de la nación. Sus calles y avenidas han sido testigo a lo largo de su historia de las más importantes manifestaciones del pueblo mexicano. Celebraciones nacionales, religiosas, eventos culturales, protestas y movilizaciones populares, dan cuenta de un enorme carácter colectivo, el cual ha dado asomo en el último tiempo de un fuerte movimiento social que ha sacado a la luz las demandas y exigencias por una mayor participación democrática en temas de derechos humanos.

Uno de los primeros pasos en el desarrollo de dicho proyecto tuvo lugar en las Jornadas de Acción Global (JAG), desarrolladas a comienzos de enero de 2008 en el marco del Foro Social Mundial y donde, tras cuatro días de debate, surgió la versión preliminar de la Carta por el Derecho a la Ciudad de Ciudad de México.

Para efectos de organización, difusión y promoción del documento, se encargó la creación de un comité Promotor, que en julio de 2008 congregó a representantes de organizaciones sociales vinculadas al movimiento urbano popular, sectores del ámbito civil, funcionarios de gobierno del DF, miembros de la Asamblea Legislativa, integrantes del Comité de DD. HH., académicos e investigadores, para suscribir la carta y otorgarle el reconocimiento y soporte legal que requiere.

Tan solo meses más tarde, se realizó el primer Foro hacia la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, el que invitó a “pensar la ciudad desde la perspectiva de los derechos humanos de todas las personas”, siendo éste un anhelo de ciudadanía que comparten una gran cantidad de países.

De estas experiencias internacionales podemos mencionar las más relevantes y que han servido de empuje para el caso de México: en el año 2000, nacía en Francia la llamada Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada en la II Conferencia Europea de los Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de Saint-Denis. Un año después, se promulgó el Estatuto de Brasil, apoyado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También están Argentina, con la entrada en vigencia en 2005 de la Declaración Nacional para la Reforma Urbana en Argentina; Bélgica, y la promoción de la Declaración por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en toda Europa (Bruselas, 2007); Canadá, y la entrada en vigencia de la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (enero de 2006); y la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad, un trabajo investigativo multilateral que consiguió su firma en 1995 con la subvención de la Comisión Europea.

Estos esfuerzos a favor de los derechos humanos en el mundo sirvieron de referente en Ciudad de México, dando como resultado la publicación en 2003 de un estudio elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. (OACNUDH) bautizado Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. El resultado de esta investigación determinó la identificación de las principales causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en la capital, para luego arrojar un conjunto de recomendaciones y propuestas para combatirlas.

Un documento que fue fundamental para las autoridades del gobierno regional, ya que basándose en él levantaron el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y con ello, elaboraron a posterior una iniciativa de ley que hoy ya está en manos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este fuerte protagonismo popular en los proyectos destinados a atender las tareas pendientes en materia de derechos humanos, es fiel reflejo de una real apertura democrática. Ello les permitiría a los habitantes de Ciudad de México plantear una plataforma urbana para ver, comprender y sustentar mejor los espacios públicos y privados de manera más solidaria y participativa, acorde a sus propias necesidades y exigencias.

Tal como hoy ocurre en la capital mexicana, la participación popular en temas de interés común es una muestra más del ímpetu de los ciudadanos por plantearse retos que aspiren a una nueva y mejor calidad de vida. El incremento sostenido de la privatización de los espacios públicos, la desarticulación de las redes sociales y la segregación urbana, hacen indispensable avanzar hacia procesos efectivos que garanticen el reconocimiento y cumplimiento del derecho a la ciudad y la vivienda digna.

Ésta búsqueda de equilibrio entre lo que es distribución, representación y participación frente a los procesos de toma de decisiones, que involucran tanto a la comunidad entera como a sus segmentos, habla de una ciudad que busca defender y situar sus intereses bajo el alero de una estructura social más justa, inclusiva y sustentable para todos.