Soberanía Alimentaria y Agricultura Campesina

Las experiencias de producción de materia prima para agroenergía por parte de pequeños agricultores han demostrado el riesgo de dependencia en relación a grandes empresas agrícolas, que controlan los precios, el procesamiento y la distribución de la producción. Los campesinos son utilizados para dar legitimidad al agronegocio, mediante la distribución de certificados de “combustible social”.

Este modelo causa impactos negativos en comunidades campesinas, ribereñas, indígenas, quilombolas, que tienen sus territorios amenazados por la constante expansión del capital. Además, la falta de una política de apoyo a la producción de alimentos puede llevar a los campesinos a sustituir sus cultivos por agrocombustibles y, con ello, comprometer la soberanía alimentaria. En Brasil, por ejemplo, los pequeños y medianos agricultores son responsables de 70% de la producción de alimentos para el mercado interno.

Investigadores de la Universidad de Minnesota alertan que, para llenar un tanque de combustible es necesario utilizar la misma cantidad de granos que podría alimentar a una persona durante un año.

Francisca Rodríguez, dirigente de la Vía Campesina, denuncia que “los grandes latifundios van a controlar la tierra para alimentar motores y no personas”. Y agrega: “Frente a estos desafíos, tenemos que defender nuestro compromiso con la tierra, mostrando la verdadera cara de estos proyectos y estimulando una discusión profunda sobre el actual modelo de consumo y producción energética. Queremos evitar la destrucción de nuestras tierras, pues sabemos lo que significa el monocultivo extensivo en todos nuestros países”.

Propuestas en defensa de la Reforma Agraria y de la Soberanía alimentaria

Organizaciones sociales en todo el continente amplían las denuncias sobre los efectos destructivos del modelo agrícola basado en el monocultivo concentrador de tierra y renta, destruidor del medio ambiente, utilizador de trabajo esclavo y de superexplotación de la mano de obra. La superación del actual modelo agrícola pasa por la realización de una Reforma Agraria que elimine el latifundio.

Es necesario fortalecer las organizaciones de trabajadores rurales, asalariados y campesinos para construir un nuevo modelo basado en la agricultura campesina y en la agroecología, con producción diversificada, priorizando el consumo interno. Es menester garantizar políticas de subsidios para la producción de alimentos provenientes de la agricultura campesina.

El principal objetivo debe ser la garantía de la soberanía alimentaria, pues la

expansión de la producción de agrocombustibles agrava la situación del hambre en el mundo. No podemos mantener los tanques llenos y los estómagos vaciíos.

El derecho a la alimentación

La principal norma internacional sobre el Derecho a la Alimentación está contenida en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo a esta norma, el hambre debe ser eliminada y los pueblos deben tener acceso permanente a una alimentación adecuada, de forma cualitativa y cuantitativa, garantizando la salud física y mental de los individuos y de las comunidades, además de una vida digna.

Según la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el derecho a la alimentación. Respetar este derecho significa que los Estados no pueden obstruir o dificultar el acceso de la población a la alimentación adecuada, como en el caso de desalojos de trabajadores rurales de sus tierras, especialmente de aquellos que dependen de la agricultura como forma de subsistencia. La Convención prohíbe además que los Estados utilicen sustancias tóxicas en la producción de alimentos.

Asimismo, la Convención establece los principios de la no regresión y de la no discriminación, en relación a la aprobación de leyes que aseguren el acceso a la alimentación. Esto significa que los gobiernos deben facilitar la organización de la sociedad por el acceso a la tierra, al trabajo y a la protección del medio ambiente. Los Estados deben garantizar el derecho universal a la alimentación a través de acciones y medidas concretas que protejan a grupos sociales vulnerables y propicien los medios necesarios para que estos se puedan alimentar.