Persecución a la venta y el consumo de drogas

Al hablar de drogas ilegales en Latinoamérica, se disparan muy diversas opiniones, muchas veces encontradas. Los temas abarcan cárteles y organizaciones criminales; violencia y muertes; corrupción y gobierno; hasta llegar finalmente al consumo, daños a la salud, y al entretenimiento. Cada uno de estos temas, obedece a razones e intereses distintos que ameritan un análisis profundo antes de llegar a una conclusión general. En lo común, los errores de análisis o percepción del problema de las drogas, aparecen cuando se quiere unificar a todos los actores vinculados a las drogas ilegales y analizarlos como si se tratara de un fenómeno único.

Durante el último siglo, México -al igual que el panorama internacional- ha vivido grandes cambios en cuanto a su política y visión sobre las drogas. En la actualidad, cuando se habla del tema, se percibe a quienes comercian y a los consumidores de drogas ilegales desde la perspectiva de la prohibición. Pareciera -erróneamente- que siempre y en todo momento ha existido una condena legal y moral que no ha cambiado con el paso del tiempo. Peor aun, al más puro estilo positivista, se mantiene en la sociedad la percepción de corte prohibicionista como la más adecuada, efectiva y razonable.

Todas las sociedades en la historia de la humanidad -incluyendo las contemporáneas- han usado drogas psicoactivas por múltiples razones: rituales, religiosas, recreativas o medicinales. En la actualidad, cuando se habla de una sociedad sin drogas, esto no se refiere realmente a una sociedad exenta del uso de drogas psicoactivas; ya que el alcohol, el tabaco y la cafeína, son también sustancias psicoactivas que sí están permitidas y cuyo uso es más que común y corriente.

El error de percepción se genera cuando con ignorancia se pretende emitir una opinión del problema de las drogas y no se considera que se trata de un enorme enredo de factores. De hecho, no se diferencia entre los problemas generados por el abuso en el consumo de las drogas y los que provienen directamente de la prohibición. Casi el total de la criminalidad vinculada con las drogas ilegales, tiene su origen en las leyes de prohibición. La producción, la distribución y el tráfico, son delitos en tanto que están penados. De casi un millar de muertes en México vinculadas por la prensa con los psicoactivos ilegales durante la primera mitad del año 2005, la totalidad no se debe al uso de las sustancias en sí, sino a su prohibición.

Mediante una investigación estadística hecha en México y difundida por la ONG “Convivencia y Espacio Público”, se ha podido llegar a resultados esclarecedores con respecto a la situación real de salud que genera el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. El Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) reportó que de las 421,249 defunciones ocurridas en el año 2001 en el país, 4,355 (1%) fueron codificadas como debidas al consumo de drogas, incluyendo alcohol y tabaco. De estas, las defunciones debidas al uso del alcohol ocuparon el primer sitio con el 87.5% es decir 3,812 muertes. Si se elimina al alcohol y algunos otros trastornos de las causas de muerte, el SEED tiene un resultado de sólo 371 personas fallecidas durante el 2001 a causa del consumo de drogas ilegales, solventes y otras drogas no penalizadas o de venta controlada. Por otro lado, el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) en su Encuesta Nacional de Adicciones del año 2002, reportó que sólo el 5.03% de los mexicanos han consumido alguna droga ilegal en su vida, y sólo el 0.82% había consumido drogas ilegales el mes anterior a la encuesta.

Para contrastar aun más este panorama, el CONADIC estima indirectamente el fallecimiento de unas 150 personas al día por problemas relacionados con el tabaquismo, dando un total de 55 mil casos por año. Aunado a los 13 millones de fumadores que existen en las zonas urbanas y los 12.5 millones de alcohólicos explosivos o irresponsables. A nivel mundial, las drogas ilegales matan al 0.2% de la población, mientras que en conjunto, alcohol y tabaco matan al 8%.

Los números explican claramente los daños producidos por el consumo de drogas, legales e ilegales. El alcoholismo y el tabaquismo son las drogas más dañinas y mayormente consumidas, y éstas se encuentran permitidas. Cabe recordar la Ley Volstead que implantó la prohibición de alcohol en EE.UU. en 1920 durante trece años y que ocasionó resultados catastróficos y totalmente opuestos a los esperados. El mercado de alcohol, lejos de disminuir, inundó las calles de bebidas sin control de calidad, que causaban daños irreversibles a la salud pues eran venenos destilados de alcohol industrial. La Ley Volstead aumentó el número de alcohólicos, los productores de bebidas alcohólicas se enriquecieron sin aportar a las finanzas públicas y se saturaron las cárceles con nuevos delincuentes que la misma ley había creado. En definitiva, esta iniciativa no acabó con el problema del alcoholismo, sino que lo aumentó. Todo indica que la actual persecución y criminalización del mercado de las sustancias psicoactivas ilegales, es una reproducción del fenómeno sucedido con el alcohol a principios del siglo pasado en EE.UU.

Por su parte, la Cámara de Senadores de México, recientemente aprobó la reforma a la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para permitir a las policías estatales y municipales perseguir al narcomenudeo como si se tratara de un delito del fuero común. En el año 2000, fueron sentenciadas por delitos contra la salud (relacionados con drogas) 8,719 personas, casi el doble de los que fueron sentenciados por homicidio. En promedio, el monto económico de las operaciones de comercio ilegal que llevaron a los reclusos a prisión es de $1,160 pesos (aprox. US $100 dólares).

En la actualidad, existe una percepción de las drogas ilegales por parte de la sociedad como el peor mal de nuestro tiempo. Por ejemplo, el Senado de la República miente en spots televisivos diciendo que las muertes causadas por el narcomenudeo van en aumento. La Procuraduría General de la República (PGR) en voz del Procurador, anuncia orgullosa un promedio de 37 detenidos por día en el 2005, relacionados con el narcomenudeo, y lo califica como una de las principales amenazas para la seguridad nacional. Además, la PGR insiste en ver como la más grande amenaza a aquel que vende drogas fuera de las escuelas, el enemigo público número uno, el que corrompe a niños y jóvenes. Pero según los datos del SEED, el grupo más afectado no es el de los adolescentes, como lo presume el Procurador, sino el de personas entre los 25 y los 44 años de edad.

Con esta visión nacional, en el mes de junio de 2005 se estableció el operativo llamado “México Seguro” en cual concentra la lucha al crimen organizado (narcotráfico) mediante la utilización del Ejército, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones. Esta política ha traído consigo excesos en el uso de la fuerza pública y violentado los derechos de las personas detenidas arbitrariamente. En contraste, los estándares más elevados en materia de Derechos Humanos aconsejan lo inverso al uso de las fuerzas armadas para resguardar la seguridad pública, política alentada por el gobierno estadounidense. Esta política demuestra la falta de una estrategia de mediano y largo plazo para el combate real al consumo de drogas ilegales.

Los recursos destinados al combate de drogas ilegales se gastan en programas que evidentemente no tienen efecto alguno. Después de treinta años, está claro que la guerra contra las drogas en México y Latinoamérica simplemente no ha funcionado. Cuando se combate el narcotráfico en un lugar, éste aparece en otro. Mientras el combate al narcotráfico sea visto como una “amenaza a la seguridad nacional” y no como un problema de salud pública, no se estará en vías de resolverlo.

Entre los extremos de la actual prohibición - criminalización, y la legalización, hay todo un espectro de posibilidades intermedias que deben ser exploradas. En vez de continuar el esfuerzo por encarcelar a más consumidores y traficantes por mayor tiempo, se debe poner énfasis en los aspectos de salud pública, como la información y la rehabilitación de los adictos. Es decir, el énfasis debe ponerse en la perspectiva alternativa de “Reducción del Daño”, disminuyendo así el consumo sin encarcelar gente. El primer paso es dejar de ver el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud individual y más como un tema concerniente a toda la sociedad. El consumo no es como se cree en el imaginario colectivo una práctica juvenil que culmina necesariamente con la pérdida de las capacidades físicas y mentales, el inicio y consolidación de estilos de vida delictivos y que lleva a los jóvenes a la calle, la cárcel, la institución psiquiátrica y finalmente la muerte. Se debe ampliar la mirada para darse cuenta que casi todos en las sociedades contemporáneas son consumidores de substancias psicoactivas, como cafeína, alcohol, nicotina, antidepresivos. El concepto de reducción del daño, no está relacionado únicamente con las drogas ilegales, sino también con las legales. De modo que cuando se habla de “usuarios de drogas”, se habla de la sociedad en general. La reducción del daño no va dirigida exclusivamente al cese del consumo, sino al establecimiento de iniciativas y acciones dirigidas a reducir los riesgos legales y de salud asociados al consumo.

Esta perspectiva tuvo su origen al final de la década de los ochentas, en las ciudades europeas de Liverpool, Ámsterdam y Rótterdam que registraron el azote de una profunda crisis por el aumento en el contagio de VIH-SIDA entre consumidores intravenosos de substancias psicoactivas. Ante el fracaso de las estrategias y perspectivas de combate al narcotráfico, que en vez de reducir o contener el fenómeno lo habían agravado, se gestó la perspectiva de reducción del daño, favoreciendo que el uso de drogas ocasione el mínimo de daños posibles a la sociedad.

Mediante esta nueva visión, promovida en México por la asociación civil Convivencia y Espacio Público, se busca educar a los usuarios acerca del riesgo de las diferentes drogas y su uso. Se trata de informar sobre cómo algunas drogas provocan menos daño que otras y algunas formas de usar drogas son menos dañinas que otras, reduciendo así el riesgo de sobredosis. Entre las acciones propuestas destacan proveer metadona como un sustituto de heroína; ofrecer medicamentos para contrarrestar los efectos de una sobredosis; facilitar el intercambio de jeringas nuevas a cambio de las usadas; promover la responsabilización y participación de los usuarios de drogas como ciudadanos; favorecer las asociaciones de usuarios; derivar al adicto a programas de tratamiento para adicciones y finalmente, promover un marco legal que favorezca la realización de estas intervenciones.

Es evidente que en la actualidad se debe aumentar la accesibilidad a servicios para la sociedad, logrando que tanto agencias gubernamentales como civiles no esperen cómodamente instalados en sus oficinas, clínicas y centros de atención la llegada de los usuarios. Por el contrario, es urgente no sólo salir a las comunidades en busca de la demanda espontánea, sino establecer un vínculo de cooperación con los consumidores, promoviendo así modelos activos de búsqueda y acercamiento en vez de modelos reactivos de espera.

El objetivo final es la abstinencia, aunque si bien el consumo no desaparece, se disminuyen sus efectos dañinos. Reducir el daño debería ser el objetivo del gobierno y de las organizaciones que prestan servicios de salud.