Terror institucional contra los campesinos guatemaltecos.

Aparicio Pérez pertenece al Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las nueve organizaciones que constituyen la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas - CNOC. La CNOC tras un laborioso esfuerzo acudió al Foro Mundial de la Reforma Agraria con una propuesta de Reforma Agraria Integral para Guatemala. La propuesta, articulada entorno a la justicia social, la equidad de género, la interculturalidad y la defensa del medio ambiente, ha sido realizada mediante el consenso de muchas comunidades indígenas. Considera e incluye en su propuesta la problemática particular de cada región y propone soluciones concretas en el marco político actual del país a exigencias concretas del campesinado.

El Comité de Unidad Campesina surgió en 1978 en el seno de las comunidades campesinas para aglutinar sus acuciantes necesidades. Así los objetivos iniciales de la organización fueron luchar por la tierra, contra la militarización, a favor de los derechos laborales en el campo y los derechos humanos. El Comité llevó a cabo una importantísima tarea de defensa de los derechos humanos mediante denuncias en el ámbito nacional e internacional que pusieron de manifiesto la represión y el terror que sufrían los campesinos del país. En aquellos años el ejército arrasaba comunidades mediante asesinatos y desapariciones de forma sistemática. La defensa por los derechos humanos fue ejemplar y la brutalidad de la represión tuvo su punto álgido en los dramáticos acontecimientos acaecidos en la embajada de España el 31 de Enero de 1980. Ante la complicidad del gobierno militar con la represión de campesinos, éstos decidieron alzar su voz en la capital. Tras ser rechazados por los organismos estatales y la prensa los campesinos tomaron pacíficamente la embajada de España. Los intentos de mediación del embajador español Máximo Cajal fueron desoídos por el gobierno y la fuerza policial. Éstos entraron por la fuerza en la embajada provocando una masacre que costó treinta y seis vidas. Este suceso no fue investigado con rigurosidad por las autoridades y a día de hoy los autores materiales e intelectuales siguen en libertad. El Comité sigue reclamando justicia.

Poco después de la tragedia, en febrero de 1980, el Comité convoca un paro a nivel nacional para reclamar salarios dignos. La huelga paralizó totalmente la industria azucarera y los trabajadores consiguieron el establecimiento de un salario mínimo lo que supuso un avance histórico en la lucha por los derechos de los trabajadores en Guatemala.

Tras más de veinticinco años en la lucha campesina, las tragedias vividas y las batallas ganadas su labor de denuncia continúa en otros frentes.

 

Fin de las órdenes de desalojo y cese de la intimidación de las comunidades campesinas e indígenas

La toma de tierras es una práctica que surge en las comunidades campesinas y que el CUC apoya mediante asesoramiento jurídico. Se estudia el caso y se hace un análisis político y jurídico. Se presentan los casos a las instituciones creadas a raíz de los acuerdos de paz. A continuación tiene lugar un largo proceso legal en el que las comunidades se desgastan y, agotada esta vía, se toman medidas de hecho y se procede a la toma de la tierra. La reacción por parte de los supuestos propietarios suele ser fuerte y recurren a la fuerza de grupúsculos violentos que intimidan a los campesinos. Frecuentemente las tierras ocupadas son tierras nacionales que no tienen por tanto un verdadero dueño. El gobierno es cómplice de esta represión y el Comité reclama a las autoridades el suspenso de las órdenes de desalojo y la investigación de los episodios de terror contra los campesinos.

Investigación del mercado fraudulento de tierras e instauración de la certeza jurídica.

El CUC denuncia una práctica común en el departamento de Izabal. Los « finqueros » (terratenientes) acuden a las comunidades con conflictos de tierra y se proponen como mediadores ofreciendo a los campesinos la compra de tierras con pagos a largo plazo. Aparicio Pérez y el CUC manifiestan sus sospechas de que estas operaciones son en realidad para lavar dinero negro procedente del narcotráfico y otros negocios ilegales y reclama una investigación rigurosa y profunda por parte del poder judicial que castigue oportunamente a los implicados. Las tierras vendidas serán consideradas algún día como tierras nacionales así que los campesinos habrán pagado a los finqueros por tierras que no tienen. Los campesinos están siendo engañados por los terratenientes ante la impasibilidad de las autoridades. En este aspecto es importante destacar la importancia de la certeza jurídica como primer paso básico para que se produzca un acceso justo a las tierras.

El Comité también denuncia la actividad de organizaciones fantasma en la zona. Estas organizaciones, apoyadas por los terratenientes, tratan de contrarrestar las organizaciones campesinas que defienden la resolución del conflicto estructuralmente y no mediante procesos de mercado de tierras

Anulación de las órdenes de captura de dirigentes:

El Comité quiere denunciar principalmente el caso de Daniel Pascual uno de sus más destacados dirigentes. Daniel Pascual tiene orden de captura acusado de terrorismo cuando su actividad no ha ido nunca más allá de la denuncia y la reivindicación. Se pronunció públicamente en defensa de los derechos de los más de diez mil afectados por la construcción de la central hidroeléctrica de Chixoy. Este megaproyecto energético supuso una irreparable tragedia para los habitantes de la región. Más de diez mil campesinos fueron arrancados de sus tierras y cuatrocientos fueron asesinados en la matanza de Río Negro. Todavía hoy siguen esperando compensación económica y reconocimiento público del daño sufrido. El Banco Mundial que aportó buena parte del presupuesto de la construcción de la presa se ha desentendido. La responsabilidad por la tragedia recae en todas aquellas instituciones y compañías que, conscientes de la brutalidad del régimen guatemalteco, colaboraron en la construcción de esta represa. Ellos destruyeron la forma de vida de miles de personas y asesinaron a cientos de ellas. Las compañías implicadas, el gobierno guatemalteco y el Banco Mundial son los únicos responsables.