Por una gestión Pública del agua: el caso de la ciudad de Santa Fe

Antecedentes

El punto de máxima expresión de la crisis argentina fue el quiebre político-institucional del año 2001. La efervescencia social que se desató hizo posible una mirada crítica de la ciudadanía respecto a la profundización de las políticas neoliberales durante la década del ’90 y sus manifestaciones, fundamentalmente el retiro del Estado de sus obligaciones primarias.

Durante el año 2002 se verificaron los índices de participación más elevados, con gran cantidad de actores involucrados y de eventos realizados. En ese mismo año, se destaca la organización de un plebiscito en donde los ciudadanos de la provincia se pronunciaron a favor de la gestión pública del servicio de Agua y de la concepción de la misma como Derecho Humano, y no como mercancía de lucro. La catástrofe de la inundación en la ciudad de Santa Fe, que afectó a un tercio de la población, impidió durante el 2003, el sostenimiento de la dinámica desarrollada hasta ese momento por APDA.

Al año siguiente (2004) se logró dar respuestas a los diversos acontecimientos que se suscitaron entre el Estado y la empresa Aguas provinciales de Santa Fe, subsidiaria de Suez Lyonaisse des Eauxe, concesionaria desde la privatización del servicio de agua en el año 1995. Éstos se materializaron en una escalada de denuncias de incumplimientos por parte de funcionarios del gobierno, y de falsos argumentos para defenderse por parte de la empresa. La situación develó la realidad de la privatización otorgada, nueve años antes, en favor de dicha empresa. Por otra parte, se dio a conocer a la opinión pública el incumplimiento sistemático del contrato de concesión del servicio:

• Carencia de extensión de redes de agua y cloacas.

• Cobro indebido de recargos a los usuarios con supuesto destino a obras (que, repetimos, nunca se realizaron).

• Utilización de una escala tarifaria leonina, que no tiene en cuenta el consumo real del elemento, ni la situación socio-económica de los usuarios (que, en el caso de la ciudad de Santa Fe el 40 % se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 16.9 % es indigente) (1). El número de medidores que la empresa efectivamente instaló, resulta insignificante frente a la cantidad pactada contractualmente.

• Calidad inadecuada del agua, cuyos valores de contaminantes se encuentran por sobre los estándares permitidos por la OMS y por el Código Alimentario Nacional. Es tristemente conocido que el propio contrato de concesión del servicio le otorga a la empresa rangos de tolerancia superiores a los reglamentados tanto a nivel nacional como internacional.

Desarrollo del Caso

Se comenzó a trabajar, con la empresa todavía a cargo de la prestación del servicio de aguas, situación que se prolongó hasta Julio de 2005, momento en el que Aguas Provinciales da a conocer su intención de retirarse de todos los distritos donde prestaba servicios. El argumento utilizado para justificar esta acción se basó en que la rentabilidad de la compañía se había visto resentida desde la “pesificación” de la tarifa, en enero de 2002 (momento en que se deroga la “ley de convertibilidad”, que establecía la igualdad nominal entre 1U$S y 1$ argentino). Esta circunstancia le dio a la empresa Suez el fundamento jurídico para realizar un reclamo por indemnización de las pérdidas supuestamente sufridas, ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones, del Banco Mundial). Dicho planteo vino oficiando, además, como herramienta de presión para que el Estado resigne cualquier tipo de reclamo por incumplimiento del contrato. Y, como contrapartida, el Estado provincial exige a la compañía el retiro de la demanda ante el organismo arbitral, para aceptar, sin exigencia de indemnización, la rescisión anticipada del contrato. Es decir, un entramado de idas y vueltas jurídicas donde se pierde la posibilidad de determinar cuál sería la solución.

Esta situación respondía también al contexto nacional, desde que el Estado Nacional comenzó a confrontar con las empresas concesionarias de los servicios de agua y cloaca en otros distritos del país (Buenos Aires; Córdoba, Tucumán).

Hasta ese momento el eje de las acciones era la petición a los gobernantes de la rescisión del contrato con la empresa prestataria y el pedido de Audiencia Pública para “solicitar información sobre la situación y el futuro de la concesión de Aguas Provinciales S.A., como debatir, también, sobre distintas alternativas de gestión”.

En septiembre de 2005 la empresa francesa Suez Lyonaisse des Eaux comunica al Estado provincial santafesino su decisión de retirarse de la concesión del suministro de aguas. La Suez Lyonaisse entabló diálogos con otros grupos privados para negociar la cesión de derechos o la venta de acciones. Se barajaron los nombres de distintas empresas con nefastos antecedentes de administración e incluso de corrupción: el empresario responsable del “vaciamiento” de Parmalat Argentina y del frigorífico Santa Elena, de larga fama en abonar al desempleo y al abuso patronal. Cuando el Estado Provincial se anoticia de estas negociaciones sale a la palestra tomando cartas en el asunto.

En esos meses no quedaba claro si la decisión de Suez era franca o si lo hacía como estrategia para jugar en la mesa de negociación con el Estado, espacio donde la Suez pretendía que se pasaran por alto las responsabilidades asumidas en los contratos, fundamentalmente de mejoras en la red de infraestructura en aquellos barrios (la mayoría) no muy rentables a los intereses de la maximización de sus ganancias.

Las declaraciones de los funcionarios provinciales (entre ellos Jorge Hammerly, ministro de Obras públicas de la provincia), que otrora acompañaron cualquier medida privatizadora, indicaban el interés del Estado de hacerse cargo de Aguas, dada la situación apremiante de la gestión y prestación del servicio. Declaraciones “de humo” que aplacaban al desprevenido, ya que cualquiera fuera el destino, el Estado Provincial tendría que hacerse cargo inevitablemente, aún cuando fuera de manera transitoria, del servicio o de su traspaso.

Al pasar los meses se confirmó el retiro de la empresa, declarándose la convocatoria a una asamblea extraordinaria de socios a realizarse el 13 de diciembre de 2005. En dicha fecha se debía decidir el traspaso de acciones a otra empresa o la declaración de quiebra. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Se declaró el paso a un cuarto intermedio hasta mediados de enero.

El 13 de enero de 2006 se lleva a cabo la asamblea de accionistas definiendo el retiro de Aguas Provinciales S.A., que pasa a manos del Estado Provincial y se transforma en una Sociedad Anónima del Estado, denominada Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA), sin la renuncia de la empresa Suez a la demanda presentada oportunamente ante el CIADI.

El 51 % de las acciones de ASSA corresponden al gobierno provincial, el 39 % podrá ser transferido a los 15 municipios concesionados y el 10 % sigue correspondiendo a los empleados. Al mismo tiempo se anuncia el aumento de las tarifas en un 35 %, pero ante el repudio generalizado de la opinión pública aún no se hace efectivo.

La constitución de esta empresa pudo realizarse debido a las atribuciones que el Poder Legislativo le concedió al Poder Ejecutivo, en desmedro de las diferentes propuestas tanto de la oposición política, como de las diferentes organizaciones sociales que proponían la gestión pública del agua y la concepción de la misma como un bien no negociable.

Sólo una de las 15 (quince) localidades destinatarias del servicio, no ha aceptado integrase a la política vigente, fundamentando su decisión en una concepción y estrategia diferente en cuanto a la gestión del recurso.

Ya desde el trabajo territorial realizado en el Barrio Santa Rosa de Lima (Santa Fe) en el año 1998, la problemática del agua ha sido uno de los problemas emergentes identificados a través de diagnósticos participativos junto a los pobladores/ras. Con ellos/as se elaboró una Propuesta de Crecimiento Urbano considerando el acceso al agua como un derecho inalienable, al igual que la tierra y la vivienda. La misma fue luego, en 2003, reelaborada desde una perspectiva de riesgo, dando como resultado una Propuesta de Mejoramiento Barrial.

Desde el año 2002 Canoa viene trabajando -como parte integrante de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, y junto a otras organizaciones sociales, ciudadanos/nas independientes y de partidos políticos de la oposición- en los quince distritos de la provincia de Santa Fe, donde los servicios de agua y cloacas se encontraban concesionados en manos de privados. El eje de su lucha es la defensa del agua como derecho humano y en pos de una gestión pública, con participación y control ciudadano.

Ante la situación de los servicios sanitarios, en una inédita experiencia de participación ciudadana, se realizó a fines de septiembre de 2002, el Plebiscito en defensa del Agua promovido por la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. Concurrieron a votar el 42% del total de cuentas de usuarios en las 15 ciudades concesionadas. Se obtuvieron casi 260.000 votos favorables a la propuesta de: dar por terminado el contrato con la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. por reiterados incumplimientos e iniciar un modelo de gestión pública y social con participación ciudadana, defendiendo el agua como bien común y derecho humano, contra el despilfarro y la contaminación de las cuencas.

Actores involucrados

Instituciones locales y ciudadanos que participan en la APDA (Asamblea Provincial por el Derecho al Agua; Asamblea de Barrio Guadalupe; Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario; Despertar Ciudadano; AVE-CEVE; Alberto Muñoz; Iván Favario; Cecilia Fantini; Laura Tejedor; Elpidio Games; Liza Tosti; Mónica Ortiz; Ysmael Galarza), partidos políticos de la oposición, Estado municipal, Estado provincial, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS), la empresa Suez, en su momento (Aguas Provinciales de Santa Fe), y en la actualidad la Sociedad Anónima del Estado ASSA.

 

Denuncian el incumplimiento sistemático del contrato de concesión del servicio por la carencia de extensión de redes de agua y cloacas; cobro indebido de recargos a los usuarios con supuesto destino a obras que nunca se realizaron; utilización de una escala tarifaria leonina, que no tiene en cuenta el consumo real del elemento, ni la situación socio-económica de los usuarios; el número de medidores que la empresa efectivamente instaló, resulta insignificante frente a la cantidad pactada contractualmente; la calidad inadecuada del agua, cuyos valores de contaminantes se encuentran por sobre los estándares permitidos por la OMS y por el Código Alimentario Nacional.

Proponen la concretización de las consignas de las propuestas del plebiscito del año 2002, como así también la construcción de una estrategia común con los actores sociales y políticos con los que comparten estos principios.

La búsqueda de alianzas con actores locales, nacionales y regionales, con quienes vienen compartiendo diversos espacios de discusión y construcción de estrategias comunes.

Lecciones aprendidas

La constancia en la lucha por la defensa del agua en sus diferentes niveles (local, nacional, regional e internacional) como derecho fundamental e inalienable y la construcción de alianzas con otros actores estratégicos con los que se comparten principios y experiencias es lo que transforma en posible la construcción de alternativas al modelo neoliberal. Trabajado desde los principios de la educación popular y desde una perspectiva integral, uniendo el agua al acceso a la tierra, a la vivienda, al trabajo, al hábitat, de manera sustentable.

La experiencia de construcción ha tenido sus avances y retrocesos en el número de actores involucrados en la lucha. No obstante, la visión de la problemática del agua integrada a otros reclamos permite la unión con otros sectores, posibilitando la elaboración de propuestas más complejas.

Propuestas para una estrategia global

El eje de trabajo se mantiene sobre la base de que la empresa privada ya se ha retirado, el espacio de opinión que se busca sería ocupado para expresar el total rechazo a la re-privatización, y para exigir que el Estado se haga cargo de la prestación del servicio, con una fuerte presencia de los ciudadanos en el ámbito de la toma de decisiones sobre las políticas de manejo del recurso de agua. Precisamente, lo que primero planteamos es que se cree una legislación de aguas (lo ideal sería a nivel nacional, para que a ésta se acoja la provincia) que establezca entre sus principios rectores que el recurso de agua dulce quede excluido del mercado, basándose en los alarmantes datos sobre la escasez del recurso a nivel mundial. Para lo cual exigimos:

• La derogación de la ley Provincial 11.220 de privatización del servicio de agua y cloacas.

• Participación de los usuarios y gestión pública.

• Incorporación del Derecho al Agua en la Constitución Provincial y Nación.

• Actualización y socialización permanente de informes de situación del servicio de agua y saneamiento como también de las obras a realizar.

• Sostenimiento de solicitud de Audiencias Públicas como herramientas fundamentales para participación ciudadana.

• Participación en diferentes espacios estratégicos para la instalación, difusión para la articulación de estrategias junto a otros actores.

Como estrategia global, Canoa adhiere a la Declaración conjunta de los Movimientos en Defensa del Agua, México, 14 al 19 de marzo de 2006 y a la Declaración Final de la Cumbre por la soberanía e integración de los pueblos. Córdoba, 20 de julio del 2006.