Propuestas contra la violencia inmobiliaria y urbanística en Barcelona

Contexto

Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona. Según datos oficiales, tan sólo desde finales de 1997 hasta la actualidad los precios de los pisos han subido más de un 150%, mientras que los ingresos netos salariales en los sectores con convenio subieron sólo un 34,5%. El endeudamiento medio de los hogares pasó del 45% en 1990 a más del 60% en 2004. El precio medio de los alquileres en el Área Metropolitana subió de 355 euros en 1999 a 617 en 2004.

La conversión de la vivienda en pura mercancía y objeto de especulación ha creado un círculo vicioso de presiones y miedo que precariza las condiciones de vida de amplias capas de la población. Cada vez hay más personas que se ven obligadas a irse de la ciudad e instalarse a una distancia de hasta 50 Km. debido a que no pueden encontrar un piso asequible. Y cada vez hay más personas obligadas a jornadas laborales extenuantes en trabajos cada vez más precarizados para pagar su hipoteca o alquiler. Pero aún así para muchos no alcanza: sólo en 2002 hubo 3.675 desahucios en Barcelona.

En la medida en que nos estábamos adentrando en la problemática del mobbing (1) nos dimos cuenta de la magnitud de impunidad de una selva inmobiliaria y urbanística regida únicamente por el poder del dinero y cuya existencia se debe a la inhibición, si no a la promoción, por parte de las administraciones públicas. Nos dimos cuenta de que la figura del «asustaviejas» sólo era la expresión más extrema de una práctica generalizada de acoso y cercado de las clases populares: la escalada de los precios de las viviendas, los contratos precarizados de alquileres abusivos, la expulsión de vecinos pobres, la privatización y mercantilización del espacio público, la destrucción de tejidos sociales

Discusión de experiencias y estrategias. Formas de intervención de la violencia inmobiliaria y campañas y acciones posibles.

La idea de elaborar una Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística se empezó a forjar en Barcelona a finales de 2004 en el entorno de grupos que luchaban y luchan contra la especulación inmobiliaria, la destrucción de los barrios revestida de reformas urbanísticas así como contra el fenómeno del mobbing inmobiliario que se había extendido como una lacra debajo de la piel reluciente de la Barcelona Fashion, Guapa y Cívica.

Desde varios colectivos implicados en las luchas territoriales se veía pues la necesidad de devolver al marco político que les es propio a las luchas contra la especulación y hacerlo a partir de un proceso común que permitiera abstraer desde cada lucha concreta los condicionantes políticos generales y, a la inversa, materializar en pequeñas luchas concretas que proliferan a lo largo y ancho del territorio un marco de exigencias más abstractas.

A partir de las discusión iniciada por la Plataforma Veïnal Contra l’Especulació (2) de Barcelona sobre el modelo de ciudad que sufrimos y la ciudad que queremos, se redactó un dossier sobre la problemática, una primera propuesta de la Carta y se convocó al primer Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística, al que asistió una gran variedad de personas: afectados por el mobbing, grupos y representantes vecinales, arquitectos, urbanistas, abogados y colectivos de okupas.

Lecciones aprendidas

En los últimos años se había constatando los límites de una defensa meramente reactiva tanto ante casos de acoso inmobiliario, como ante planes urbanísticos. Introducirse en los laberintos jurídicos, aunque necesario e imperativo a la hora de seguir el día a día de un proceso de violencia inmobiliaria o urbanística, suele tener pocos resultados concretos e implica un endeudamiento económico para pagar abogados y un desgaste de los afectados que se enfrentan a un poder económico amparado por una Administración que tiene más recursos y más tiempo. Por otro lado, el trabajo en el ámbito mediático, hecho desde el caso concreto, acababa reduciendo al nivel de anécdota o casualidad desafortunada sin contexto, unas formas de violencia que responden a un marco general de mercantilización de la vivienda y el espacio urbano. Finalmente, el ritmo de ascenso y posterior descenso de intensidad de cada conflicto concreto (muchas veces, además, con un final no muy afortunado) hacía que se tuviera la sensación de estar empezando cada vez desde cero. Se requería un proceso de consulta, debate y propuestas.

El proceso de consulta y debate realizado durante los meses posteriores llevó a la versión de la Carta de medidas que resumimos al final de este texto. La Carta contiene, en primer lugar, una crítica a la violencia inmobiliaria y urbanística junto con un conjunto de exigencias con las que se interpela a la Administración, y va acompañada de las adhesiones de colectivos y personas a título individual. Este modelo, ya usado en repetidas ocasiones, tiene sin embargo algunas peculiaridades en el caso que nos ocupa. En primer lugar, el documento ha sido redactado a partir de un proceso colectivo dilatado en el tiempo para intentar recoger todas las voces implicadas sin por ello recurrir a un listado de exigencias coyunturales concretas. En segundo lugar, se trata de una Carta que sitúa las cosas en un marco que va más allá de la reforma o el posibilismo, a partir de unas exigencias que acabarían de una vez por todas con la especulación inmobiliaria, exigencias que son, por otro lado «posibles» y enumeradas. Finalmente, es una Carta para la acción, ya que se compromete a hacer efectivo el derecho a la vivienda y la ciudad desde la desobediencia civil y, por consiguiente, constituye un documento-amenaza desde la práctica colectiva mientras no se acepten las medidas exigidas.

Las reivindicaciones de Carta se dividen en dos grandes bloques. El primero exige tres medidas legalmente posibles, pero que van completamente contra la corriente dominante del capitalismo especulativo asistido por el Estado. La aplicación de estas medidas cortaría de raíz la especulación inmobiliaria porque sacarían la vivienda y la gestión del territorio del circuito de la mercantilización y crearían un marco legal que de una vez por todas haría efectivo el derecho a la vivienda y a la ciudad de forma universal. Un hecho que a su vez contribuiría a hacer efectivos otros derechos universales como son el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y mental, a la salud etc.

Propuestas para una acción global

El proceso de consulta y debate sobre la Carta estaba acompañado desde el primer momento por adhesiones a la misma. Una vez concluido el proceso de redacción se intensificó la campaña de adhesiones, que incluía la difusión de la Carta en numerosos medios de comunicación social, tanto de Barcelona como del resto de Catalunya.

Si bien la iniciativa de redactar esta Carta nació en Barcelona, su contenido es perfectamente extensible a otras ciudades del Estado. En el caso del primer bloque de medidas esta extensión, además, resulta imprescindible para que las medidas no queden reducidas a meros enunciados de lo que podría ser y no es. En este contexto cabe destacar dos puntos: 1) la violencia inmobiliaria y urbanística seguirá aumentando y extendiéndose en mayor o menor medida en todo el Estado español; 2) las medidas parciales previstas por las distintas Administraciones públicas no introducirán ningún cambio esencial en la situación.

Ante estas perspectivas quizás valdría la pena buscar formas de coordinación que sean capaces de reforzar las luchas locales existentes y permitan, al mismo tiempo, poner el dedo de tal forma en la llaga que la problemática escandalosa expuesta en el libro llegue en sus términos justos a la discusión pública. En esa dirección, los talleres constituyen una plataforma de debate continúo que se convoca según las necesidades de cada momento de forma itinerante en los distintos barrios de la ciudad.

Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística

La carta exige a los partidos de gobierno que dejen de vulnerar los preceptos de la Constitución española y que cumplan sus compromisos adquiridos con la firma de convenios internacionales de salvaguarda del derecho a la ciudad. Para ello, se proponen las siguientes medidas:

1.Limitación del precio de los alquileres y del precio de los pisos, de modo que no tengamos que pagar nunca más del 30% de nuestra renta por el alquiler o la hipoteca. En el caso de las personas cuyos ingresos no superen los 1.283 euros al mes (2,5 veces el salario mínimo interprofesional), el precio del alquiler o de la hipoteca no podrá superar nunca el 20% de los ingresos disponibles.

2.Moratoria de los PERIs[>3] y reformas urbanísticas, hasta que se haya realizado un estudio de impacto social y medioambiental en cada una de las actuaciones y hasta que no se hayan elaborado mecanismos para garantizar la participación real de los vecinos en cualquier decisión que afecte su entorno vital.

3.Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En concreto, derogación del art. 9° del Decreto Boyer que establece la supresión de la prórroga forzosa, así como del apartado 1 del art. 9° de la LAU de 1994 que establece un máximo de cinco años de vigencia de los contratos de alquiler. E inicio de un amplio proceso de debate y consulta que deberá llevar a la elaboración de una nueva LAU que haga efectivo y garantice el derecho a la vivienda.

Medidas de emergencia

• Medidas que hagan efectiva la transparencia de los Registros de la Propiedad; por ejemplo, la obligación de informar a todas las partes implicadas en la venta de una finca o de un piso, y la publicación mensual o trimestral de las operaciones de compra-venta realizadas en un mismo registro (y divididas por fincas).

• La condición, para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios, de una moratoria de cinco años en los precios de los alquileres y de un aumento ajustado estrictamente al IPC una vez finalizado este plazo.

• La penalización de los inmuebles vacíos, sin utilizar o abandonados (mediante el aumento del IBI (4), la amenaza de expropiación o la cesión forzosa).

• La despenalización de la ocupación de inmuebles abandonados, con la abolición de las penas de multa, prisión y condena en costas que actualmente recoge la ley.

• La revocación de los documentos de propiedad de un inmueble a partir de los cinco años de abandono.

• La prohibición de venta de suelo público.

• La tipificación de las prácticas de acoso inmobiliario (mobbing) como vulneración del derecho a la vivienda y su sanción con penas proporcionales a la importancia del mismo.

• La intervención de las instituciones municipales y autonómicas como acusación pública en casos de acoso inmobiliario denunciados por vecinos, como medida disuasoria para contrarrestar la impunidad con la que actúan empresas y particulares en este sector.

Dada la extrema gravedad de la situación y mientras no se apliquen las medidas exigidas en este documento, los abajo firmantes hacemos una llamada a emprender acciones de desobediencia civil que visualicen la insostenibilidad del modelo actual y que generen redes de defensa, lucha y resistencia contra la violencia inmobiliaria y urbanística.