La Huaquería : entre el misticismo y la pobreza por el trafico ilícito de biens culturales

En la sabana de Córdoba, departamento de la costa atlántica, al norte de Colombia, existe un sin número de historias locales acerca de la huaquería: actividad excavatoria, que de manera artesanal tiene como objetivo, buscar bajo tierra metales valiosos o piezas arqueológicas de guacas o entierros indígenas de las poblaciones que en otros tiempos, habitaron ese territorio.

Alfredo, habitante de una de las poblaciones del departamento, durante años se dedicó a este oficio que él consideraba, otra de las formas de enfrentar el problema de no tener para el sustento diario. Relatando la rutina de una de sus jornadas de trabajo, Alfredo integra historias fantásticas acerca de algunas de las leyendas locales que dan explicación a la manera en que los huaqueros, hombres dedicados a las excavaciones, se decidían a explorar determinado terreno. Sin duda, una de las más interesantes se refiere a la leyenda de una hermosa india Sinú, hija de un cacique, quien tras su muerte, fue enterrada con sus pertenencias y riquezas. Según Alfredo, ella se aparecía a manera de espectro, en medio de la noche y con unos destellos verdes, que se presume provienen de sus ojos, señalaba el lugar donde al día siguiente se debía empezar a huaquear.

Como ésta, existen muchas otras historias que justifican de manera folclórica, el por qué de las excavaciones que no sólo en Córdoba sino también a lo largo de todo el territorio nacional colombiano, fueron sin proponérselo, una de las causas del comercio ilícito de piezas arqueológicas y de bienes culturales. Otras explicaciones menos fantásticas, dan cuenta de las causas y consecuencias de este fenómeno.

En las ricas regiones de asentamientos indígenas de antaño y de terrenos fértiles que aún siguen siendo productivos, existe un fuerte contraste marcado por los niveles de vida de los terratenientes, quienes poseen la mayor parte de las grandes extensiones del terreno productivo de los departamentos en Colombia y las deterioradas condiciones en las que vive la mayoría de la población. En el segundo caso, la necesidad, la ignorancia y en ocasiones, la avaricia dan cuenta de las razones por las que algunas personas se dedican a la huaquería, y que ésta se haya constituido en una actividad económica de sostenimiento para quienes carecen de otra fuente de trabajo.

Alfredo relata como ésta actividad se convirtió entonces, especialmente durante la década de los ochenta y de los noventa, en una nueva forma de combatir la pobreza. Es importante resaltar que, si bien es cierto, la huaquería es una forma de supervivencia a para los campesinos, no lo es para los comerciantes y traficantes ilegales, que venden al mejor postor nuestra memoria histórica y cultural. Son éstos últimos los que se lucran, al colocar en el mercado internacional del arte, nuestro patrimonio, en donde las piezas se venden a precios exorbitantes. Su experiencia muy local, describe un fenómeno común a lo largo y ancho de toda América Latina, la destrucción y el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural.

Sin embargo, no sólo la huaquería se ha constituido en una de las actividades que atentan contra el patrimonio. En el caso colombiano en particular, el conflicto armado es otro de los factores que también ha incidido de manera negativa en el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de valor cultural

Este conflicto tiene actores reconocidos pero carece de responsables militares, civiles y políticos. Tal es el caso de la destrucción y la masacre de Bojayá, en el departamento del Chocó, al norte del país, cuyo saldo fue de más de un centenar de víctimas mortales y una iglesia, lugar de culto popular, completamente destruida por artefactos explosivos. En la década de los ochenta se pueden registrar otros dos casos históricos de atentados contra bienes patrimonio del Estado. La toma al Palacio de Justicia y la destrucción parcial de las residencias universitarias de la Universidad Nacional de Colombia. Aunque en cada caso siempre se presume de la participación de algunos actores armados en la contienda y pese a la existencia de las sanciones para penalizar tanto el delito de asesinato como el de destrucción del patrimonio, los responsables no son juzgados ni sancionados.

En el caso de la huaquería, no se puede responsabilizar e incriminar a personas como Alfredo, que en su esfuerzo por mejorar su calidad de vida, han visto en la huaquería otra actividad alternativa para solucionar sus problemas económicos. Él, como muchos otros huaqueros, desconoce su responsabilidad y las implicaciones de esta actividad. Por esta razón, existe una gran preocupación por parte de las autoridades competentes en el tema del patrimonio cultural en Colombia y frente a cómo disminuir la destrucción y el tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país. Ingentes esfuerzos se han venido realizando en cuanto al tema de la divulgación y la promoción de la corresponsabilidad de la sociedad en general frente a la protección y resguardo de los objetos de valor cultural. En este sentido y a nivel gubernamental, la Dirección de Patrimonio, adscrita al Ministerio de Cultura, apoya las labores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH que de forma concordante con la política pública sobre patrimonio cultural y de acuerdo con lo establecido en la ley 397 de 1997, ley marco que protege el patrimonio cultural colombiano ha venido trabajando en la regulación de todos los asuntos inherentes al patrimonio y otros objetos de valor cultural, además de la realización de campañas que buscan reducir el tráfico ilícito de estos bienes.

Maria Isabel Gómez Ayala, Coordinadora de la Campaña Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, de la Dirección de Patrimonio, no es ajena a las causas del deterioro del patrimonio cultural en nuestro país y frente al tema específico de la existencia de los huaqueros, ella afirma que “esta actividad local se ha convertido en un negocio ilícito que trasciende los límites nacionales y contribuye al enriquecimiento de las redes internacionales del tráfico ilegal”.

Maria Isabel explica que la huaquería y el tráfico ilegal de los objetos de valor cultural delitos transnacionales que han sido promovidos por un afán de coleccionismo y por los atractivos precios que estos objetos tienen en el mercado internacional del arte. Esto ha llevado a que el tráfico ilícito de bienes culturales sea el cuarto mercado negro internacional, después del tráfico de drogas, de armamento y de especies protegidas en Latinoamérica.

No sólo las piezas arqueológicas de la cultura Sinú de Córdoba han sido objeto de saqueo, también lo son las estatuas de San Agustín del departamento del Huila y las máscaras de Tumaco del departamento de Choco en Colombia; “todas las culturas precolombinas están afectadas por el saqueo y tráfico” señala Maria Isabel. Otros lugares en el continente americano también siguen siendo objeto de exploraciones irresponsables, con el fin de saquear el legado mueble e inmueble. Textiles de las culturas amerindias peruanas y pinturas de Guatemala y Ecuador, son apenas algunos ejemplos más, de los objetos de valor cultural saqueados.

Preocupados por este fenómeno varios de los países más afectados a nivel mundial se ampararon bajo instrumentos de carácter internacional como la convención de la UNESCO de 1970, sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación, y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, acuerdo que congrega actualmente 195 países. A nivel regional la integración frente al tema del patrimonio, tanto en América Latina como en el área andina, se ha dado a partir de temas concretos buscando frenar la exportación de los objetos saqueados. En este sentido hay políticas regionales muy claras, como la reciente decisión 588 de 2004 sobre la protección del patrimonio en el área andina y el establecimiento del Comité Subregional Andino. En desarrollo de este mismo contexto regional surgen los Comités Técnicos Nacionales promovidos por UNESCO-Quito, los cuales se empezaron a crear a partir de 2001. Dichos comités funcionan de manera permanente en cada uno de los países miembros del convenio de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y se constituyen en el escenario de interlocución de varios sectores de la sociedad en pro de la defensa del patrimonio nacional de cada país.

Para dar cumplimiento a los Tratados Internacionales y, en cumplimiento de las normativas nacionales, el Ministerio de Cultura ha venido trabajando, en asocio con varias entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales, en la definición de estrategias que contrarresten el saqueo y tráfico ilegal del patrimonio cultural colombiano

Igualmente, se han desarrollado acciones con organismos internacionales como el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la Organización de Estados Americanos (OEA), la INTERPOL y la UNESCO por las instancias internacionales; Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Aerocivil y la Universidad Externado de Colombia, Placía Nacional como pares nacionales (?), son algunas de las entidades comprometidas en la labor conjunta frente al comercio perverso del patrimonio. El trabajo conjunto de estas entidades y el continuo esfuerzo durante 7 años, se consolidó en el año 2002, con la firma del primer Convenio de cooperación contra el tráfico ilícito de bienes culturales, suscrito por 13 entidades.

Para este mismo año, el Ministerio de Cultura de Colombia en trabajo conjunto con el ICOM y otros países, elaboraron la Lista Roja de bienes culturales en peligro de América Latina. Sin el ánimo de ser exhaustiva, se definió con los mismos criterios de la Lista Roja de de África y, describe de manera general, las categorías de los bienes de valor cultural más traficados en las redes del comercio internacional. Dentro de esta lista se incluyen para el caso de Colombia, las estatuas de San Agustín y las máscaras de Tumaco, hallazgos arqueológicos saqueados de dos regiones ubicadas al sur occidente del país. Igualmente incluye las esculturas y la platería coloniales.

El propósito de la publicación de esta lista es claro. Poner en alerta a las autoridades acerca de cuáles son las categorías de objetos más robados y traficados a fin de facilitar su incautación y la repatriación a sus países de origen, ya que en este momento deben estar circulando por el mercado negro del arte.

En un primer momento, la campaña contó con la financiación exclusiva del Ministerio de Cultura, posteriormente, tras la consolidación de los comités intersectoriales, la responsabilidad financiera se distribuyó entre las entidades cooperantes. Para dar un nuevo aliento a la campaña, el 27 de julio de 2005, se firmó el segundo convenio de cooperación, que consolida aún más el esfuerzo y compromiso de las entidades frente a la protección de la memoria colectiva de nuestras sociedades a través de la continuidad con los programas de sensibilización, capacitación y divulgación que desde un principio se han venido trabajando. Igualmente se busca consolidar aún más los esquemas de cooperación para tratar el tema, especialmente con los países importadores y de tránsito de los bienes culturales traficados.

A pesar de estos importantes avances aún queda mucho por hacer. La anécdota reciente contada por Alfredo, que reconstruye prácticas cotidianas del saqueo inocente en algunos casos, mal intencionado en otros, dan cuenta de la existencia de un vacío tanto en la divulgación como en la asistencia a las poblaciones que vieron en la huaquería, otra forma de ganar recursos para la subsistencia.

Otro de los vacíos y probablemente el que más preocupa a Maria Isabel, es la penalización de la huaquería. En contraste con las historias locales como la de Alfredo, las dimensiones nacionales e internacionales del tráfico ilícito de bienes culturales determinan que la cuestión de la ilegalidad y la penalización sean temas bastante difíciles de tratar.

Los móviles de esta actividad que se considera delictiva por parte de las autoridades nacionales e internacionales, pero necesaria por parte de los huaqueros, no son en la mayoría de los casos, con el ánimo de deteriorar el patrimonio cultural. Es precisamente la necesidad de quienes se dedican a las excavaciones lo que sugiere observar la huaquería desde la dimensión social del fenómeno, abstrayendo su análisis de los límites de la legalidad y la ilegalidad, para ser sus efectos con una dimensión más amplia. Sin embargo, vale la pena destacar el tema legal en la medida en que refleja los resultados del trabajo de la campaña. La huaquería como delito no se ha tipificado en el código penal colombiano. Maria Isabel comentó que al momento, existen algunas disposiciones que tienen que ver con el tema. Existe una única sanción al saqueo: cuando éste se contempla como hurto agravado o hurto a la nación. Igualmente en época reciente, durante el año 2004 el ICANH promovió un proyecto de ley para tipificar algunos delitos contra el patrimonio arqueológico.

Al respecto la propuesta de refiere específicamente, a quien comercie o transfiera sin autorización de la entidad competente, bienes del patrimonio arqueológico y a quien exporte estos bienes sin las autorizaciones previas, señaló Maria Isabel. A pesar de estas iniciativas el panorama legal no es muy claro frente al tema, quizá por la falta de voluntad política, quizás por la falta de estudios concretos en materia de política pública. Más allá de eso el problema del tráfico ilícito de bienes culturales también preocupa por sus razones y efectos sociales, temas que bien podrían ser objeto de futuras investigaciones.