Asesinatos selectivos en Tunja, Boyacá

Tunja, capital del departamento de Boyacá ubicada en la región del altiplano central andino de Colombia, con una población cercana a los trescientos mil habitantes, es el escenario de un proceso de intolerancia social que se manifiesta en asesinatos de personas que por tener reiterativos procesos jurídicos por hurto menor, quedan en la mira de grupos de limpieza social que por vías violentas de hecho imparten injusticia a estos delincuentes. La reflexión la realiza una persona que por su conocimiento y cercanía con los procesos jurídicos plantea una crítica al actual sistema penal y carcelario.

El sistema actual se inicia por cuenta de la Policía, que judicializa el caso; la fiscalía escucha en indagatoria y se nombra un defensor de oficio, en muchos casos estudiante de derecho de una universidad pública. El delincuente menor (por la calidad del delito), queda en libertad, porque la detención preventiva se aplica cuando la pena supera los cuatro años. Quedar en libertad y volver a ser capturado se convierte en un evento cíclico de nunca acabar.

El anhelo de descongestionar los juzgados aboca a los jueces a resolver procesos en forma rápida, términos que deberían tener una duración de 180 días se agotan en tres. Presión que se origina desde la Fiscalía General de La Nación, en una búsqueda de eficiencia, tan sólo estadística, en detrimento de la calidad.

El desprecio que la sociedad tiene por los delincuentes se evidencia en la forma como los nombra, les dice ’ratas’, en especial a los ladrones de cuantías menores. Igualmente, lo usan los miembros de las instituciones oficiales como la policía, hecho al que se suma el consentimiento de la sociedad sobre los actos violentos ejercidos sobre estos, que en ciertos sectores se aceptan como actos legítimos.

Ante esto los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) con otros grupos sociales como la Casa de la Mujer han realizado movilizaciones y pronunciamientos de denuncia pública en contra de los grupos de limpieza (asesinos). Cuando estas mujeres marcharon defendiendo y concientizando sobre la situación de los estratos vulnerables como los indigentes y las mujeres cabeza de familia, la movilización fue estigmatizada bajo la premisa que era una marcha de familiares de los delincuentes. Estas posturas de intolerancia traspasan el ámbito comunal y en algunos casos permea las instituciones legalmente constituidas para la defensa del pueblo y que asumen un papel de indiferencia y legitimación de los hechos violentos.

La búsqueda de la descongestión de los despachos judiciales por medio de la práctica de la conciliación, se convierte en una medida que agudiza la impunidad. El esquema institucional hace que sus funcionarios presionen para que la víctima acepte una indemnización integral, se paguen los perjuicios por el hurto. Esta práctica acelera los procesos judiciales, que en instancias anteriores tenían un término para su desarrollo de 180 días, ahora se tratan en un tiempo récord de tres días.

La intención de encontrar estándares de eficiencia, es decir, reducir el tiempo de resolución de los procesos, consolida un mayor grado de impunidad, cuando se pretende que esta práctica resuelva situaciones judiciales como el hurto calificado. La descongestión de los despachos judiciales promovida por la Fiscalía General de la Nación promulga una clasificación jurídica provisional que omite la clasificación de las diferentes calidades de hurto como el calificado y el agravado. Esta medida apunta a una aplicación de una justicia rápida y eficiente, tan sólo en el ámbito de la descongestión de los juzgados, lo que no garantiza que la aplicación de justicia permita la construcción de una sociedad justa, que cuente con mecanismos reales de inclusión para los infractores de la norma.

La resolución administrativa de la Fiscalía General de La Nación que exige la descongestión de la carga laboral de los juzgados en un cincuenta por ciento para diciembre de 2004, y en un cien por cien para diciembre 31 de 2005 obliga a los funcionarios a encontrar soluciones, que no garantizan para nada la aplicación de una verdadera justicia.