Ante la histórica inequidad y concentración de la tierra en Colombia

Hablar de la violación de derechos humanos en Colombia exige abordar la vida rural del país. El problema de la tenencia de la tierra es la causa principal de la inequidad, la pobreza, los desplazamientos forzados, la degradación ambiental y por tanto de la violencia en que se encuentra. El Estado impulsa una distribución de la tierra desconectada de las necesidades del campo y de sus pobladores.

Las reformas agrarias adelantadas no han tenido resultados alentadores, a lo que se suman la corrupción y los juegos de poder regionales y locales. La polaridad entre minifundio y latifundio es cada vez más pronunciada, pues nunca ha existido un acuerdo entre lo escrito y lo que realmente se ha hecho. Las tierras de ladera, no muy favorables para el cultivo y alejadas de los servicios básicos necesarios para el bienestar humano quedan para los minifundios, mientras, los latifundios gozan de tierras fértiles, que se dedican a la producción de pasto para la ganadería extensiva.

Por ello surge ACBRA (Asociación Colombiana de Beneficiarios de Reforma Agraria y Reactivación Económica), cuyos objetivos son el desarrollo económico y la justa distribución de la tierra, como principios para alcanzar la paz. De esa manera la definieron los 180 delegados de 11 departamentos del país presentes en el Congreso constitutivo del 3 de marzo de 1998 realizado en Bogotá.

ACBRA concibe la reforma agraria de manera integral, es decir, que cuente con dinámicas sociales y económicas favorables para el desarrollo rural, como la organización y participación comunitaria, la agricultura sostenible, proyectos de autogestión y otras formas de comercialización de productos agrícolas.

Ahora bien, la represión al movimiento campesino se ha agudizado. Eso ocurre en el marco de los fuertes golpes que han recibido las conquistas del movimiento popular en conjunto. Hoy las leyes de reforma laboral, política y judicial imponen la privatización y tienden a borrar la identidad popular en las leyes y en los planes de desarrollo, pues insisten en anular cualquier posibilidad de acción de las organizaciones. Particularmente, ACBRA ha sufrido el desplazamiento forzado de varias comunidades asociadas, asesinatos de algunos de sus dirigentes locales y una amenaza constante a los representantes nacionales de la organización.

El cierre que hace el Estado del INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) responde a su aspiración de borrar del mapa la economía campesina y de abrir el espacio para las asociaciones productivas que buscan solo la rentabilidad y la competitividad y que están en manos de los latifundistas, élites del poder político colombiano, en detrimento de los derechos del campesinado colombiano.

No obstante, ACBRA continúa su orientación hacia la unidad, vinculándose al espacio de convergencia de organizaciones campesinas, negras e indígenas de Colombia (CNI). Este espacio se conformó después de realizarse el Congreso Nacional Agrario (Bogotá, 7 y 8 de abril del 2003), en el que se lanzó el Mandato Agrario como propuesta de política pública del sector campesino.

Su trabajo tiene tres líneas principales de acción:la organización, para que los campesinos puedan ser beneficiarios de una reforma agraria integral; la asesoría en el desarrollo de la cadena productiva, que va desde la producción y la comercialización hasta la inversión de ganancias; en esta línea se lideran dinámicas en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caquetá, Huila, Magdalena, Risaralda, Nariño, Santander, Valle del Cauca, Meta y Guajira. La última línea de acción consiste en constituirse como interlocutores válidos ante el Estado y otros sectores sociales.