Municipio y federalismo, profundo debate por un municipio sólido y democrático 1-

La crisis de credibilidad del gobierno y del sistema de partido único de estado, así como las fracturas del presidencialismo y el corporativismo, han abierto a la vez, prácticamente todos los frentes que tienen que ver con una nueva relación entre sociedad y gobierno: estructura de gobierno, representación, participación ciudadana, respeto al voto, respeto entre poderes, autonomía local, soberanía de los estados, significación de la justicia.

El municipio como parte importante de este despertar, ha cobrado importancia no sólo para el proyecto neoliberal; a partir de la década de los ochentas, los sectores populares y ciudadanos han venido accediendo, cada vez con mayor amplitud, a los espacios de gestión y de gobierno municipal, más como una necesidad de retomar la conducción y democratización de su vida local y contar con autoridades que respondan a sus propios intereses, para así lograr la gestación de nuevas relaciones entre la sociedad y el gobierno.

Así, se viene desarrollado a lo largo del país un importante movimiento municipalista que pugna por conquistar la autonomía municipal, el desarrollo local y la maduración de la sociedad civil como bases de la democratización de la vida nacional. En esta insurgencia municipalista se están encontrando, nuevamente, una importante tradición de lucha popular y la participación ciudadana. En los municipios se funden algunos rasgos democráticos de herencia española y de la tradición comunitaria de los pueblos indígenas.

La creciente demanda por la autonomía local se asocia al fortalecimiento de los municipios y de la misma democracia. El trabajo en tomo a nuevas prácticas locales y regionales, no autoritarias, no jerárquicas, basadas en relaciones de poder descentralizado hacia la sociedad local; en la propuesta más que en la demanda, en renovadas formas de acción viene constituyéndose en un campo específico de trabajo donde la relación con el estado, coloca al municipio como interlocutor más -accesible, más cercano lo convierte en sujeto de los procesos de formación política de la sociedad.

El movimiento municipalista ha logrado generar su propia presencia en el país: acumulación de experiencia, articulaciones en varios estados, intercambio de experiencias de gestión e implementación de tecnologías y proyectos; y, sobre todo, avances en la elaboración de propuestas para un nuevo marco jurídico del municipio mexicano.

Estados y municipios en el nuevo federalismo.

Son muchos los problemas acumulados a lo largo del proceso de construcción del Estado nacional, el centralismo va de la mano de una historia de desviaciones del federalismo y de falta de atención al fortalecimiento municipal, por lo que el ancho a un federalismo fuerte, equitativo y democrático aún se vislumbra lejos. Sin embargo, ésta se ha convertido en una de las principales banderas del movimiento de transición en las últimas décadas.

Existe un conjunto de propuestas encaminadas a fortalecer la soberanía de los estados y la autonomía municipal:

Con relación al fortalecimiento de los Estados, se ha venido planteando que será necesario reforzar su potestad tributaría, descentralizar facultades y recursos a las entidades sin discrecionalidad, cuestiones a las que parece que se ha comprometido la actual administración cuando se anunció en 1996, la sustitución del actual sistema de coordinación fiscal en un sistema nacional de coordinación hacendaria.

Con ello, se pretende transformar el actual convenio de coordinación fiscal en un modelo de coordinación hacendaria que vincule las políticas de ingreso con las de gasto en estados y municipios, así como la coordinación entre los tres niveles. El planteamiento de que los estados amplíen sus fuentes propias de ingresos incluye la administración de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y de tenencia o uso de vehículos; en tanto que, los impuestos al activo, sobre la renta (ISR) y sobre productos del trabajo (ISPT) se fiscalizarían en forma conjunta con los estados. Más adelante -se ha dicho-, vendrá la revisión de la ley de coordinación fiscal para llevar a cada nivel los recursos y responsabilidades que les corresponden.

Frente a ello, las propuestas planteadas por los propios funcionarios fiscales de los estados se han convertido en un complejo programa de lucha: promulgar una nueva ley de coordinación fiscal ; que las entidades administren los recursos captados vía impuestos, productos, aprovechamientos y exportaciones; creación de un centro de desarrollo fiscal autónomo encargado de aprobar las políticas fiscales; reestructurar el esquema tributario para que se quede en los estados el 20.76 por ciento de los ingresos participables; aumentar el fondo general de participaciones de 18.5 por ciento a, por lo menos, un 30 por ciento; que el fondo de fomento municipal suba de 1 por ciento a 3 por ciento de las captaciones fiscales, a la vez que aumentar el fondo de reserva de 0.25 a 0.50 por ciento para compensar a Estados y municipios que reciben menos apoyo.

Con relación al fortalecimiento municipal -si bien los movimientos democráticos han formulado un amplio programa de transformación municipal-, la respuesta gubernamental se ha reducido a ofrecer reformas a las leyes orgánicas municipales de los estados a fin de ampliar la capacidad financiera y de gestión de los municipios; promover la coordinación y asociación entre ayuntamientos, promover la participación ciudadana en el municipio; y resolver la relación entre cabeceras y comunidades.