Aplicación conjunta : la experiencia de Costa Rica

Para países como Costa Rica, la implementación o aplicación conjunta es una oportunidad para captar financiamientos para proyectos de eficiencia energética y de conservación de bosques, en un contexto de ajuste estructural donde ya no existen los apoyos tradicionales (del BID, de AID...). En junio de 1994 se crea en este país la primera oficina de AC en el mundo, adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Ese mismo año, Costa Rica y los EE.UU. (a través de la Iniciativa Estadounidense de Implementación Conjunta - USIJI)suscriben una carta de intención para desarrollar programas de AC.

En 1996, Costa Rica finalizó ya su inventario de emisiones, lo que define, en cierto sentido, su capacidad de "vender" emisiones permisibles, y cuenta con una oficina para la gestión de proyectos de AC: la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC). Esta oficina tiene como funciones establecer criterios y procedimientos para los proyectos, evaluar estos proyectos, asegurando que correspondan a las metas de desarrollo nacional, crear mecanismos para facilitar el mercadeo, impulsar los proyectos y buscar su sostenibilidad. Es una instancia auditable. La conforman funcionarios del MINAE, un funcionario de PNUD, un organismo del sector privado (CINDE)y una ONG (FUNDECOR, que durante una época contó con financiamiento de AID y hoy es una institución muy sólida financieramente). Incluye varios sectores: Recursos naturales, Energía, Cambio climático y Cooperación internacional.

Los proyectos enlazan a empresas costarricenses con empresas estadunidenses, principalmente termoeléctricas. USIJI y OCIC cumplen la función de mediadores. Existen grandes proyectos (de más de 1000 ha), que se gestionan como proyectos individuales, y pequeños proyectos, que necesitan aglutinarse para poder gestionarse; la OCIC es en este caso quien asegura la "sombrilla". Cada proyecto debe conseguir un financiador, y después obtener el visto bueno de MINAE y de USIJI.

Se están formulando dos proyectos sobre uso del suelo a nivel nacional: Uno es el de Forestería Privada, que premia (o compensa)los esfuerzos de los propietarios por conservar sus bosques, reforestar o llevar a cabo un aprovechamiento sostenible. En el caso de los proyectos de reforestación, el propietario cobra a partir del cuarto año el carbono capturado durante el año anterior. Si se trata de un bosque en clímax, se calcula el carbono no emitido en función de las tasas vigentes de desforestación.

El otro proyecto es el de Areas Protegidas (PAP), definidas a partir de un reordenamiento previo. Utilizando recursos destinados a la protección de la biodiversidad, se constituyó un capital semilla, con el cual el Estado adquiere tierras particulares (para protegerlas)y gracias al cual se cumple con la "adicionalidad" exigida por USIJI. Este capital se alimentará con fondos de provenientes de la venta de Servicios Ambientales (captura de carbono, mantenimiento de biodiversidad y abasto de agua)derivados de las áreas adquiridas.

Una vez compradas las tierras, el Estado otorga los créditos por el carbono almacenado y emite certificados CTO (Certificable, Tradeable greenhouse gas Offsets). Los CTOs se definen en función de una cantidad específica de unidades de emisión de gases de efecto invernadero reducidas o capturadas durante un período de referencia (en general 20 ó 25 años), y valoradas a determinado precio (de entre 7 y 15 dólares por tonelada). Durante ese período se cobra, cada año, el carbono que se dejó de emitir. El punto de referencia "sin proyecto" (baseline)es certificado tanto por el país anfitrión como por el país inversionista. La colocación de estos CTOs permite inyectar recursos frescos a un fondo revolvente (Fondo Costarricense del Carbono), que manejará el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). En marzo de 1996 la ley forestal incorporó a los CTOs como instrumento válido.

Los costos de los proyectos son elevados. Gracias a un financiamiento del GEF se pudo consolidar el sistema de Parques Nacionales y se diseñó el sistema de Pago por Servicios Ambientales. El costo del carbono capturado debe cubrir la cuantificación del carbono contenido en un bosque y el análisis del uso del suelo y de sus tendencias. Los proyectos necesitan pagar los servicios ambientales (lo que dejan de percibir los campesinos), los costos administrativos, la supervisión (para asegurar la fijación y retención del carbono)y el monitoreo y evaluación del proyecto.

Las empresas que en Costa Rica han asumido proyectos en el campo de la energía son Plantas Eólicas S.A., Tierras Morenas, Doña Julia y Aeroenergía. En el ámbito del Uso del Suelo se mueven inversiones por 150 millones de dólares, en varios proyectos: Biodiversifix, Ecoland, Klinki y Carfix. Este último, presentado por FUNDECOR, combina reforestación, manejo de bosque natural, proyectos ecoturísticos y conservación del bosque. Los campesinos ceden derechos al Estado para que éste negocie créditos de carbono y cobran anualmente, por servicios ambientales, una cantidad que les brinda seguridad económica, y que equivale al 75% de lo que recibirían si vendieran la madera. En cierto sentido, están vendiendo la madera que van a cosechar dentro de 25 años. No resulta fácil para ellos entender la lógica del proyecto: "¿cómo van a vender aire? ¿lo van a embotellar?".

Se busca extender este esquema en toda Centroamérica. La hermana del presidente (Cristiana Figuérez)está promoviéndolo en la región. La idea es que Centroamérica conforme un bloque, para defender su posición ante la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático. Pero hay algunas limitantes, como el hecho de que no resulta siempre fácil conseguir un inversionista. Hay proyectos que, por falta de inversionista, no han sido aprobados. Sin embargo, la opción de la AC puede resultar atractiva para muchas empresas; tómese en cuenta, por ejemplo, que en Noruega las empresas deben pagar por cada tonelada emitida un impuesto de 16 dólares. En estas condiciones, cualquier proyecto con un costo inferior por tonelada puede ser atractivo (suponiendo, obviamente, que la Conferencia de las Partes apruebe a la aplicación conjunta como un mecanismo válido para mitigar el cambio climático).