La irreductible oposición de la oligarquía colombiana al reformismo social, 1930-1945

En el momento de la crisis económica de 1929 (baja de las exportaciones, del crédito, de los gastos públicos, de los salarios, alza de la cesantía y de las importaciones alimenticias), los Liberales acceden al poder del cual habían sido apartados desde 45 años. El presidente Oyala (1930-34)instaura barreras arancelarias contra las importaciones alimenticias, impone un control de los cambios y favorece el desarollo industrial. En 1934, los Liberales conservan el poder con Lopez Pumajero (1934-48). El Partido Comunista y la Unión Nacional para la Izquierda Revolucionaria (UNIR)mobilizan el campesinado en poderosos sindicatos agrarios, lo que obliga a los Liberales a implementar una "política de conciliación de los intereses económicos" que apunta a modernizar el mecanismo de producción, lo que confiere a la vez un marco legal a los conflictos sociales.

La política de Lopez Pumajero (la "Revolución en Marcha")incluye:

1- La reforma impositiva que instaura impuestos proporcionales sobre la renta, el capital y los beneficios.

2- La reforma Constitucional que otorga al Estado los medios legales para realizar inversiones y lo separa de la Iglesia.

3- La reforma territorial que reconoce la utilidad social de las propiedades territoriales pero que admite la necesitad de "modernizar la organización del trabajo" y "adecuar la estructura económica y social del campo con la de la sociedad nacional" y reglamenta las relaciones entre propietarios, colonos, granjeros y obreros agrícolas.

A pesar de su nombre, esta política no era revolucionaria del punto de vista económico. El impuesto es proporcional y las nuevas distribuciones sólo atañen finalemente al 2% del pequeño campesinado.

Pero a pesar de la reducida amplitud de las medidas, la ologarquía -sobre todo la agraria- llevó una campaña de oposición muy intensa, como si su poder económico y político estuviera profundamente amenazado: los conflictos sólo existirían a causa de los comunistas y las tierras serían distribuidas integralmente. Los grandes propietarios se organizan "para defenderse de los que pretenden apoderarse de sus bienes, que lograron adquirir por el trabajo y la inteligencia..., y de aquellos que, con falsas promesas, engañan a los ignorantes..., los explotan y corrumpen". Comienzan entonces a practicar "expulsiones preventivas" y a multiplicar las acciones de violencia contra los campesinos.

En 1938, bajo la presión de los grandes propietarios, el gobierno liberal de E. Santos renuncia a cualquier intención reformista y acepta las propuestas de ley emitidas por sus sindicatos para desarollar los cultivos de exportación y consolidar la propiedad. Lo máximo que hace consiste en crear un estatuto legal para la explotación de la tierra por los campesinos de manera a favorecer la producción de maíz para el autoconsumo y limitar las importaciones alimenticias.

La modernización del mecanismo de producción está en marcha. La legislación del trabajo y la estructura territorial han sido mantenidas casi intactas. La intransigencia y la violencia privada permitieron que los exportadores y los grandes propietarios preserven sus intereses económicos.