Descentralización y reconstrucción de la legitimidad del Estado por el Presidente Virgilio Barco, 1986-1990

Cuando V. Barco accede a la presidencia, el Estado Colombiano ya se había comprometido con el FMI a llevar a cabo una política de ajustamiento estructural. A fin de restablecer el equilibrio de la balanza comercial, el gobierno devalua el peso, reduce los salarios y reserva 70% del monto de las exportaciones al servicio de la deuda. A nivel social, este plan viene acompañado del PNR, Programa Nacional de Reordenamiento que pretende apoyar el desarollo económico de las regiones más violentas pero que consiste esencialmente en construir infraestructuras al servicio de las élites locales. Por otro lado, a fines del 85, en el momento de la toma de rehenes del Palacio de Justicia de Bogotá, el movimiento guerrillero M-19 confirmó que se negaba en proseguir con las negociaciones para la paz con el gobierno y la oligarquía que se oponen a todas las reformas agrarias. La tensión existente es extrema: grupos paramilitares, narcoterroristas y guerrilla nunca han manifestado más violencia mientras la población multiplica las manifestaciones y "huelgas cívicas" en favor de la paz. Se hace patente el fracaso de la política para la paz.

A pesar de las dificultades del contexto, V. Barco continua durante 4 años con la política iniciada por su predecesor, pero modificando sin embargo el modo de acción gubernamental. B. Betancur había seguido una vía centrada en torno a la figura presidencial mientras V. Barco emprende desde 1986 una descentralización profunda: instaura la elección de los consejos municipales por sufragio universal siendo que éstos eran antes designados por los gobernadores de provincia, nombrados a su vez por el Presidente. Asimismo crea los Consejos de reordenamiento que agrupan elegidos locales, funcionarios, representantes de organizaciones civiles, sindicales, municipales y militantes de manera a elaborar, realizar, seguir y evaluar las acciones del PNR a nivel municipal.

Despues de más de un siglo de clientelismo y con Consejos elegidos en parte y nombrados en otra, las élites económicas locales mantienen sin dificultades el control de sus decisiones y prosiguen sin cambiarlos con los proyectos implementados en su favor. Comprometida por el proceso electoral, la población se convierte en co-responsable de los recursos federales (10 a 15%)y beneficiando el PNR de un presupuesto en alza (+50%), la política "social" de V. Barco es percibida de manera relativamente positiva.