Desalojos en Managua

EL CONTEXTO

Nicaragua no tiene hoy una política nacional que pueda satisfacer las necesidades básicas en vivienda. 92% de las familias urbanas se consideran ellas mismas como propietarias de su casa pero más de 30% no tienen propiedad legal. Además, 70% de la población del país está por debajo del nivel de pobreza (FAO).

De 1988 a 1990, la responsabilidad de la aplicación de las políticas de vivienda ha sido retomada por las municipalidades, pero la mayoria de las pequeñas municipalidades no fueron capaces de soportar la carga financiera y política.

En las zonas rurales y urbanas, las poblaciones pobres están amenazadas de desalojo. En las zonas rurales, la mala voluntad del gobierno para dar crédito a las cooperativas creadas por la administración anterior, y la revisión de los documentos de la reforma rural dados por los sandinistas estan amenazando a mucha gente de perder sus medios de subsistencia y el derecho a un lote reconocido por las leyes 85 y 86. Estas leyes han dado el derecho de propiedad a la gente que se encontraba viviendo en los predios y casas abandonados por sus propietarios precedentes durante o después de la revolución Sandinista. Estas propiedades fueron expropiadas por el Gobierno y luego distribuidas. Las leyes 85 y 86 pretendían regularizar - al final de la administración Sandinista - el estatuto legal de estas propiedades. Con el gobierno de Violeta Chamorro, más de 5300 antiguos propietarios piden que se deroguen las leyes 85 y 86 para la recuperación de sus bienes que han sido distribuidos a al menos 10 000 propietarios de predios y 10 000 propietarios de casa en todo el país. Si se derogaran a las leyes 85 y 86, podrían haber miles y miles de desalojos en Nicaragua, pués, según el Movimiento Comunal, son 400 000 personas las que viven en lotes y casas adquiridas por las leyes 85 y 86, siendo la mayoria campesinos.

Sin otra opción para la gente para realizar sus derechos a la vivienda garantizados por la constitución nicaraguense, las ocupaciones de tierras se han vuelto una acción masiva. 182 asentamientos humanos ilegales han sido registrados en abril de 1990 en la ciudad de Managua. La respuesta de la Administración de Managua ha sido de amenazarlos de desalojo sin ninguna otra alternativa a cambio. A pesar de que la amenaza no ha sido ejecutada, los squatters se encuentran viviendo en una inseguridad permanente.

En las zonas urbanas, 4 intentos de desalojos masivos han sido identificados (El Boer, Tierra Prometida, Sector Mercado Mayoreo y Ruben Darió), todos en Managua. Algunos han sido realizados con el apoyo de la fuerza pública y buldozers. Pero la mayoría de estos desalojos no han sido realizados hasta el final porque el Movimiento Comunal nicaraguense opuso una activa resistencia.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO : caso El Boer

El Alcalde de Managua intentó desalojar a unas 500 familias de un asentamiento ilegal que pertenece al Gobierno Federal llamado El Boer, utilizando buldozer y fuerzas de policía "antimotines". Algunas casas precarias han sido destruidas. La policía, según la ley, no tiene jurisdicción sobre problemas de ubicación de terrenos, y mucho menos de desalojo.

La oposición activa de los colonos y la solidaridad del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)ha permitido detener la acción. El Alcalde acceptó finalmente que los colonos se quedaran en el lugar hasta la realización de un programa de vivienda. Se esta emprendiendo una negociación entre el Alcalde y los colonos para obtener un documento formal confirmando la declaración pública del Alcalde que diga que acepta que los colonos vivan en el lugar.

El motivo del desalojo organizado por la Municipalidad radica en la vulnerabilidad del asentamiento construido en una área central ya destruida por el temblor de 1972. El plano original de uso del suelo destinaba el terreno a una zona comercial de baja densidad.

Los colonos afectados por las amenazas de desalojos cuentan con el apoyo del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)quién es una ONG autónoma que aglutina fundamentalmente a sectores humildes de la sociedad nicaragüense en defensa de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El Movimiento Comunal integra alrededor de 600 comisiones en 143 municipalidades en el país. Pero su presencia organizacional se encuentra principalmente en el area urbana.

REACCIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES

La posición del gobierno de Violeta Chamorro en septiembre de 1992 relativo al problema de las invasiones de tierra es la siguiente : "No debemos de promover o permitir invasiones de tierra ya que estamos protegiendo a todos los productores, sin excepción, frente a las invasiones o cualesquiera otras violaciones de sus derechos legítimos".

A nivel internacional, la Coalición Internacional del Habitat informó al Subcomité sobre derechos económicos, sociales y culturales de la Naciones Unidas de sus inquietudes relativas a la eventual derogación a las leyes 85-86 de la constitución política de la República de Nicaragua, la cual consignará el derecho a la vivienda para miles de familias nicaragüenses. También HIC mandó cartas a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, protestando contra las continuas amenazas de desalojos y coacciones a que están siendo sometidos los pobladores de diferentes localidades de Nicaragua en violación de los derechos humanos. Ya que Nicaragua, al igual que otros 97 paises del mundo firmó y ratificó en 1980 y 1982 respectivamente, el Derecho a la vivienda contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de las Naciones Unidas.