El proceso de ordenación urbana y los desalojos en Santo Domingo

Contexto.

Santo Domingo, como la mayoría de las capitales latinoamericanas, se caracteriza por un rápido crecimiento poblacional. Casi 70% de los habitantes urbanos viven en barrios precarios tanto en el centro de la ciudad como en su periferia. En 1987, "Año internacional de los sin techos", el gobierno comenzó a remodelar la ciudad, como argumento al respecto se mencionaba el "embellecimiento de la misma y el mejoramiento del tránsito. Debido a la publicidad relacionada al festejo en 1992 del Quinto Centenario del descubrimento de América, debe mostrarse al mundo un Santo Domingo "bello, ordenado y moderno".

El proyecto de remodelación " Plan de desarrollo de la zona norte de Santo Domingo" elaborado por la cooperación alemana (GTZ)que comprende inversiones importantes pretende ofrecer alrededor de 15 mil soluciones habitacionales para más de 70 000 habitantes con bajos ingresos. El proyecto consiste principalmente en la construcción de nuevas avenidas y la ampliación de otras ya existentes, pero el planeamiento de nuevas calles no toma en absoluto en cuenta las construcciones ya existentes, ni consulta a los propios habitantes. Barrios completos fueron asi demolidos por bulldozer y los habitantes obligados a abandonar sus casas. En 1988, más de 7000 familias habían sido puestas en la calle. A fin de 1990, la cifra gira alrededor de 15 000 familias en varios barrios (Faro a Colón, Villa Juana, Villa Consuelo, La Ciénaga, Hoyo de Chulín, la 70, la Chivera, la Zurza).

Los actores involucrados en el proceso de desalojos.

A fínales de poder hacer algo contra estas medidas estatales, los habitantes de los barrios marginales se fueron organizando a nivel de barrios. En muchos barrios se crearon Comités, los cuales también se han unido en una especie de federación : COPADEBA (Comité para la Defensa de los Derechos Barriales).

En 1987, una propuesta popular fué discutida y aprobada en una asamblea convocada por COPADEBA. Abarca los puntos fundamentales siguientes que se oponen al programa de remodelación urbana propuesto por el gobierno : la remodelación urbana debe ser planeada con la participación de la gente, beneficiar a más gente, garantizar la sobrevivencia de los habitantes, realizar primero a los servicios e incluir un programa de mejoramiento de las viviendas.

La mayoría de los barrios desalojados están ubicados en terrenos propiedad del estado o de particulares. Los habitantes desalojados se amparan con la ley 39 de 1966, que facultó al poder ejecutivo a donar a personas de escasos recursos económicos los solares del Estado, en que hayan sido levantadas edificaciones para vivienda. Así, esta ley reconoce y justifica la occupacíon de los solares propiedad del Estado dominicano por parte de los particulares.

La demanda de los habitantes consiste en que el Estado legalice los terrenos occupados y realice los equipamientos y servicios necesarios. También los habitantes piden que solo se desaloje a los que viven en sitios de peligro construyéndoles su casa primero, sin llevarlos a barrancones y que se hagan proyectos de vivienda barata para los que no pueden pagar nada. Por último, los habitantes piden que se reconozca a la organización barrial para las negociaciones.

Reacciones de los diferentes sectores.

El gobierno ha aducido varias razones fundamentales para la remodelación urbana asi como para justificar los desalojos : el mejoramiento del habitat de los sectores populares, la reactivación de la economia y la búsqueda de un paliativo al problema del desempleo, el embellicimiento de la ciudad, solucionar el problema del tráfico (para los que tienen coche).

Los pobladores organizados en defensa de los desalojados opinan de hecho que la remodelación urbana tiene más bien como fin suprimir las protestas barriales, disminuyendo la densidad en la zona central y abriendo nuevos espacios a la inversión inmobiliaria.

Sin embargo, la organización de los pobladores COPADEBA ha sabido dar a conocer los desalojos a nivel internacional. Desde entonces, la Coalición internacional del Hábitat (HIC)ha formulado regularmente reclamaciones al respecto. Juntamente con HIC, COPADEBA ha presentado ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU el problema de los violentos desalojos. En respuesta a ello, el 11 de noviembre de 1990, las Naciones Unidas condenaron al gobierno de la República Dominicana por violación de los derechos humanos.

Alternativas propuestas.

Los desalojados han recibido como indemnización del gobierno sólo una autorizacíon para habitar una nueva vivienda. Las nuevas viviendas que han sido construidas por el Estado para este propósito, sin embargo, son tan caras, que la gente pobre ne puede pagarlas. Además, las nuevas viviendas no toman en cuenta las condiciones de la anterior (tamaño, uso no habitacional)ni las costumbres culturales de los moradores, ni el tamaño de la familia. Con frecuencia, como en el caso del barrio de las 800 y la zona del Faro a Colón, los moradores fueron trasladados a las afueras de la ciudad sin los servicios básicos y lejos de su entorno humano y ocupacional.