El concepto de ciudad de clase mundial y sus repercusiones en la planificación urbana para las ciudades de la región de Asia Pacífico

Los contenidos de este documento surgen de mis experiencias personales de trabajo o vínculos con programas y proyectos en una serie de ciudades asiáticas durante los últimos 25 años, y con sus urbanistas, académicos, estudiantes, políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Muchos de estos programas y proyectos recibieron el apoyo de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y agencias bilaterales de desarrollo, y la mayoría de las referencias del documento provienen de autores que conozco personalmente.

Introducción (1)

El modelo de estado de bienestar en Europa nació de una incómoda reconciliación entre el capitalismo y sus adversarios. Sus principios fueron adoptados por la mayoría de los países recientemente independizados (que no pertenecían al bloque soviético) en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El ethos del modelo sobrevivió gracias a la división del mundo entre entidades socialistas y capitalistas, además de la presencia de una China revolucionaria y de una Unión Soviética con gran poderío militar en el Consejo de Seguridad de la ONU. En estas circunstancias, una economía de mercado global simplemente no era posible. El colapso de la Unión Soviética y las repercusiones del fracaso de la Revolución Cultural en China modificaron todo esto, y en términos políticos, el capitalismo llegó a dominar el mundo.

Como resultado, hoy en día nos gobiernan tres instituciones globales. Ellas determinan la política, la cultura, las finanzas y el desarrollo a nivel mundial, y del mismo modo también la mayor parte de las políticas y de los conceptos del desarrollo a nivel nacional. Ninguna de estas instituciones es democrática por naturaleza, y por lo tanto sus decisiones y políticas no pueden modificarse por medio de normas, reglamentos y procedimientos existentes que determinen su funcionamiento. Dichas instituciones son: en primer lugar, la ONU, controlada por cinco miembros del Consejo de Seguridad que ganaron la Segunda Guerra Mundial y pueden vetar individualmente cualquier decisión de la Asamblea General; en segundo lugar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que funcionan bajo el concepto de un dólar, un voto; y en tercer lugar la Organización Internacional del Comercio (OMC), fruto de las negociaciones de la Sala Verde del G-7 las cuales dieron paso a la creación del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), y es controlada por el G-8.

Conjuntamente, estas organizaciones han promovido lo que ha llegado a conocerse como economía de “libre mercado”, cuyo aspecto más importante es la libertad de circulación del capital a través de las fronteras nacionales y la búsqueda de inversiones siempre que sea posible multiplicarlo. El proceso de ajuste estructural, al que muchos de los países más pobres tuvieron que someterse en la década de los noventa, facilitó el crecimiento de la economía de libre mercado y apoyó este proceso. El ajuste estructural exigió de los gobiernos nacionales que regularan sus balanzas de pagos y la devolución de créditos otorgados por las IFI. Para que esto fuera posible, los países que se sometían al ajuste estructural acordaron eliminar subsidios para la salud, educación y vivienda; aumentar impuestos a los servicios públicos; vender sus activos industriales e inmuebles al sector corporativo privado nacional o internacional y eliminar restricciones sobre importaciones y exportaciones. La consiguiente crisis económica a nivel nacional significó que los países más pobres no pudieran invertir –y en muchos casos ni siquiera subsidiar– en proyectos de infraestructura que han debido ser construidos por el sector corporativo nacional o internacional por medio de licitaciones internacionales. Como resultado, se ha producido un gran boom de las empresas internacionales postulando a estos proyectos. Los procesos de Construcción-Operación-Transferencia (COT) y Construcción-Operación-Propiedad (COP) fueron inventados para que fuera posible el desarrollo de infraestructura por medio de este sistema. Ambas modalidades generan infraestructura a un costo que al menos duplica la producida por cada estado, y además los gobiernos nacionales deben otorgar garantías soberanas por el capital aportado por los inversionistas.

Se ha desarrollado una terminología y conceptos totalmente nuevos para respaldar la economía de mercado. Conceptos como “el negocio no es negocio del estado”, “las ciudades son los motores del crecimiento”, además de la vinculación del bienestar económico con el crecimiento del PIB, han generado un notable impacto en las políticas nacionales de los países asiáticos. En la búsqueda del crecimiento y de la Inversión Extranjera Directa (IED), ellos han invertido con siderablemente en la creación de zonas industriales (en lugar de invertir en su propia gente) y han aceptado el concepto de agricultura “corporativa”. India es uno de los gigantes económicos emergentes que ha seguido estas políticas desde mediados de los noventa. Por esta razón, su crecimiento económico en la última década ha variado entre el 7 y el 9 por ciento. Sin embargo, se estima que debido a la creación de 500 Zonas Económicas Especiales para atraer la IED y la agricultura corporativa –ambas promovidas por el Banco Mundial en pos del crecimiento del PIB– cerca de 400 millones de personas se verían forzadas, voluntariamente o no, a trasladarse de las zonas rurales a las urbanas de aquí al 2015. (2) Esto representa el doble de la población del Reino Unido, Francia y Alemania juntos. También se está promoviendo este proceso –al cual los agricultores se resisten en muchos casos– en otros países asiáticos. (3) Se está reemplazando los cultivos alimentarios por cultivos industriales, y este proceso que incrementa el costo y la escasez de alimentos engendra consecuentemente refugiados agrícolas. Vuelve el estado vulnerable ante las presiones e intereses del sector corporativo. (4)

Para promover la IED, la ONU, el FMI y la OMC también han promovido la descentralización de los sistemas de gobernanza, otorgando un poder considerable a las instituciones locales. Este poder se está usando cada vez más para acceder a la IED y para identificar proyectos independientemente del gobierno provincial o central. Por otro lado, las reformas políticas y las desregulaciones influenciadas por las IFI han tenido un enorme impacto en los mercados de propiedades y han reestructurado las políticas de desarrollo urbanístico. El tráfico internacional de oro y de artículos de contrabando ha dejado de ser lucrativo. Por ese motivo las bandas y mafias implicadas en estas actividades del hampa se han involucrado en el negocio de los bienes raíces, y se han vinculado, con este fin, con sus socios y colegas de los bajos fondos del extranjero. Esto ha desequilibrado el mercado de la tierra y ha impulsado una masiva especulación. (5) El proceso ha sido facilitado por los conflictos regionales, por la creciente permeabilidad de las fronteras (tanto para el capital como para las personas) y por el tráfico de narcóticos. Todo esto ha introducido el elemento de la violencia, de asesinatos y de secuestros de los oponentes, rivales y activistas sociales específicos del sector de la tierra y de los bienes raíces. (6)

En casi todos los casos, el estado ha respondido a estas presiones del mercado y puesto la tierra a disposición del desarrollo por medio de conversiones del uso de suelo, de nuevos planes de urbanización y de la demolición de asentamientos informales. (7) Además de sus propias debilidades y cultura organizacionales, las organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado este proceso se han enfrentado a dos limitaciones; la falta de empatía de los medios de comunicación internacionales y la ausencia de leyes que prevengan las conversiones medioambientales y sociales inapropiadas del suelo. Incluso donde aquellas leyes existen, se carece con frecuencia de normas, reglamentos y procedimientos y de institucionalidad que las implementen. Como resultado, los tribunales suelen generar fallos que promuevan la inequidad, la pobreza y la fragmentación social. (8)

La pobreza ha aumentado en los países que no contaban con los medios para responder de manera positiva al libre mercado, y la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado en todos los casos. Para rectificar esta creciente desigualdad, las IFI han promovido el concepto de redes de seguridad para los pobres, a los que se otorgan créditos, estimulando el papel de las ONG en estos programas. Las redes de protección atienden a una muy baja proporción de la población afectada, y la participación de las ONG con importantes fondos a disposición está teniendo un efecto adverso en la cultura y la relación de las organizaciones con las políticas de urbanización y las comunidades pobres. (9) Los préstamos para proyectos de infraestructura también han aumentado, en especial para la construcción de carreteras. El cuestionamiento crece acerca de estos préstamos, de programas de ayuda, y de los proyectos promovidos por las organizaciones de la sociedad civil en el Sur. (10) Existen pruebas que demuestran que, en su mayoría, los proyectos son costosos y no son sustentables, y que una gran parte (a veces la mayor parte) de los créditos se reinvierten en el norte, bajo la forma de asistencia técnica, gastos generales y beneficios para los contratistas, promovidos por el concepto de licitaciones internacionales. (11)

Los aspectos detallados han tenido un profundo impacto en la conformación y las políticas de nuestras ciudades. Las configuraciones modificando nuestras urbes y los motivos detrás de ellas son el resultado de un poderoso nexo de urbanistas e inversionistas (muchos de ellos de origen dudoso); instituciones gubernamentales, burócratas y políticos corruptos que buscan el capital internacional para forjar sus ciudades a imagen del “Occidente”; una imagen promovida (implícita o explícitamente) por la ONU, el FMI y la OMC. Para promover este paradigma, el que llamo “paradigma neoliberal de desarrollo urbano”, también se ha promovido el concepto de ciudad de clase mundial o ciudad global. Se trata de un concepto poderoso y aceptado casi universalmente por las autoridades políticas de los gobiernos nacionales, las nuevas clases medias emergentes y la academia, en especial en Occidente.

El concepto de ciudad de Clase Mundial y sus repercusiones

Karachi, Bombay, Ciudad Ho Chi Minh, Seúl y Delhi son todas urbes que aspiran a convertirse en ciudades de Clase Mundial. Algunas aspiran ser como Shanghái y otras como Dubái. (12) La ciudad de Clase Mundial ha sido maravillosamente (y favorablemente) definida en un brillante artículo de Mehbubur Rahman y en otros materiales. (13) Según la agenda de la ciudad de Clase Mundial, la ciudad debe contar con arquitectura icónica por medio de la cual se debería reconocer, por ejemplo con el edificio más alto o la fuente más grande del mundo. Debe estar equipada para ser sede de un mega-evento internacional como los Juegos Olímpicos y el Mundial de la FIFA. Debe contar con departamentos en rascacielos, por oposición a asentamientos mejorados y barrios de baja altura. También debe ofrecer servicios turísticos (con frecuencia en desmedro del comercio local). Debe contar con centros comerciales en lugar de mercados tradicionales.

Para resolver su creciente problema de tráfico (resultado de los créditos bancarios para la compra de vehículos); debe construir pasos a desnivel, subterráneos y autopistas en vez de restringir la producción y la compra de automóviles y de gestionar el tráfico con más eficiencia. Para lograr todos estos requisitos una ciudad debería contar con un abultado presupuesto, para lo cual tendría que buscar la IED y el apoyo de las IFI. Para acceder a la IED, debe desarrollarse una infraestructura propicia para las inversiones y una imagen de ciudad de Clase Mundial. Para establecer tal imagen, las poblaciones pobres son desplazadas a la periferia y los reglamentos, que ya van en contra de los pobres (anti-vida de calle, anti-peatones, anti-uso mixto del suelo y anti-espacio disuelto), se vuelven aún más hostiles al permitir unas conversiones de uso del suelo nefastas medioam-biental y socialmente. La repercusión más importante de esta agenda consiste en que el capital global determine cada vez más la conformación física y social de la ciudad. Como parte de este proceso, los proyectos han reemplazado la planificación, y el uso del suelo está ahora exclusivamente determinado por el valor de la tierra y sin basarse en consideraciones sociales o medioambientales. El suelo se convirtió descaradamente en una mercancía.

La agenda que opta por la reestructuración urbana en edificios de altura en lugar de la mejora de los asentamientos, por la reubicación de los antiguos asentamientos informales a la periferia de la ciudad y por dar el espacio a megaproyectos y mega-eventos, ha dado como resultado un enorme aumento de las expulsiones en toda Asia durante los últimos cinco años. Más de 500 mil personas han sido desalojadas en Delhi solo por la preparación de los Juegos Asiáticos de 2010. (14)  (15) Todos los estudios demuestran que las personas afectadas no fueron consultadas antes del desalojo, que fueron sometidas a una sutil coacción y con frecuencia a la fuerza bruta, y que se empobrecieron aún más o contrajeron nuevas deudas en el proceso de desalojo y/o de reubicación. (16) Entre otros efectos generados por estos desalojos se cuentan la interrupción de la escolaridad de los niños, la pérdida de empleos y, el incremento de cinco a seis horas del tiempo destinado a ir al trabajo y a volver a casa, lo que afecta la vida familiar y social, la salud, la recreación y las actividades de esparcimiento. (17) Los resultados de las políticas mencionadas junto con la ausencia de subsidios adecuados para la urbanización y las viviendas sociales han producido un impresionante incremento de los asentamientos informales.

Los políticos y urbanistas del gobierno justifican el enfoque en la reestructuración urbana en edificios de altura insistiendo en que una ciudad moderna debe estar configurada con este tipo de construcciones, con espacios abiertos entremedio. También insisten en que la alta densidad de la población, necesaria para el buen funcionamiento de una ciudad, no puede lograrse con mejorar las estructuras existentes ni el aumento de personas en los barrios que ya existen. La imagen de una ciudad es gobernada por la percepción de lo que debería ser. Sin embargo, un estudio reciente sobre los asentamientos y los complejos de departamentos de Karachi ha demostrado de manera concluyente que la misma densidad recomendada por la Karachi Building Control Authority – KBCA (Autoridad de Control de la Construcción de Karachi) puede lograrse si se construyen casas pareadas con una planta baja más dos pisos (con la infraestructura conjunta necesaria) sin dañar el medioambiente ni afectar negativamente la vida social. (18)  (19)

El estudio de un proyecto de reasentamiento y mejoramiento en Ciudad Ho Chi Minh (considerado como uno de los mejores) ilustra los problemas consecuentes a la opción por la construcción en altura en lugar de la mejora. (20) En el caso de este proyecto, la compensación promedio entregada por el estado a los habitantes de departamentos es de alrededor de 5.400 dólares, monto que no incluye el crédito necesario para cubrir la brecha entre la compensación y el precio real de la vivienda. Tampoco cubre el costo de la infraestructura externa. La opción de los departamentos, considerando la economía del Vietnam, no es sustentable sin importantes préstamos provenientes de las IFI. La opción de mejora de asentamientos, por otro lado, tiene un costo de 325 dólares por hogar, y es posible gestionarla. Las comunidades también prefieren la opción de la mejora porque no pueden desempeñar actividades económicas en edificios de departamentos. De las 72 familias que debieron trasladarse a departamentos como parte del proyecto, 50 quedaron endeudadas por la mudanza, en circunstancias que ninguna tenía deudas anteriores.

La ciudad de Clase Mundial no da espacio a actividades comerciales informales ni ambulantes, excepto si están organizadas como atracciones turísticas. La relación entre estos vendedores/comerciantes ambulantes y las personas de bajos ingresos (a quienes facilitan la vida por rendírsela asequible) y los que pasan horas diariamente en los transportes para poder trabajar no se reconoce, pero desde que se han llevado a cabo desalojos a gran escala de trabajadores informales y vendedores ambulantes sin ofrecerles compensación en todas las grandes ciudades de la región del Asia Pacífico, millones de familias se han pauperizado. (21)

Gracias a los millares de millones de dólares en créditos bancarios, se ha incrementado de 80 a 100% la compra de vehículos en muchas mega-ciudades y ciudades secundarias de Asia durante la última década. Solamente en Karachi, los bancos y las empresas de leasing otorgaron el equivalente a 1,8 billones de dólares para la compra diaria de 506 vehículos en promedio durante el año fiscal 2006-2007. (22) Es inútil decir que el tráfico en las ciudades más grandes de la región se ha convertido en una pesadilla. Para resolver este problema, los urbanistas han iniciado un enorme programa de construcción de caminos, pasos a nivel, subterráneos y autopistas sin señales, los cuales han agravado la situación, además de dificultar la vida de los peatones y de los que viajan diariamente para trabajar. Junto con estos proyectos de tránsito, los medios de transporte no motorizados usados en su mayoría por los pobres (triciclos y “rickshaws” con tracción humana, carretillas con tracción animal etc.) han sido prohibidos en muchas urbes, o restringidos a la periferia o a sectores de bajos ingresos. (23) Entretanto, los proyectos de ferrocarriles ligeros para el transporte masivo no han logrado proporcionar una alternativa adecuada o asequible para los pobres, pues se trata esencialmente de iniciativas aisladas que no forman parte de un plan de transporte integral mayor.

Por causa de los procesos descritos y de otros relacionados, muchas ciudades asiáticas se han vuelto hostiles para los pobres, como para los migrantes (principalmente refugiados agrícolas) y para las comunidades que las han habitado por décadas, o incluso siglos. Los costos del suelo, de la construcción y del arriendo han aumentado mucho más de cualquier incremento de los salarios diarios para los trabajadores sin calificaciones.

La lucha contra los aspectos negativos de la ciudad de Clase Mundial

No conozco ciudad o país alguno de la región Asia Pacífico donde se haya cuestionado el paradigma neoliberal de desarrollo urbano, o donde se haya promovido una visión alternativa para la ciudad. No obstante, existen proyectos formulados bajo este paradigma cuestionados con éxito en países donde existe una cultura política popular además de organizaciones de la sociedad civil y redes sólidas.

Como ya se mencionó, el capital global ha estado buscando desesperadamente un hogar. Los proyectos inmobiliarios para los nuevos ricos y para el turismo ofrecen las mejores oportunidades para la inversión, en especial en aquellos países donde los marcos regulatorios son débiles. Los centros turísticos y condominios a lo largo de las playas de las ciudades asiáticas representan las perfectas ubicaciones para estos proyectos. Los asentamientos informales urbanos proveen lucros atractivos para los centros comerciales, siempre y cuando se desalojen a los habitantes. Los gobiernos nacionales y urbanos recientemente legitimados han vendido o acordado vender clandestinamente estos activos a empresas nacionales y/o internacionales sin informar a los residentes, y sin realizar acciones para el reasentamiento de la población expulsada. Según una serie de informes, casi la mitad de Camboya ha sido vendida a inversionistas extranjeros entre 2006 y 2008 –lo que incluye siete islas cerca de la costa y un gran número de playas–, y los hogares de los residentes han sido demolidos. (24) Como resultado, en 2007, el incremento de la IED llegó a superar 1.500% en comparación con los cuatro años anteriores. Esta inversión ha empobrecido aún más a los que ya eran pobres, y los ha dejado sin empleo ni hogar. Ha sido beneficiosa para los inversionistas, sus socios locales y los políticos. (25) Camboya es un país pobre, que todavía está en proceso de recuperación de años de devastación, genocidio y guerra. Por este motivo, el movimiento de la sociedad civil es casi inexistente, lo que posibilita esta venta clandestina con escasa o nula resistencia organizada.

Pakistán también es un país pobre, pero en comparación, cuenta con una sociedad civil sólida, con incipientes leyes medioambientales y laborales además de una cultura política del sector popular surgida de repetidas luchas por la restauración de la democracia. En 2007, el Primer Ministro de Pakistán acordó vender dos islas cercanas a la costa de Karachi a una empresa con sede en Dubái, contra una inversión de 43 mil millones de dólares. Además aceptó proporcionar cerca de 33 mil hectáreas costeras a Limitless, otra empresa con sede en Dubái, para un proyecto de 500 mil millones de dólares cuya inversión inicial suma 150 mil millones de dólares. Al aceptar esta venta, el Primer Ministro eludió las leyes y procedimientos jurídicos existentes. En adición, se evaluaba que los proyectos (exclusivamente para condominios de lujo, hoteles 5 estrellas y marinas) tendrían un impacto negativo en la subsistencia de 200 mil pescadores, desalojarían los habitantes de unos 36 pueblos e impedirían el acceso a la playa de los grupos de ingresos bajos y medios bajos. Los proyectos de urbanización de las playas también intentaron impedir su acceso a los grupos de bajos ingresos, prohibiendo locales informales de venta y consumo de alimentos en ellas y reemplazando los locales por patios de comida formales y caros. (26)

Las organizaciones de la sociedad civil de Karachi crearon una red para oponerse a los proyectos de reconversión de las playas y de venta de las islas. Dicha red contaba con organizaciones de pescadores, escuelas, ONG, organizaciones comunitarias en asentamientos de bajos ingresos, academias, autoridades destacadas (como ex jueces de la Corte Suprema) y medios de comunicación impresos. El resultado fue que la venta de las islas quedó en suspenso, y el proyecto Limitless cancelado. Anteriormente, por medio del mismo proceso, redes respaldadas por organizaciones que trabajan con grupos de bajos ingresos se opusieron al Proyecto de Transporte Masivo de Karachi de 1994, lo que resultó en su modificación.  (27) También se canceló un crédito de 100 millones de dolares otorgado por el Asian Development Bank – ADB (Banco Asiático de Desarrollo) por un proyecto de tratamiento de aguas servidas, cuando una ONG que trabajaba con comunidades de asentamientos informales presentó una alternativa de 20 millones de dólares e hizo lobby por medio de una red. (28) Los organismos profesionales, representantes de arquitectos y urbanistas brillaron por su ausencia en estos procesos, aun cuando algunos arquitectos participaran en los movimientos a titulo personal.

En Bombay, se ha llevado a cabo un proceso similar al de Karachi. El gobierno del estado de Maharastra –cuya capital es Bombay–, publicó un anuncio llamando a “muestra de interés” para la reurbanización de Dharavi, asentamiento informal dentro de la ciudad. La propuesta del promotor inmobiliario contemplaba un estudio del asentamiento, el ejercicio de diseño urbano y el reasentamiento de la población desplazada y/o la entrega de viviendas. Dharavi cuenta con una población de más de medio millón de personas, y sus actividades comerciales e industrias informales abastecen al mercado formal y generan ingresos equivalentes a mucho más de 500 millones de dólares al año. A pesar de lo anterior, el anuncio denominaba al asentamiento como una mina de oro y el promotor preguntó al inversionista si la perspectiva le interesaba. (29) Los habitantes y negocios de Dharavi no fueron ni consultados ni notificados del aviso. Además, para un emprendimiento de tal envergadura, se requería una Evaluación de Impacto Medioambiental de acuerdo con la legislación india, que tampoco se llevó a cabo. Más grave aún era el hecho que se le pidiera al urbanista realizar el estudio del asentamiento, cuando ya existían notables diferencias entre los estudios sobre Dharavi realizado por el gobierno y las ONG. (30)

Para oponerse al plan del gobierno, se formó especialmente una red compuesta de National Slum Dwellers Federation – NSDF (Federación Nacional de Residentes de asentamientos informales), una organización nacional de 500 mil hogares), más ONG que trabajan con grupos de bajos ingresos tal como Society for the Promotion of Area Resource Centres – SPARC (Sociedad para la Promoción de Recursos por Área), ciudadanos afectados y organizaciones interesadas. Académicos, artistas, investigadores y ONG internacionales también expresaron su preocupación. Entretanto, el presidente de la NSDF ofreció asociarse con el gobierno estadual para el desarrollo de Dharavi, y también amenazó con provocar perturbaciones si el plan del gobierno se aplicaba. Gracias a este movimiento se emprendieron negociaciones, y Mashal, una ONG, ganó el mandado de llevar a cabo un estudio de Dharavi con el apoyo de NSDF y SPARC. (31)

Todos los movimientos exitosos que están en contra de proyectos sin sensibilidad social tienen una serie de puntos en común. Primero, la existencia de una gran red u organización de comunidades pobres; segundo, la presencia de organizaciones que las apoyan con información y lidership administrativa y técnica pero no las controlan ni las dirigen; tercero, la investigación sobre temas sociales, técnicos y de planificación que cuestione el proyecto de manera informal y presente alternativas; cuarto, el apoyo de ciudadanos preocupados y destacados, de organismos profesionales, de académicos y de los medios de comunicación; y quinto, el hecho que los éxitos o la red no pertenezcan a un solo grupo. Otro aspecto que ha surgido de una serie de estudios de caso consiste en que, lamentablemente, la violencia o su amenaza constituyen la única forma de disidencia reconocida y admitida por los círculos oficiales. (32)

Al lúgubre cuadro descrito, se debe añadir esperanza. Para esto, sirve el ejemplo de Mankong Collective Housing Program (Programa Colectivo de Vivienda Baan Mankong), un proyecto nacional de mejora de asentamientos precarios creado por el gobierno tailandés en 2003, implementado por Community Organizations Development Institute – CODI (Instituto para el Desarrollo de Organizaciones Comunitarias). En el marco del proyecto, las comunidades organizadas por medio de un proceso de programas de ahorro y crédito identifican y adquieren tierras para la construcción o la mejora de viviendas a través usando subsidios y créditos gubernamentales. Para impedir la especulación, se ha adoptado una estrategia de propiedad colectiva en lugar de individual. Los gobiernos locales, los profesionales, las universidades y las ONG están comprometidos con las comunidades pobres del programa de CODI. Entre enero de 2003 y marzo de 2008, más de 53.976 hogares de 226 ciudades de Tailandia habían recibido beneficios del programa. (33)

¿Una alternativa al concepto de ciudad de Clase Mundial?

¿Cuál es la alternativa al concepto de ciudad de Clase Mundial? ¿Una ciudad inclusiva, abierta a los peatones y acogedora para los que pasan horas diarias en los transportes, que se basa en los principios de la justicia y la igualdad? ¿Qué procesos permiten desarrollar una visión para tal alternativa, y cómo puede promoverse? ¿Podría esta alternativa nacer de los procesos que cuestionan (con y sin éxito) los proyectos impulsados por el paradigma neoliberal de desarrollo urbano? Tal vez debamos debatirlo, ¿pero qué debemos hacer en el intertanto? En el caso de Karachi, me parece que los proyectos reemplazarán a la planificación en el futuro inmediato. He intentado promover algunos principios sobre la base de lo cual se debería evaluar y/o modificar los proyectos. Estos no deberían dañar la ecología de la región donde se ubica la ciudad, y como prioridad deberían apuntar a servir a los intereses de la mayoría de los habitantes quienes son, en el caso de nuestras ciudades, los grupos de ingresos bajos y medios bajos. Los proyectos deberían determinar el uso del suelo según consideraciones sociales y medioambientales y no solo el valor de los terrenos. Finalmente, deberían proteger el patrimonio cultural tangible e intangible de las comunidades. Sin embargo, sin cariño y respeto por el entorno natural y las personas que conforman la mayor parte de los habitantes de las urbes, no se puede seguir eficazmente estos principios.

La pregunta sigue siendo si la megalomanía y oportunismo de los políticos y de los urbanistas aceptará un paradigma nuevo y más humano, que restrinja sus ganancias y desmercantilice la tierra. Es dudoso, a menos que sientan la presión de las redes a lo largo de la ciudad, armadas con investigaciones y visiones alternativas. La clave para provocar el cambio yace en la naturaleza de la educación profesional. Con frecuencia pienso que podría ser útil que los arquitectos, urbanistas e ingenieros que se titulan presten un juramento similar al de los médicos, y en caso de que no respeten sus promesas, se eliminen sus nombres de las listas profesionales. En 1983, luego de evaluar el daño medioambiental que había causado parte de mi trabajo, prometí en un artículo que:

“No realizaré proyectos que dañen irreparablemente la ecología y el medio ambiente del área donde se ubican; no realizaré proyectos que paupericen, que desplacen personas y destruyan el patrimonio cultural tangible e intangible de las comunidades que viven en la ciudad; no realizaré proyectos que destruyan el espacio público donde se juntan personas de diferentes clases sociales y que violen los ordenanzas municipales acerca de los edificios y los normas de zonificación; y siempre me opondré a los proyectos insensibles que incurren en todo lo anterior, siempre que pueda ofrecer alternativas viables.” (34)

He intentado cumplir con aquella promesa, y creo que lo he logrado.

 

 

Environment Network), Estambul, Turquía, 12 – 16 de octubre de 2009.