El Movimiento de Pobladores en Lucha, Santiago, Chile

El resurgimiento del movimiento de pobladores en Santiago de Chile

En Chile, los movimientos de pobladores del principio de siglo XXI tienen sus raíces en la larga historia de luchas de estos movimientos durante el siglo XX: es así como tienen muchos rasgos similares en sus demandas y acciones. Sin embargo, se diferencian de los movimientos de los años sesenta, setenta y ochenta, por tres razones (1): la fragmentación de la identidad del poblador; la aspiración a la igualdad; la acción fragmentada.

La fragmentación de la identidad del “ser poblador” es el resultado de los cambios políticos que ha sufrido Chile desde la dictadura militar (1973-1990) con la instalación de un modelo económico, social y cultural neoliberal que ha tenido consecuencias en el tejido social del país. Si bien durante los años de la dictadura, de mucha violencia y pobreza para los pobladores, el enemigo era visible y la lucha clara, con la vuelta de la democracia; no es tan simple definir para qué o contra qué va la lucha de los pobladores.

La identidad del poblador se hace más compleja a raíz de la misma individualización generada por las reformas neoliberales de la dictadura y de la democracia, que han creado un habitante de la población que puede no reconocerse como “poblador”, con poca identidad en torno a su territorio marginalizado y mal percibido. Los pobladores de hoy día son “doblemente desheredados: del legado de sus ancestros y de las promesas de la modernidad contemporánea” (2). Una de las causas de esta pérdida de identidad puede explicarse por la misma política habitacional que empezó durante la dictadura y siguió en democracia con los diferentes gobiernos de la Concertación, traduciéndose, entre otras cosas, en la erradicación de los asentamientos precarios (campamentos, tomas de terrenos).

En efecto, el traslado de las familias de los campamentos a las poblaciones,villas de viviendas sociales, de baja calidad y de pocos metros cuadrados, ha generado en muchos casos una pérdida de los vínculos sociales fuertes que se habían tejidos en la lucha por la sobrevivencia en el campamento. Esta pérdida de redes fuertes, que eran un apoyo en el día a día, se vive por los nuevos llegados a la población como una sensación más grande aún de pobreza. Aunque contentas por las comodidades nuevas que encuentran en las viviendas sociales, las familias recién llegadas se sienten en un ambiente de “desconfianza, miedo e inseguridad” (3).

Es a partir de esta misma situación de allegamiento de las familias, de carencia de vivienda digna, que los pobladores se organizan. Esto se traduce en luchas por retomar el espacio público desde la organización comunitaria, haciendo un puente entre los movimientos de pobladores antiguos y la situación actual, queriendo recuperar y fortalecer los vínculos sociales entre los pobladores.

Historia de la construcción del MPL: reuniones de hermanos para obtener viviendas dignas

En mapudungun, la lengua de los mapuche, “Peñalolén” significa “reunión de hermanos”, lo que dio lugar al nombre de la actual comuna de Santiago de Chile, Peñalolén. En el siglo XIX, estas tierras estaban divididas en diversos fundos de poderosas familias terratenientes. Desde los años sesenta empezaron las tomas de terrenos –ocupaciones irregulares de las tierras– como respuesta a la carencia de vivienda en Santiago, contribuyendo a construir gran parte de la comuna a través de la autoconstrucción.

La última toma en Peñalolén ocurrió en 1999 cuando 1.700 familias ocuparon un terreno de 26 hectáreas, hecho que fue notable no solo por su escala (número de familias y el tamaño del terreno ocupado) sino también porque ocurrió después de diez años de supuesto éxito de la política habitacional y en un periodo de reducción de la pobreza en el país. La toma de 1999 se enmarca en un contexto diferente de la realidad de las tomas de los años sesenta y setenta del siglo XX, en donde los pobladores luchaban para una vivienda en un contexto político y económico muy diferente, logrando construir gran parte de la ciudad.

Sin embargo, la toma de 1999 tiene los rasgos tradicionales de las tomas de terreno más emblemáticas de Santiago de Chile, y dio lugar a una organización eficaz de los pobladores que demostraron su voluntad por integrarse a la ciudad que los excluye. Lograron demostrar que eran actores indispensables, protagonistas de la construcción de la ciudad, al contrario de lo que muestra la política habitacional subsidiaria de los últimos treinta años, que reconoce solo dos actores, el estado y el mercado.

Los pobladores, a través de su lucha, determinación y trabajo lograron con la toma de Peñalolén encontrar diversas salidas a sus demandas de vida digna con la libertad y la solidaridad que se desarrollaron al interior de ésta. Cabe destacar que en 2010, la toma de Peñalolén sigue existiendo, con más de 400 familias viviendo en condiciones de vida precarias, constantemente vigilados por la policía y bajo presión para ser expulsados.

Lucha y Vivienda

La tradición de lucha por un lugar en la ciudad y una vivienda digna siguió viva en los pobladores de Peñalolén incluso después de la toma de 1999. En 2003 nació la organización Lucha y Vivienda con asambleas barriales y consejos de delegados, para poder descentralizar el poder de decisión dentro de la organización en general. A pesar del discurso oficial de éxito de la política habitacional chilena de los noventa, las organizaciones como Lucha y Vivienda se organizaron para reivindicar sus aspiraciones a una vivienda digna, en un lugar donde se han tejido históricamente sus vínculos sociales; en resumen, su voluntad de gozar del derecho a la vivienda y a la ciudad, quedándose en el territorio que los vio nacer.

El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), nuevo nombre, misma lucha

En 2006 surge el MPL, a partir de la organización original Lucha y Vivienda, como nuevo referente para seguir la lucha por el derecho a la vivienda de los pobladores de la comuna de Peñalolén. En los últimos años, los pobladores del MPL lograron varios éxitos, a diversos niveles para hacer realidad el derecho a la ciudad y a la vivienda en su comuna. Estos esfuerzos nacen de la voluntad de recuperar un papel activo en la toma de decisiones y de hacer realidad la participación de los pobladores, recuperando el tejido social perdido durante años de dictadura militar y de política neoliberal, así como durante la democracia y la política habitacional subsidiaria continuada por los diferentes gobiernos de la Concertación (1990-2010), que acarreó efectos de individualización y poca participación de los pobladores.

El planteamiento ideológico: del beneficiario al “nuevo poblador”

Muchos enfoques de políticas públicas, investigaciones académicas y otros, consideran a las poblaciones de las periferias pobres urbanas como anomalías, problemas a resolver por las políticas sociales, urbanas, habitacionales, etc., pero pocas veces se las plantea como espacios con potencialidades emancipatorias, como territorios donde los pobladores puedan ejercer poder “desde abajo”. Un camino para avanzar en este sentido sería adoptar el enfoque de derecho en políticas públicas, las cuales se basan en la participación de los sectores excluidos en el diseño e implementación de las mismas. Se trata de entender a los pobladores ya no como meros objetos de la política pública, sino que como sujetos de derechos, actores y protagonistas de los procesos de construcción social del territorio, así como de la producción del hábitat. Específicamente la propuesta del derecho a la ciudad nos entrega un marco para el diseño de políticas públicas urbano-habitacionales con enfoque de derecho.

Lo que han logrado las políticas públicas subsidiarias de los últimos treinta años en Chile, ha sido convertir a los pobres –considerados como marginados, vulnerables, excluidos– en simples beneficiarios, los cuales son asistidos por programas sociales, objetos focalizados de la política pública.

El giro está en retomar el papel histórico de los pobladores como constructores de ciudad, y su participación en los procesos políticos, específicamente en las políticas públicas. Es entenderlos como fuerza política y productiva, como sujetos de derecho, que se posicionan a partir de la conquista de nuevos territorios físicos, culturales, sociales, económicos y políticos. Y así logran cambiar la lógica de asistidos o beneficiarios, para instalar una nueva posición frente al estado, mutando sus prácticas, apropiándoselo, redistribuyendo la plusvalía, ejerciendo ciudadanía, sin esperar conquistar todo el poder –como era el paradigma del siglo XX– sino que ejerciéndolo desde los territorios.

La visión negativa desde el estado hacia los territorios de la pobreza urbana, ha sido terreno fértil para fomentar la segregación física y simbólica que se cierne sobre ellos. Proponemos una mirada diferente hacia las periferias urbanas, la cual además es coincidente con el enfoque de derecho en políticas públicas centradas en el habitante, y entendemos que “los suburbios de las ciudades del Tercer Mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo” (4).

Alienaciones urbanas desde el estado subsidiario y desalienaciones colectivas desde los territorios

La misma acción del estado subsidiario ha sido quizás la mayor causante de problemas sociales en la ciudad. Hay que mirar la crisis que ha generado la acción de la política habitacional creando “guetos” de pobreza urbana de pobladores “con techo” (5), los cuales dejaron de ser sujetos de derechos, siendo solo beneficiarios u objeto de programas sociales focalizados. “El mundo de la marginalidad, es de hecho, construido por el estado, en un proceso de integración social y movilización política, a cambio de bienes y servicios que solamente él puede procurar” (6).

Podemos hacer referencia al concepto de alienación, instaurado por la política habitacional subsidiaria, desde una nueva perspectiva de alienación en el trabajo, entendido ahora como una alienación resultado de la política pública subsidiaria. Entendemos el concepto de alienación como esa situación “impuesta en todas las facetas de la vida cotidiana del individuo por instituciones y organizaciones que no permiten su participación en la provisión de servicios” (7).

Turner culpa de esta alienación, a los sistemas heterónomos, administrados centralmente y dependientes de grandes estructuras piramidales de crecimiento continuo, basadas en tecnologías centralizadoras (8). Se refiere a la reducción de la libertad cotidiana, fundamentada en una actitud feudal por parte del estado hacia las clases sociales. Señala que esta actitud no es responsabilidad exclusiva de los políticos o dirigentes, sino que también de profesionales y funcionarios que implementan la política, que consideran a los ciudadanos “ordinarios”: los pobladores, dependientes de ellos y de sus decisiones como ciudadanos “extraordinarios”: los expertos. Todos, políticos y profesionales realizan una “administración de servicios a unos beneficiarios dependientes, cuya ignorancia e incapacidad se dan por sentadas”, poniendo en práctica una forma de relación paterno-filial y de dependencia entre el estado y los pobladores (9).

No se trata de negar la existencia del estado, ni tampoco de culparlo de todos los males, sino que plantearlo como necesario para la existencia de ciertas instituciones, estructuras, regulaciones y financiamientos. Insistimos en que la responsabilidad tiene que ver con el paradigma que manejan los “expertos”, profesionales, ejecutores de la política, quienes no dan espacios de participación a los pobladores. Para implementar una política con enfoque de derecho, entonces, es necesario un cambio de paradigma amplio, que incluye a los políticos, a los diseñadores de políticas y a los ejecutores de éstas, así como a los propios pobladores, suponiendo que estos roles estancos empiezan a “movilizarse”. Mayores grados de participación y empoderamiento en el camino hacia el derecho a la ciudad, son base fundamental de la acción de los movimientos de pobladores.

Las prácticas territoriales de los movimientos sociales, en este caso del MPL, pueden llegar a convertirse en procesos emancipatorios, y siguiendo la idea de Zibechi (2008), en “desalienaciones colectivas”, que para esta lectura se entienden en el proceso de empoderamiento del enfoque de derecho, y como punto de partida desde los prismas del derecho a la vivienda, y en segundo lugar, y más incipientemente, del derecho a la ciudad desde un movimiento social urbano en formación. Mientras los pobladores, en definitiva la clase obrera, “no aprenda a enfrentarse a esa capacidad burguesa de dominar el espacio y producirlo, de dar forma a una nueva geografía de la producción y de las relaciones sociales, siempre jugará desde una posición de debilidad más que de fuerza” (10).

Las acciones del MPL hacia el derecho a la ciudad

El MPL se plantea como una organización territorial, lo que supone hacer un análisis del movimiento social desde otra perspectiva: ya no de las formas de organización ni de los repertorios de la movilización, sino de las relaciones sociales en los territorios. “Hay una batalla de descolonización del pensamiento a la que la recuperación del concepto de territorio tal vez pueda contribuir” (11).

El MPL no se limita a elevar demandas al estado, en una lógica reivindicativaasistencialista, sino que critica las políticas actuales proponiendo a la vez alternativas desde un territorio específico –la población– al modelo hegemónico, reivindicando la conquista territorial de espacios de autonomía y autogestión. Estas demandas-acciones han requerido de un proceso creativo que paralelamente va “por dentro y por fuera” (12) de la institucionalidad vigente, y que opera en los intersticios que la misma deja. Estos espacios son utilizados por el MPL instrumentalmente para incidir en la política y alcanzar sus objetivos de más largo alcance, que tienen que ver con ejercer derechos, antes que solo satisfacer necesidades, asumiendo como propio el enfoque de derecho en políticas públicas. Estos objetivos de más largo alcance se basan además en ejercer autónomamente poder desde los territorios.

El traspaso de poder estatal a las organizaciones locales va de la mano con los fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad –como marco para el diseño de políticas públicas con enfoque de derecho– que plantea entre otras cosas, la función social de la ciudad, así como la prevalencia del interés colectivo sobre el individual. Así mismo plantea la gestión democrática de la ciudad, por ejemplo a través de espacios para la formulación y conducción participativa de las políticas públicas, así como la producción democrática de la ciudad, incluyendo la producción social del hábitat. En el caso de la trayectoria del MPL, todos estos fundamentos son coincidentes y coherentes con su accionar desde el territorio. Ejercer poder desde los territorios, desde abajo, implica también poner en evidencia las contradicciones que se dan en la ciudad, especialmente en una ciudad segregada como Santiago, donde la desigualdad es evidente en su distribución territorial. El derecho a la ciudad plantea el usufructo equitativo de ésta, asunto que en el ámbito habitacional denota –como señalan los dirigentes del MPL– el “conflicto en términos de clase, como una lucha de clases, finalmente esta pelea por la vivienda es por el control de la plusvalía, por el control de la riqueza, y se dirime en qué clase obtiene finalmente la mayor cantidad de conquistas” (13).

La propuesta del MPL en torno al traspaso de poder del estado a los territorios se basa en el ámbito productivo habitacional, con una iniciativa de producción social del hábitat que se “acomoda” al marco vigente de la política habitacional, para subvertirla “gestando un embrión de poder popular que responde a la necesidad de tener control sobre una rama completa de la producción, que es la construcción de viviendas sociales” (14). En este ejercicio de derechos, a través de la producción social del hábitat, hay también un pragmatismo evidente, que tiene que ver con la urgencia por responder a las demandas de los pobladores por derechos, y no solo esperar que el estado subsidiario se convierta en un estado de bienestar. Este accionar se basa en el antecedente histórico de que la ciudad ha sido construida por los pobladores.

La acción del MPL hacia el enfoque de derecho

Si bien es cierto que este movimiento se reconoce en la larga tradición de los movimientos de pobladores chilenos, usando herramientas tales como la toma de terreno y el enfrentamiento con las autoridades, el MPL desde un principio afirma su originalidad en el escenario de los movimientos de pobladores, partiendo por su lema “Nuestro sueño es más grande que la casa”. Este eslogan de la organización, sienta claramente el proyecto del MPL: no solamente los pobladores demandan por una casa, un bien privado a alcanzar con ayuda del estado, sino que su lucha es más amplia y global, apuntando a la voluntad de ser parte de la ciudad, de quedarse en el barrio, en la comuna de su elección, la voluntad de ser parte del proceso de toma de decisión, de tener un peso en las decisiones que tienen importancia en sus vidas.

La acción del MPL se plantea entonces desde “la conquista territorial de espacios de autonomía y de autogestión popular” (15). Esto apunta a reconquistar una comuna construida por sus mismos pobladores, pero en la cual se ven desposeídos de la posibilidad de decidir su destino. La voluntad de quedarse en el lugar en donde uno tiene historia, en donde se ha construido su propia identidad, el deseo de poder participar en la decisiones que afectan este lugar y por ende la vida de cada habitante y su comunidad, son elementos centrales del derecho a la ciudad, propuesta que está siendo apropiada por los movimientos sociales.

Las estrategias para lograr sus objetivos

A partir de las demandas de los pobladores del MPL, cabe aquí explicar sus estrategias para hacer efectivas sus demandas e impulsar la generación de una política urbana-habitacional con enfoque de derecho. Es así que se puede vislumbrar cinco grandes objetivos del MPL que se han construido con el paso de los años (16): 1. Conquistar el derecho a permanecer en la comuna. 2. Transformarse en una fuerza productiva autónoma. 3. Levantar estrategias autogestionadas de acción popular. 4. Ganar espacios de representación dentro de la institucionalidad política. 5. Incidir en la planificación urbana de la comuna.

En el caso de la política habitacional, con la innovadora creación de la primera EGIS y la primera constructora de los pobladores, se accederá a la política vigente, dentro de sus marcos y normativas, pero articulando e integrando a los pobladores en el proceso de gestión y producción habitacional. Este elemento no estaba contemplado en el diseño de la política pública, pero a través de la acción del movimiento social, se aproxima –casi a la fuerza– a políticas públicas con enfoque de derecho y a la producción social del hábitat, acercándose a los principios del derecho a la ciudad.

El MPL celebra como resultado de sus luchas, la aprobación y el avance autogestionado de sus proyectos habitacionales y urbanos, inaugurando su Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), y la Constructora de los pobladores. Se trata así de avanzar hacia la gestión de los aparatos de producción por los mismos pobladores, proponiendo salir de las respuestas dictadas por el estado y el mercado. Esta organización se destaca por el dinamismo de sus integrantes y la vitalidad de sus representantes. Uno de ellos: Lautaro Guanca, poblador de Lo Hermida, población histórica de Peñalolén, fue elegido el 6 de diciembre de 2008 concejal de Peñalolén para las elecciones municipales, en la lista del Partido Comunista pero como representante del MPL. De esta manera el movimiento quiso posicionarse en el escenario político establecido, para hacer llegar las demandas de los pobladores a la municipalidad, la administración local. Además al día de hoy, Guanca junto a otros dirigentes pobladores como Iván Carrasco, han formado un nuevo partido: Partido Igualdad – Herramienta para los pueblos.

En el caso de la planificación urbana, el MPL junto a otras organizaciones de la comuna de Peñalolén, se han coordinado y organizado en el contexto del diseño de un nuevo Plan Regulador Comunal (PRC), con el objetivo de construir una propuesta alternativa al PRC. Esta nueva propuesta quiero acoger los anhelos y demandas de los pobladores y habitantes de la comuna, y no solo propuestas de los tecnócratas, que a través de lenguajes técnicos y crípticos alejan a los habitantes de la participación desde el diseño original del Plan, y dejan espacios de seudo-participación, que son meros espacios informativos.

La acción por la vivienda digna en Peñalolén: del subsidio habitacional a la producción social del hábitat Es cierto que las reivindicaciones del MPL no se basan –por ahora– en la demanda de la abolición del subsidio. Los pobladores tienen conciencia de que necesitan, en el actual panorama económico y político, los subsidios del estado. Sin embargo, el MPL ha generado una crítica de la política habitacional chilena, afirmando en particular que no basta con entregar subsidios para hacer respetar el derecho a la vivienda.

Esto nos lleva a entender que las demandas del MPL se construyen en el marco institucional determinado por el estado subsidiario, en el contexto económico neoliberal, con el uso de canales políticos tradicionales (como la elección de un dirigente del MPL como concejal en el municipio), de canales de producción autogestionarios o cooperativos de vivienda (la constructora EMEPEELE Ltda.) y de gestión del proceso habitacional (EGIS).

El concepto de “conquista” demuestra que los pobladores de clase media baja se sienten despojados de su territorio, del lugar donde han nacido y crecido, muchos de ellos desde varias generaciones. En efecto, el sector suroriente de la comuna es donde más se han construido viviendas caras, donde viven familias acomodadas, con amplias casas y grandes terrenos, especialmente en barrios cerrados. Este hecho ha tenido como consecuencia un aumento del valor del suelo urbano en la comuna de Peñalolén, es decir, ha habido un notable aumento del valor de los suelos, debido especialmente a los procesos de gentrificación (17) con la aparición de los barrios cerrados. Asimismo, el Plan Regulador 2010-2020 valida estas inequidades urbanas, actuando como indicador de la voluntad del municipio de orientar la comuna hacia un cierto tipo social de habitantes.

Protagonistas del modelo habitacional vigente en Chile

Es importante constatar que el MPL, hasta antes de crear su propias EGIS y Constructora, ya venía trabajando junto a entidades privadas existentes, funcionando como muchos comités de allegados o de vivienda; es decir, siendo solo uno de los cinco principales actores del proceso habitacional vigente, siendo estos:

• Las familias organizadas en comité de vivienda o allegados;

• Las EGIS, entidades privadas, encargadas de gestionar la demanda de los comités, diseñar los proyectos, postular junto a los comités a los subsidios, hacer el seguimiento de las obras, y encargarse de todos los trámites legales del proceso, así como de la habilitación social. El estado paga la asistencia técnica de las EGIS, de un fondo distinto a los subsidios.

• El estado, a través del SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo), supervisa los proyectos, y finalmente entrega los financiamientos.

• Las constructoras, quienes son las que utilizan el dinero de los subsidios, para la construcción, de cuyo monto obtienen sus ganancias.

• Los municipios, quienes juegan un doble papel, por un lado apoyan y conducen la gestión de los pobladores a través de sus departamentos de vivienda (de hecho algunos municipios tienen sus propias EGIS), y además dan los permisos de obras y recepciones finales, a través de sus Direcciones de Obras Municipales (DOM).

Basándose en la necesidad de superar las barreras que ponen en contra de los pobladores las empresas privadas, la propuesta del MPL, entonces, es tomar ya no solo el papel de comité, sino que abordar en su seno y con sus propios pobladores, así como con el trabajo de profesionales, otros dos de los cinco roles –justamente los financiados por el estado– el de la constructora y el de la EGIS. En los primeros proyectos de vivienda del MPL, los actores en el caso de EGIS y constructoras han resultado ser actores privados, con los cuales la relación y el proceso no han sido fáciles.

La solución a las trabas de las propias políticas habitacionales de carácter neoliberal es que los pobladores tomen en sus manos su propio destino, gestionen y construyan sus viviendas, ya que si “ni el estado puede, ni los privados quieren, seremos nosotros, entonces, los que construyamos la nueva población” (18). La EGIS y la constructora son mecanismos para captar el poder que tradicionalmente ocupa el estado y mayoritariamente hoy en día, el mercado.

 

Con la participación de los mismos pobladores en la gestión y construcción de sus propios territorios, el MPL quiere recalcar el hecho que históricamente Chile ha sido siempre un país de constructores y que “hoy nos toca quedarnos progresivamente con la dirección de la producción y el producto” (19). Progresivamente, ya que el proyecto es lento y tiene que resistir a varias trabas, lo que hace que hoy día, la empresa constructora EMEPEELE Ltda. no haya construido aún viviendas sociales de las casas y departamentos que tiene en proyecto. Hoy en 2010 existe un proyecto de viviendas en construcción que ha sido gestionado por el MPL, pero está siendo ejecutado por una empresa privada de construcción.

Además de la lucha por una vivienda digna, el MPL tiene como objetivo restablecer y promocionar el sentimiento de identidad y pertenencia al barrio y a la población, el sentirse parte de la ciudad, elemento fundamental del derecho a la ciudad. Muchas acciones del MPL apuntan en este sentido, con la creación de huertos urbanos, de sedes vecinales, centros culturales comunitarios y medios de comunicación local. En este sentido podemos decir que hay un ejemplo del proceso de conquista del derecho a la ciudad, con varias acciones para defender y promocionar este derecho. Partiendo de una reacción básica de resistencia frente a un estado asistencialista y subsidiario, los pobladores se pusieron de pie para organizarse e ir más allá que el simple reclamo de sus derechos, creando respuestas adaptadas a su situación con acciones originales.

Lo importante de estas experiencias de participación y de autogestión es que dan un giro al panorama del habitante de la ciudad, que de individuo asistido esperando un subsidio para comprar una casa, pasa a ser un actor protagonista, involucrado en las decisiones de su vida y de la de sus vecinos. Esto es lo que se entiende por producción social del hábitat, en el camino de alcanzar el derecho a la ciudad.