La industria de los agrocombustibles en Guatemala

Principales padecimientos laborales en las plantaciones de caña de azúcar en Guatemala

Trabajadores temporales (zafra)

Frecuente padecimiento de enfermedades bronquiales, producto de su permanente exposición al humo generado por las quemas y el polvo de la tierra que levantan los camiones que cargan la caña.

Fuertes dolores de cabeza por la exposición prolongada a altas temperaturas, ya que el período de zafra abarca la mayor parte del verano y la ubicación geográfica de la producción cañera es en las zonas más cálidas del país.

Fatiga y dolores musculares por la excesiva prolongación de las jornadas de trabajo, en tareas que por su naturaleza requieren de mucha fuerza y desgaste físico.

Constante dolor de cadera y riñones por la permanente acción de agacharse y subir durante el corte de la caña y la poca ingesta de agua que no compensa la excesiva sudoración.

Irritaciones y afectaciones de la piel para quienes realizan labores de riego de agroquímicos sin la debida protección en las distintas plantaciones.

Trabajadores permanentes (ingenios)

El sistema agrario en Guatemala tiene sus raíces en la conquista española, cuando la tierra les fue expropiada a las poblaciones indígenas y dada como recompensa a los nuevos colonizadores. Luego de la independencia, en 1821, la tenencia de la tierra permaneció altamente desigual. Productores de cultivos de exportación, como la caña de azúcar, forzaron a los indígenas a desplazarse hacia altitudes más elevadas, cuyo clima frío era inadecuado para el tradicional cultivo de la milpa (consorcio de maíz y frijoles).

Hasta los días de hoy, la población de Guatemala sufre con uno de los más injustos sistemas de concentración agraria del mundo. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, el 0,15% de los productores detenían el 70% de las tierras arables, produciendo para la exportación; mientras que el 96% de los productores ocupaban tan sólo el 20% de las tierras. En el campo, el 90% de los habitantes viven en la pobreza y más de 500.000 familias están por debajo del nivel de subsistencia. Al mismo tiempo, el país tiene una de las poblaciones rurales históricamente más estables de América Latina, abarcando el 69% del total, y más del 50% del conjunto de los trabajadores están vinculados a la agricultura.

Diversos análisis sugieren que las tierras de cultivo en Guatemala se han vuelto cada vez más concentradas con el paso del tiempo. Entre 1964 y 1979, el número de unidades agrícolas con menos de 3,5 ha se duplicó y el tamaño medio de las que tienen menos de 7 ha cayó de 2,4 ha a 1,8 ha, en el período de 1950 a 1979. Analizando los datos del Censo Agrícola de 1979, verificamos una distribución de tierra extremadamente desigual: 88% de las propiedades tenían un área menor que los 7 ha necesarios para la subsistencia de las familias, poseyendo el 16% de las tierras arables, mientras que poco más de 2% de las haciendas mantenían el 65% de las tierras arables.

Los más de 30 años de intervenciones en el campo por parte de distintos gobiernos, ya sea la colonización dirigida por el Estado o el programa impulsado por el mercado, no afectaron su estructura agraria concentradora y excluyente: se mantuvo el patrón latifundio-minifundio, el dualismo entre la producción agrícola agroexportadora y la de consumo interno.

La mayor parte de la tierra está concentrada en pocas manos y las grandes propiedades dominan áreas donde la tierra es más fértil, situadas al sur del país, en el litoral Pacífico. Esta región concentra la producción de caña, controlada por grandes empresarios o dueños de ingenios.

La Coordinación Nacional de Indígenas y Campesinos (CONIC) denuncia que, en los distritos montañosos, el problema del minifundio se ha vuelto endémico y gran parte de la población indígena migró, debido a la poca disponibilidad de tierra arable. Se estima que más del 60% de la población rural económicamente activa de los distritos montañosos migra en busca de empleo durante algún período del año.

La concentración agraria, fruto de la expropiación histórica de las tierras indígenas, tiene seria consecuencias para el uso sustentable de la tierra, la auto-suficiencia de los pequeños propietarios y la soberanía alimentaria.

Además, el deformado régimen agrario guatemalteco resulta en una desproporción de recursos dirigidos al sector agroexportador, en detrimento de la producción de alimentos para el mercado interno.

La Reforma Agraria

Juan José Arévalo asumió como presidente en 1945, promulgando una nueva constitución que estableció la “propiedad social de la tierra” y la erradicación del latifundio. Por aquel entonces, los 22 mayores latifundistas poseían más tierras que cerca de 250 mil familias campesinas. La Ley de Titulación Suplementaria fue aprobada, determinando la concesión del título de propiedad a los campesinos que cultivaran la tierra por más de 10 años.

La legislación de Arévalo y la creciente prominencia de las organizaciones de trabajadores y campesinos durante el período de 1944-1954 constituyeron la base del programa de reformas de Jacobo Arbenz, electo presiente en 1951. Encontrándose con una distribución agraria en la cual el 88% de las unidades agrícolas ocupaban el 14% de las tierras y los grandes hacendados cultivaban, en promedio, el 19% de sus propiedades, el 17 de junio de 1952 el Congreso Guatemalteco aprobó la Ley de Reforma Agraria. Sus principales objetivos eran eliminar las condiciones feudales y todas las formas de trabajo servil, proveer de tierra a los trabajadores sin tierra o con poca tierra y distribuir crédito y asistencia técnica a los pequeños propietarios. Se estima que 180 mil familias fueron beneficiadas, lo cual representaba cerca de un 10% de la población total de la Guatemala de entonces.

La oposición a la reforma agraria fue rápida y decisiva. El 27 de junio de 1954, Arbenz fue depuesto por el coronel Castillo Armas. Y la reforma agraria en Guatemala ha sido un “tabú” desde que el programa de Arbenz fue aplastado en 1954.

La presión del gobierno de los EEUU para “repeler la amenaza comunista”, mientras protegía los intereses de compañías norteamericanas, principalmente la United Fruit, facilitó el golpe militar, apoyado por la CIA, y revirtió el intento de transformación agraria. En los primeros seis meses tras el golpe, la mayoría de las expropiaciones fue anulada y las tierras volvieron a sus antiguos dueños.

Ninguna expropiación de tierra ha ocurrido en Guatemala desde 1954, fortaleciendo el injusto sistema de distribución de tierras que persiste hasta hoy. Las tres décadas de dictadura que siguieron causaron la muerte de cerca de 300 mil personas. El Ejército cometió masacres. Asesinaron a dirigentes campesinos, sindicales, líderes de distintas organizaciones sociales, y también invadieron las tierras de varias comunidades. Muchos miembros de sindicatos fueron masacrados y ello resultó en un gran temor para los trabajadores, que persiste hasta hoy, como es el caso de los cortadores de caña, que tiene miedo de organizarse.

El apoyo de los EEUU, incentivando las exportaciones agrícolas para el mercado externo, ayudó a los grandes productores de caña de azúcar y consolidó la represión, como un “aviso” contra futuras distribuciones de tierra.

En la década de 90, dos puntos dominaron el debate público en Guatemala: la presión de organismos internacionales para implementar políticas neoliberales de ajuste estructural y el proceso de paz con miras a negociar el fin de la guerra civil.

Los Acuerdos de Paz

El 3 de mayo de 1996, el gobierno guatemalteco, el comando general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y un representante de las Naciones Unidas firmaron el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”, como parte de los amplios “Acuerdos de Paz” que, oficialmente, pusieron fin a 36 años de guerra civil. Las negociaciones simbolizaron un marco en la tentativa de redirigir los abordajes sobre el histórico problema agrario en el país.

Otros dos componentes del tratado de paz, el “Acuerdo sobre Derechos e Identidad del Pueblo Indígena” y el “Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas”, también se refieren a la cuestión agraria y al desarrollo rural. El primero enfatiza el deber del Estado de proveer de tierra a los pueblos indígenas, eliminar la discriminación de género y regularizar las tenencias comunales. El segundo reitera el compromiso del gobierno con la resolución de disputas por tierra generadas durante la guerra y la identificación de áreas para el reasentamiento. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de las cláusulas del Acuerdo de 1996 no fueron cumplidas; persisten los problemas de pobreza rural y acceso a la tierra.

Los términos del Acuerdo resultaron de prolongadas negociaciones entre varios grupos. La Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) exigió la garantía de la tenencia de la tierra para los pobres, el cumplimiento de los derechos humanos, la desmilitarización del campo, el apoyo financiero y técnico , el respeto al modo Maya de encarar el mundo y la reforma de la Constitución y de las instituciones estatales. La CNOC también reintrodujo la idea de “prosperidad social” como forma de defender la recuperación y protección de tierras comunales campesinas e indígenas.

Actualmente, la evaluación de los movimientos sociales rurales es de que la situación de hambre y pobreza empeoró luego de los acuerdos de paz, pues durante la guerra civil había más presión popular para mantener los derechos de los trabajadores.

La situación de los trabajadores del corte de la caña

Según una evaluación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), después de los acuerdos de paz hubo un aumento del trabajo temporal y de la degradación de los derechos laborales en el medio rural. El período medio de trabajo es de tan sólo 3 meses. Los trabajadores no tienen contrato directo con las empresas. De esta manera, las empresas huyen a la responsabilidad de respetar las leyes laborales. El acuerdo es negociado a través de intermediarios, que reciben un porcentaje del sueldo de los cañeros.

No hay políticas públicas que garanticen los derechos de los cortadores de caña. Durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que debería asegurar derechos básicos y jubilación rural. Sin embargo, esta institución está amenazada por el proceso de privatización de servicios públicos.

Gran parte de la mano de obra que trabaja en la industria de la caña es migrante, formada por campesinos de las regiones montañosas del país.

Las condiciones de trabajo son extremadamente precarias. Los cañeros viven en galpones, sin instalaciones sanitarias. Para aguantar el trabajo forzado, reciben sustancias químicas estimulantes. En el caso de que sufran accidentes de trabajo u otros problemas de salud, lo cual ocurre con frecuencia, no reciben tratamiento médico. No hay servicios de salud pública o asistencia por parte de las empresas a estos trabajadores.

Reivindicaciones de las organizaciones campesinas

Para la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas – CNOC, el principio fundamental del desarrollo rural es el acceso a la tierra, apoyado por inversiones en infraestructura y servicios para facilitar medios de vida sustentables. Los movimientos sociales proponen el fin del modelo agroexportador, la democratización de la tierra y la diversificación de la economía. Sus reivindicaciones incluyen:

a) el rescate de tierras públicas, improductivas y comunales. La democratización de la tenencia de la tierra se basa en los siguientes principios: “Tierra para quien cultiva; función social de la propiedad; reconocimiento de reivindicaciones históricas por la tierra”.

b) Derechos y seguridad social: Las mujeres y las comunidades históricamente marginadas deben ser priorizadas.

c) Eliminar latifundios improductivos y aplicar un impuesto sobre tierras ociosas que obligue a los propietarios a generar empleos o a pasar tierra a los campesinos sin tierra.

d) Realizar la expropiación de tierras ociosas y poco utilizadas y recuperar las tierras usurpadas durante la guerra civil.

e) Limitar la extensión de las tierras.

f) Acceso a subsidios, infraestructura, asistencia técnica, crédito, y tecnología apropiada a la agricultura campesina, en el sentido de garantizar la soberanía alimentaria y la diversificación de la agricultura.