Presión globalizadora sobre el campesinado indonesio

Henri Saragih es coordinador de la Secretaría Internacional de la Vía Campesina y líder de la Federación de Sindicatos Campesinos Indonesios, FSPI. Esta organización, que forma parte del movimiento Vía Campesina, lleva quince años luchando a favor de la reforma agraria en Indonesia. El primer programa de reforma agraria en Indonesia tuvo lugar en 1960 bajo en mandato del presidente Sukarno. Se redactó una ley básica de agricultura que fundamentalmente trataba de paliar los graves problemas de acceso a la tierra que tenían los campesinos del país. Después de siglos de feudalismo y colonización, la mayoría de las tierras agrícolas estaba en manos de grandes empresas coloniales y terratenientes. Durante los años que siguieron, el gobierno de Sukarno trató de poner en marcha la reforma agraria, pero el proceso se vio bruscamente truncado con el golpe militar del general Suharto. A los largo de los casi treinta años de violenta dictadura militar en Indonesia, la necesaria reforma agraria se paralizó.

La dictadura de Suharto fue un período especialmente terrible para los campesinos. Además del problema del acceso a la tierra, tuvieron que enfrentarse a los efectos de las políticas agrarias dictadas por el gobierno. Éstas estaban orientadas claramente a la exportación, lo que acusó aún más el problema existente. Por otra parte, la Revolución Verde, lejos de paliar el hambre, ahondó todavía más en las diferencias y supuso un nuevo quiebre para la justicia social del país. Las exigencias técnicas de las nuevas variedades de alta producción y la fuerte inversión necesaria alejaron al campesinado de la Revolución Verde. Sólo los agricultores con grandes tierras pudieron acceder a los beneficios que se proclamaban en todo el mundo. Además del empeoramiento de la situación en el campo, los campesinos indonesios tuvieron que soportar la violenta represión del régimen. Las exigencias y las propuestas de los campesinos sólo tenían como respuesta la violencia del Ejército, al que Suharto había dado rienda suelta para reprimir cualquier atisbo de movimiento campesino. Las organizaciones permanecían en la clandestinidad y sin voz para expresar sus demandas; los campesinos, pobres, sin tierra y apartados de la educación.

La dictadura de Suharto terminó en 1998, el movimiento campesino a favor de la reforma agraria pudo finalmente salir de la clandestinidad, organizarse y luchar abiertamente por sus derechos. Sin embargo, el gobierno actual no ha puesto en marcha leyes de reforma agraria y los acuerdos alcanzados con el Banco Mundial y grandes empresas multinacionales siguen impidiendo el acceso a la tierra.

En el marco de esta situación política, la organización que lidera Henri Saragih sigue teniendo los mismos objetivos que hace quince años. Defiende los derechos de 700 mil campesinos, entre los que encontramos familias a las que el gobierno requisó sus tierras a favor de grandes empresas y campesinos que jamás han tenido tierra propia que cultivar.

La Federación de sindicatos campesinos desarrolla una importante labor de asesoramiento legal a sus miembros. Por otra parte, lleva a cabo ocupaciones de tierras (con éxito en muchos casos) y promueve la autogestión de las tierras ocupadas mediante un sistema cooperativo en el que los agricultores sean dueños de sus tierras y su posterior gestión. Ha establecido una red de información sobre los organismos genéticamente modificados, que trata de preservar la biodiversidad y protege las semillas locales frente a las importadas.

La nueva situación política ha permitido que La Federación de sindicatos campesinos desarrolle su programa y lo lleve desde el campo a las esferas políticas para tratar de promover nuevas leyes que garanticen los derechos de los campesinos. Para ello promueve que la producción agrícola sea orientada hacia las necesidades domésticas en vez de la exportación a los mercados internacionales.

Sin embargo, al dictado de las órdenes del Banco Mundial, el gobierno indonesio necesita la presencia de las grandes multinacionales y protege sus intereses en vez de los de los campesinos. El actual gobierno promovió una ley que permite a las grandes empresas, extranjeras en su mayoría, contar con cuerpos especiales de policía privada para la protección de sus campos e instalaciones. Esto tiñe la luche campesina de violencia, hasta el punto que seis campesinos han sido asesinados este año mientras reclamaban sus derechos.

Henri Saragih, como coordinador de la Secretaría Internacional de Vía Campesina, ha propuesto en la Comisión de los Derechos Humanos un proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos. Su aceptación supondría un gran avance en el reconocimiento internacional de la lucha campesina y en la aceptación de la reforma agraria como un paso básico e imprescindible para la reestructuración económica y política de los países menos desarrollados.