En Venezuela, la reforma agraria es un objetivo común para las bases y el gobierno

Venezuela cuenta con una población de 24 millones de habitantes de los cuales el 30 % pertenece al sector rural. Durante la IV República (1820-1999) la aplicación de políticas neo-liberales que acabaron con el pequeño y mediano productor, así como el desinterés por el sector campesino a favor del sector petrolero, produjeron un importante éxodo rural.

El proceso de reforma agraria puesto en marcha en el 2000 por le gobierno de Chávez sigue su curso pese a que en estos últimos tres años se han vivido situaciones muy tensas y en ocasiones traumáticas para la población venezolana : el paro petrolero, el golpe de estado militar, la violencia en las zonas rurales, la fuerte oposición de la oligarquía venezolana y de algunos países extranjeros al proceso político que vive hoy Venezuela…

Alexy de Jesús Monsalve es uno de los miles de campesinos venezolanos que cree en el proceso político que se vive en Venezuela. Alexy es coordinador nacional de la organización campesina “Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora” (CANEZ), compuesta por alrededor de 4600 organizaciones de base de las diferentes regiones del país. En el año 2003, la CANEZ fue fundamentada por el Presidente Hugo Chávez pero el trabajo de las asociaciones campesinas que la componen se viene realizando desde antes. En el año 2003 hubo un reagrupamiento de fuerzas por parte de estas organizaciones con el fin de apoyar al nuevo gobierno en los objetivos recogidos en la Constitución del 30 de Diciembre del 1999 y en la nueva ley de tierras, la cual hace parte de las 49 leyes proclamadas en Noviembre del 2001. La CANEZ está afiliada a la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y a Vía Campesina Internacional. Alexy es también director nacional campesino y miembro de la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela (FEGAVEN).

La ley tierras fue modificada en noviembre del 2001 conforme a lo estipulado en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Según la nueva “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” todas las tierras del Estado –quién es, según Alexy, el mayor poseedor de tierras en Venezuela” pasan a ser propiedad social. La ley estipula también la afectación de tierras privadas para la producción agroalimentaria, en especial aquellas que sobrepasen una superficie de 5000 ha. La nueva Ley de Tierras ha permitido no solo establecer un programa de adjudicación de parcelas a los campesinos sin tierra, sino también regularizar los títulos de propiedad de aquellos campesinos que poseían tierras pero sin ningún documento oficial, lo que les impedía acceder al financiamiento y a otros beneficios de la misma ley.

El proceso de adjudicación de tierras generó una fuerte y violenta reacción por parte de la oposición y de los terratenientes, con lo cual el proceso ha sido en numerosas ocasiones bastante traumático para la población venezolana.

Con la acción emprendida por el gobierno de Chávez con esta ley, los dueños de grandes latifundios, que durante la IV República hicieron de la tierra un medio lucrativo y no un espacio de producción agrícola, se vieron amenazados. La reacción de los latifundistas fue principalmente usar la violencia asesinando a líderes campesinos, lo que ha dificultado enormemente el proceso de adjudicación de tierras. Desde el comienzo de la aplicación de la nueva ley de tierras, han sido asesinados unos 90 líderes campesinos. Alexy afirma con fuerza que existen muchas pruebas de que estos asesinatos han sido efectuados por sicarios contratados y pagados por los mismos latifundistas. A pesar de las diversas acciones que las organizaciones campesinas han emprendido para llamar la atención del poder judicial sobre estos actos, hoy en día ningún terrateniente se encuentra detenido o en juicio penal, con lo cual el campesinado se siente indefenso. El hecho es que la fiscalía y el poder judicial son independientes de los demás poderes en Venezuela, y por tanto el presidente se encuentra de manos atadas frente a esta ola de violencia en el campo Venezolano, ¿Debería esto dejar que los asesinatos continúen o por el contrario tomar medidas drásticas frente a la incompetencia del poder judicial ?

Pese a estos problemas la repartición de tierras en Venezuela ha seguido su curso. Después de 3 años de mandato, el gobierno ha entregado alrededor de un millón y medio de hectáreas y ya se han asentado más de 100 000 familias. Actualmente hay un proceso de retorno al campo. Incluso en los sectores urbanos la población se están organizando en cooperativas para poder solicitar tierras e instalarse fuera de las urbes. La ley de tierras va acompañada de medidas de desarrollo integral que buscan no solo mejorar la productividad de la tierra pero también la calidad de vida en el sector rural. La Misión “Vuelvan Caras” (nombre de una batalla que el pueblo venezolano ganó contra los colonizadores Españoles) es una de esas iniciativas que más que generar empleos, busca fomentar un modelo de desarrollo socio-económico endógeno, con la fuerte participación de los actores sociales en la red productiva. Bajo esta óptica y mediante el financiamiento de la renta petrolera que aporta alrededor de 600 millones de dólares para el desarrollo agrario, el campesinado no solo obtiene las tierras sino también la maquinaria, la asistencia técnica, la capacitación, el seguimiento y la concienciación de que cuando asumes el reto de trabajar la tierra esta se puede heredar pero no comercializar.

La promoción del cooperativismo de manera constitucional, como modelo económico de desarrollo ha tenido una gran aceptación en todos los sectores de la población venezolana, tanto urbana como rural, ya que a través de una cooperativa es mucho más fácil acceder a los medios de producción necesarios.

Actualmente el Instituto Nacional de Tierras (INTI) creado para aplicar la Ley de Tierras está elaborando un catastro de las tierras para conocer el porcentaje real que posee el Estado. Este catastro trata de corregir los desfases que hubo durante la IV República debido a la corrupción adjudicando tierras de forma fraudulenta. Pretenden igualmente verificar que las tierras registradas como privadas lo sean efectivamente y en ese caso reconocerlas como tal ya que el artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada.

Hoy en día una parte de la oposición venezolana ha comprendido las incidencias positivas de la aplicación de la Ley de Tierras : sobretodo mermar el desempleo que representa actualmente 16%, ya que el sector agrario en Venezuela es el que emplea más mano de obra. Según Alexy de Jesús Monsalve, la cuestión petrolera es ficticia desde el punto de vista de la creación de empleo ya que este sector solo genera un empleo cuando el sector agrario genera 10. Además una mayor producción de alimentos comercializables localmente contribuye a una mayor circulación de dinero y por lo tanto a una activación del aparato económico. Una pequeña parte de la oposición venezolana ha comprendido que retomar la actividad productiva como base principal para el desarrollo integral del país y de la soberanía alimentaria, que es constitucional y por tanto una obligación del Estado, permitiría solventar una gran cantidad de problemas que existen en Venezuela.

Alexy de Jesús Monsalve ve el futuro próximo en Venezuela con una perspectiva alentadora porque el pueblo venezolano está altamente implicado en le proceso de reforma política. El ciudadano se ha hecho respetar producto de una labor pedagógica que se ha llevado desde el gobierno, pero también de los sectores de oposición. Así lo muestra Alexy de Jesús Monsalve cuando dice : “Hay mucha actividad política en Venezuela, esto nos hace ver el futuro con esperanzas, y desde el punto de vista económico también porque nosotros creemos que una buena economía depende de buenas políticas y no la política de buenas economías […] no firmamos ni firmaremos con el Banco Mundial, ni con el Fondo Monetario Internacional, estamos en contra de la Organización Mundial del Comercio y en contra del ALCA”.