Plaguicidas y sustentabilidad agrícola

Es necesario contar con mayores derechos a la información sobre los riesgos que provocan estos productos. Este derecho a la información debe ser ejercido, entre otros sectores, por los trabajadores agrícolas, que constantemente están expuestos, en su vida ocupacional o como residentes de los campos de labor.

Los trabajadores agrícolas no están considerados en las negociaciones del TLC y sin embargo van a sufrir (ya lo han sufrido)el impacto de esta intensificación de la agricultura. Hay una falta de información sobre estos riesgos, lo que constituye una violación a los derechos de los trabajadores. Ellos deberían negarse a realizar una labor que ponga en riesgo su salud.

El derecho a la información también debe verse en relación con los consumidores en los grandes centros urbanos, quienes están recibiendo cotidianamente dosis pequeñas de plaguicidas de diversos tipos en sus alimentos. Se les están imponiendo riesgos sin su conocimiento. Supuestamente los límites de residuos en los plaguicidas están bajo control al establecer criterios de límites permisibles, pero esto es sólo una apariencia.

En el Tratado de Libre Comercio se ve la cuestión de los residuos como un problema de los consumidores del Norte. Sin embargo, también lo es para los del Sur, en la medida en que recibimos cantidades crecientes de alimentos producidos en esta forma. En los supermercados se encuentran productos de muchas partes del mundo sobre cuyos posibles residuos no se ejerce control.

El derecho de la información compete también a las comunidades urbanas y rurales donde se realizan los procesos de mezcla y transporte de plaguicidas. No hay medidas de emergencia en caso de accidente ni derecho a la información sobre plaguicidas que están prohibidos en otros lugares delmundo por sus efectos a la salud. Hay plaguicidas que han sido prohibidos en Estados Unidos para proteger a la población y cuya exportación a otros países está sin embargo permitida. El 25% de los plaguicidas que exporta Estados Unidos a otros países carece de registro por razones económicas o ambientales.

El derecho a la información es también el derecho de los productores a recibir asistencia técnica para el adecuado control de plagas y el manejo de la fertilidad del suelo. Con la crisis de los servicios de extensión agrícola del Estado y con su privatización, esos servicios llegan menos al campo y los que llegan promueven la agricultura industrial. Existen varios años de rezago en la formación agroecológica y microbiológica.

Por último, es necesario pugnar por la adopción de políticas agrícolas donde haya líneas de crédito especiales que permitan a los agricultores transitar hacia una agricultura sostenible. Debe existir también una mayor participación de los sectores sociales, tanto de productores como de consumidores, en los consejos sanitarios regionales y en el control del uso y manejo de estos productos.