Comité permanente para los derechos humanos de Santander, Colombia

Por toda la geografía de Colombia se vive en los últimos años un recrudecimiento de la represión hacia las organizaciones sociales, con la violencia de los grupos paramilitares (grupos de derecha, al margen de la ley). Particularmente, en el nororiente del país, estos grupos, típicamente atraídos por la importancia estratégica de cada zona, consolidaron su presencia. Es un área de frontera con Venezuela, con riquezas naturales, especialmente el carbón y los buenos suelos, con presencia de fuerzas guerrilleras (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN).

Justamente, por la fuerte incidencia de los grupos paramilitares en la zona, se constituyó a finales de los 90 el Comité Permanente por los Derechos Humanos en Santander. Era preciso hacer visible los problemas en esta región y constituir un frente común para la defensa y denuncia de la violación de estos derechos frente a la nación y el mundo. Diversas organizaciones constituyeron el Comité y dieron pasó a la denuncia constante y sistemática.

Aunque se llamó la atención sobre lo que estaba ocurriendo, no hubo respuesta gubernamental positiva e incluso el gobierno tomó la decisión de reubicar los enclaves de las fuerzas armadas, con lo que se abrieron aún más las puertas a la incursión paramilitar. En Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, por ejemplo, la desprotección condujo a que se elevaran ostensiblemente los niveles de muertes violentas, ocasionadas por la presencia « para » (de grupos paramilitares), que hizo un trabajo de lo que esos grupos llaman limpieza social (durante 1999 hubo aproximadamente 700 muertes violentas, número que se duplicó al siguiente año luego de que arribaran con toda su fuerza los grupos paramilitares).

Ante este panorama, era cada vez más necesaria la labor del Comité de Derechos Humanos de Santander. Con el paso del tiempo empezaron a presentarse desapariciones y muertes de líderes comunitarios (como Tirso Vélez y Pedro Durán), lo que generó un receso en las actividades del Comité y el fortalecimiento de la represión. Luego, el día 9 de abril de 2003 se reactiva el Comité y de nuevo el 22 del mismo recibe amenazas el coordinador, quien tuvo que abandonar la región para proteger su vida. Pero esa amenaza no fue la única. Dos meses después, otros dos de sus activistas también debieron marchar.

La situación de desplazamiento va más allá de los líderes locales. En las zonas rurales del departamento, según datos oficiales, se han desplazado aproximadamente unos 34 mil habitantes, pero se sospecha por la experiencia que son alrededor de 60 mil los desplazados de la zona.

Definitivamente, los intereses creados por la tenencia de la tierra, los contactos de una parte importante de las fuerzas políticas y, especialmente, económicas de Venezuela, la existencia de cultivos de uso ilícito, el abandono estatal y la convivencia de las Fuerzas Militares con los paramilitares han conducido al afianzamiento de la violencia y la presencia de la guerrilla

Ante las dificultades locales para continuar con el trabajo de denuncia, se creó en la ciudad de Bogotá (capital de Colombia) un proceso satélite denominado Mesa de Incidencia del Norte del Santander, cuyo propósito es buscar apoyo nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos de los habitantes de esta región del país. Participan en esta nueva propuesta organizaciones nacionales como Minga, Andas (Asociación Nacional de Ayuda Solidaria), la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Comisión Colombiana de Juristas. Otras internacionales como Terre des Hommes, del Canadá; Karre, de Italia, y PCS (Proyect Counselling Service).

La dinámica de esta Mesa toma fuerza en el marco del Encuentro Nacional e Internacional de Derechos Humanos, Paz y Democracia, « Colombia Insiste en los Derechos Humanos » realizado entre el 9 y el 11 de septiembre de 2003. En este encuentro se busca socializar la experiencia obtenida y vincular a ella a todas las personas interesadas en constituir un frente de lucha y denuncia.