Alcanzar una mejor inversión de los dineros que capta el Estado colombiano por impuestos

Colombia padece la guerra desde hace más de 40 años. Cada ciudadano aporta el 16% de sus impuestos para comprar armas, es decir, cada vez que paga el impuesto al valor agregado - IVA-, el impuesto de vivienda y demás tributos. Y esto no incluye el impuesto de guerra que desde el año 2003 están pagando los empresarios al Estado colombiano.

En este contexto nace la Iniciativa Ciudadana por la Objeción Fiscal a los Gastos Militares, que utiliza como marco de referencia los procesos y exponentes mundiales de diversas formas de objeción:los grupos religiosos cuáqueros y menonitas, personajes libertarios como León Tolstoi, la Asociación Internacional de Trabajadores - AIT-- , el célebre Rudolf Rocker con su discurso "ni un hombre, ni un arma, ni un peso para la guerra", Murray Bookchin y Noam Chomsky. En Colombia también se conocen varias experiencias en ese sentido, entre ellas, las rochelas* del siglo XVII lugar donde se organizaban negros e indígenas para resistir a la corona española, una de las estrategias era el no pago de impuestos que ordenaban los españoles.

La Campa no pretende estimular la evasión fiscal, más que dejar de pagar, la iniciativa consiste en cambiar la destinación de los recursos dedicados a la guerra. En ese sentido se ha pensado en 3 fases para su desarrollo:

La primera consiste en sensibilizar a la población, específicamente a los movimientos sociales. Se han realizado varios talleres informativos en algunas ciudades del país sobre la situación fiscal y del elevado gasto de tributos en la guerra. En este momento, las organizaciones vinculadas al proceso que se denomino Campaña Colombiana para la Objeción Fiscal a los Gastos Militares "Desarma tus impuestos y hagamos cuentas" son la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, El Comité Central Menonita, JUSTAPAZ; la Organización Femenina Popular, el Colectivo de Objeción de Conciencia para el Servicio Militar Obligatorio y la Fundación Consultores Asociados. Se pretende que al finalizar este año la información sobre la iniciativa esté en todos los rincones de Colombia.

La segunda fase de la experiencia se relaciona con la adhesión a la iniciativa. Los impulsores de la Campaña visitan los sitios donde la población, aunque es conciente de las consecuencias que puede traer el hecho de adherirse, firme el manifiesto que se ha construido en el proceso. En ese manifiesto se le apuesta a una opción no violenta y se deja constancia del desacuerdo con el gasto en material bélico.

La tercera fase tendrá lugar durante el año 2005. Todas las personas y organizaciones que se han adherido a la campaña pagarán la totalidad de sus impuestos pero con la condición de que ningún porcentaje del dinero se utilice para la guerra o, de lo contrario, el siguiente año no se pagará la totalidad de impuesto, descontando el porcentaje que el Estado gasta en la guerra. Si el Estado no tiene en cuenta esta condición, la última parte del proceso consistirá en que cada persona le reste a los impuestos el porcentaje que se utiliza para la guerra y lo invierta en obras sociales. En esa medida, cada vez que los ciudadanos tengan que pagar algún impuesto, no pagarán la totalidad de lo facturado y anexarán el recibo de inversión social, lo que sumará el total del impuesto.

En forma paralela, se está trabajando con personas del Polo Democrático (partido político) en la elaboración del proyecto de ley para reglamentar la posibilidad de objetar el pago de impuestos destinados a la guerra como desarrollo del derecho fundamental a la libertad de conciencia. Se intenta además saber cómo se gasta aquella parte de los dineros de la nación destinada para los gastos militares y que es considerada como "secretos de Estado". Esto último tiene el propósito de estimular en el mismo Congreso de la República la reflexión sobre el desconocimiento que hay acerca del manejo de esos recursos, es decir, un llamado a la transparencia.

Hay dificultades importantes en el proceso:un escaso compromiso del movimiento social, la falta de financiación a la Campaña, debido al carácter de la lucha y algunos aspectos de orden jurídico que dificultan el avance de manera más efectiva. Sin embargo, ya el tema hace parte de la reflexión y el estudio en la agenda de paz y derechos humanos.