Macroproyectos dañinos al medioambiente.

Colombia es escenario de una enorme riqueza natural que el Estado quiere explotar afanosamente. Particularmente, se insiste en aprovechar la zona hidrográfica de Córdoba, lo que arrastra consigo el daño a la biodiversidad y el aniquilamiento de campesinos e indígenas que habitan allí.

La Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, ASPROCIG, conoció en 1995 el proyecto de la hidroeléctrica Urrá. Es una organización que trabaja en el departamento de Córdoba, específicamente en la cuenca del río Sinú y el municipio de Lorica y sus miembros son pescadores, campesinos e indígenas. Reúne aproximadamente a 105 comunidades y nació en 1991. Al saber de la hidroeléctrica, comenzó a luchar para impedir su ejecución, pues su interés era defender las 180 mil hectáreas de agua que planeaba explotar dicho proyecto.

Con el paso del tiempo, ASPROCIG se enteró de que la propuesta de creación de la hidroeléctrica Urrá I tenía una segunda fase, Urrá II, y que además ambas hacían parte de un megaproyecto denominado por el Estado Plan Maestro de desarrollo integral de la cuenca hidrográfica del río Sinú. Esa propuesta afectaría directamente a la población campesina al causar el exterminio de las economías agrarias de subsistencia.

El problema más grande no era la creación de la hidroeléctrica en sus dos fases, sino el megaproyecto, que explotaba los recursos de la zona mientras dejaba a los pobladores en la miseria y agotaba las fuentes de riqueza natural del departamento.

En los años 80 se hicieron los estudios del plan maestro sin ningún tipo de consulta a la comunidad. Hoy la población no tiene a quién dirigirse para reclamar por las decisiones erradas y unilaterales, basadas en el abuso de un poder protegido por las disposiciones legales que crearon muchos políticos ventajosos y corruptos y que se disfrazaron con el nombre de progreso. Incluso, en este momento muchos colombianos desconocen que este plan maestro existe y está funcionando.

El Plan Maestro es una equivocada propuesta de desarrollo para la cuenca hidrográfica del río Sinú. Se orienta a la agroindustrialización y explotación indiscriminada. La fase Urrá I abarcó 7.400 hectáreas para generar el 3% de la demanda de energía en Colombia. La fase II es 10 veces más grande.

El megaproyecto pretende acabar con 80 mil hectáreas de humedales de Córdoba que contiene el Bajo Sinú, sin tener en cuenta que en el mundo existen 5 tipos de humedales y el Bajo Sinú reúne 4 de ellos.

La única empresa que existía en este territorio y no tenía dueño, aunque sí daba trabajo a la comunidad, era la pesca. Pero estos proyectos la acabaron. Los peces reofílicos, como el bocachico, ya no pueden subir a la presa para reproducirse, por la explotación del río y su agotamiento es ya de más del 85%.

Los compromisos del Estado con el megaproyecto se basaron en la creación de las hidroeléctricas Urrá I y II, la carretera marginal de la Costa, la creación de un puerto de aguas profundas, la flexibilización de la legislación ambiental y la adecuación de tierras. El compromiso del sector privado se relacionó con estimular la industria camaronera, la plantación comercial de árboles y la agricultura intensiva con semillas transgénicas -que aún no tiene en Colombia los debidos controles de seguridad y que han sido rechazadas mundialmente por sus efectos colaterales.

Como la construcción de 15 distritos de riego en Urrá I no pudo asegurar el manejo total del caudal del río y de sus humedales, se creó Urrá II. Los campesinos de la zona se preguntan:¿esa es la idea de desarrollo en Córdoba? ¿Puede llamarse progreso dejar a 60 mil familias pobres del bajo Sinú en la miseria? ¿Es justo permitir el avance de macroproyectos que dañan el ambiente mientras se favorecen los intereses de la empresa privada?

ASPROCIG tuteló y ganó la protección de la zona por el derecho al medio ambiente sano y la participación. Se recomendó entonces por vía legal a los alcaldes, personeros y diputados de este departamento que no permitieran la construcción de diques en los humedales. Sin embargo estas prácticas persisten y nadie hace nada.

La Asociación ha realizado manifestaciones en Lorica, tomas pacíficas de la alcaldía y la personería en Córdoba y marchas que son reprimidas por la policía nacional. Ha participado en eventos nacionales e internacionales para socializar la problemática, incluso ha realizado viajes a Europa y a algunos países suramericanos. Incluso se hizo miembro de la red internacional Manglar. Con todo, el proyecto sigue en pie. La ley 357 de 1997 le obliga al Estado cumplir los requisitos de la defensa de los humedales, no obstante en la práctica esta norma se pasa por alto.

En la actualidad vienen desarrollando un proyecto de apicultura con la población afectada para reemplazar las proteínas perdidas por la ausencia de consumo del pez denominado bocachico, que antes era plato principal en su dieta alimenticia; a pesar de esto, con los avances del megaproyecto, la región tiende a desaparecer. ¿A dónde irán 60.000 familias desplazadas del bajo Sinú?