Exodo y retorno de las Comunidades de Paz del municipio de Riosucio (Chocó) Colombia.

Para los 27000 habitantes de Ríosucio (Chocó), los dos meses transcurridos entre el 20 de diciembre de 1996 y el 24 de febrero del 97 constituyeron una experiencia de horror y violencia, que acompañara por mucho tiempo a sus descendientes. Acostumbrados, durante generaciones a la tranquilidad de la vida aldeana y campesina en medio de la selva húmeda tropical del noroeste colombiano, súbitamente se vieron sacudidos por la irrupción violenta en las calles de su municipio de una avanzada paramilitar que dejó a varios de sus habitantes asesinados o desaparecidos.

Era el comienzo de la pugna entre los actores del conflicto armado, por el control territorial de la región, considerada estratégica por su vecindad geogr fica con la república de Panam . Durante m s de 20 años, las FARC, uno de los sectores de la insurgencia armada colombiana había tomado la zona como rea de asentamiento y descanso. Sin embargo, un enemigo peligroso, las Autodefensas Unidas de Colombia (comúnmente llamados paramilitares), se acercaban provenientes de Unguía y Acandí en el vecino Urab antioqueño y a sangre y fuego, el 20 de diciembre de 1996, iniciaban el control de la zona. Las FARC, por su parte, responden con un contraataque el 9 de enero del 97. Varios habitantes de la población caen bajo el fuego cruzado de los dos bandos y se suman con sus vidas a las perdidas sufridas por las fuerzas en contienda.

Con el pretexto de recuperar el control en la región, el ejercito colombiano inicia una operación rastrillo y el 24 de febrero bombardea las comunidades rurales de Río Sucio. Superando la etapa del caos y el terror y atragant ndose con la ira y el dolor provocados por la perdida de muchos de sus seres queridos, los habitantes de las comunidades de Río Sucio en un esfuerzo desesperado de sobrevivencia organizan y comienzan a realizar un éxodo masivo. Aproximadamente 18000 personas inician un lento y penoso desfile que se abre, como los dedos de una gigantesca mano, hacia Boca y Turbo en el litoral Atl ntico, a la República de Panam , a Quibdó la capital del choco y a Pabarandó en el Urab antioqueño.

A este ultimo se enfilaron 5000 personas, constituyentes de 53 comunidades. El abandono del territorio y el desplazamiento por ríos, caminos e incluso trochas abiertas a través de la espesura de la selva, fue coordinado por la organización de las Juntas Comunales y de los Consejos Comunitarios constituidos al amparo de la ley 70 de las comunidades negras. Las comunidades campesinas establecidas a lo largo de su trayectoria, se convirtieron en el invaluable apoyo que les permitió, tras un mes de continuo peregrinaje, llegar a este corregimiento del municipio de Mutat , ubicado en la franja territorial del norte antioqueño que accede al golfo de Urab .

Al llegar a Pabarandó chocan con la fuerza publica y en la confrontación caen acribillados por las balas del ejercito varios miembros de las comunidades. Nuevamente se hace necesario superar el caos y la desbandada y para el efecto se constituye una junta compuesta por los 53 delegados de igual numero de comunidades. A la misma le corresponde iniciar los contactos con diferentes instituciones del orden nacional e internacional, como el Ministerio del Interior, Cruz Roja Internacional y coordinar la distribución de la ayuda proveniente de Ong, Diócesis de Apartadó, los trabajos de desarrollo comunitario del CINEP, etc.

En un primer acuerdo con el Ministerio del Interior, se define la permanencia de las comunidades y el desarrollo de las negociaciones en la región de Pabarandó. En un proceso democr tico interno, las comunidades concertan un pliego petitorio de 16 puntos, resumidos en tres temas centrales:

1. Retorno a sus territorios.

2. Seguridad

3. Titulación de las tierras de acuerdo a la ley 70 de las comunidades negras.

En relación con el retorno, los integrantes de las comunidades inician un proceso de estudio de ’alternativas’ que culmina con la decisión de constituirse en COMUNIDADES DE PAZ, para lo cual sus integrantes adhieren al siguiente compromiso:

’Quiero pertenecer a la Comunidad de Paz ’San Francisco de Asís’ y me comprometo a no participar en la guerra de forma directa o indirecta, a no portar armas ni entregar información a las partes en conflicto y apoyar activamente al proceso de su resolución pacífica.’

Dicha declaración se hace pública ante instituciones gubernamentales, Ong, Iglesia, medios de comunicación e instituciones internacionales. Así mismo se hace conocer dicha decisión a los actores armados de la región a los cuales se les reafirma que los miembros de las Comunidades de Paz ’no quieren hacer parte del aceite para el motor de la guerra’. Los actores respondieron que respetarían dicha decisión siempre y cuando la neutralidad se mantuviera. Y así, con la firma de los acuerdos, se inicia tras un año de éxodo el retorno a los territorios, proceso que culminaría seis meses después con la llegada de los últimos miembros de las Comunidades de Paz, cargados de ilusiones y esperanzas de reconstruir su antigua tranquilidad.

Sin embargo, cinco meses después los violentos vuelven a encauzar su accionar contra los habitantes de las Comunidades de Paz. En diciembre de 1998 una incursión de la FARC secuestra y desaparece a dos jóvenes menores de edad. Posteriormente, en abril de 1999, las Autodefensas incursionan y asesinan en los campamentos de Caño Seco Salaquí y Villa Hermosa a doce de sus habitantes y secuestran a siete dirigentes, los cuales tras 14 días de cautiverio fueron entregados a la comisión conciliadora de la iglesia.

No obstante, tras estos vientos del huracán de la violencia, permanecen firmes las comunidades dando fe de su alternativa y de su decisión y compromiso con la paz. Para ellas, la principal dificultad estriba en el empeño ciego de los violentos de no querer perder el control de un territorio que consideran vital para sus propósitos de guerra y de no ver que la misma ha sido, por centurias, el refugio de paz de los descendientes de los primeros cimarrones.