Entre los derechos y la economía : la mano visible del mercado

La última década del siglo XX - -marcada por el desarrollo del esquema de apertura al mercado internacional y el escalamiento de la guerra-- ha significado un desbarajuste general en las relaciones económicas y sociales del país. La desregulación en todos los campos y en particular en el régimen de inversiones, de importaciones, de relaciones laborales otorgó todas las ventajas y oportunidades al capital transnacional, m s específicamente al financiero, a la vez que debilitó la producción nacional, las condiciones del trabajo y empeoró el estado precario del mercado interno. Aparejado se da la redefinición del papel del Estado, que abandona la función reguladora de las relaciones económicas y sociales, su papel de promotor de equilibrios y moderador de inequidades. Así, en cada vez m s vastas reas de la vida social, la satisfacción de las necesidades colectivas o la realización de los derechos quedan sujetas a las leyes del mercado.

Los resultados de esta política son desoladores, veamos:

1. Situación del sector secundario:

Desde la década del cincuenta el país presentaba un crecimiento que si bien no era muy alto (4,5 por ciento anual) se mantuvo estable, aunque esta relativa prosperidad no se reflejó en una mejoraría de los niveles de vida de la mayoría de la población. En los últimos años el crecimiento del conflicto armado interno, los planes de ajuste para el pago de la deuda externa y las consecuencias perversas de la actividad del narcotr fico han conducido a una seria recesión de la economía.

Los síntomas recesivos han venido acrecent ndose, así por ejemplo, mientras en 1995 el PIB registró un incremento anual de 5.2 por ciento en términos reales, en el 96 el crecimiento fue tan sólo de 2.1 por ciento. Parte importante de esta desaceleración en las actividades productivas se debió a un manejo err tico de los tecnócratas del Gobierno que le apostaron a la apertura económica y a la liberación de importaciones como un mecanismo de estimular la productividad interna.

Para 1999 la disminución anual del PIB se ubicó en 4.2 por ciento y aunque para el año 2000 el crecimiento se calculó en 2.8 por ciento lo cierto es que persiste el estancamiento de importantes sectores de la economía como el de la construcción y el de la actividad agropecuaria, que son los que m s ocupan población de los sectores populares.

El ritmo de inflación que se considera uno de los mayores éxitos de la política económica por parte del Gobierno (pasó de 19.5 por ciento anual en 1995 a 8.5 por ciento en el 2000), se explica en parte a la propia recesión y no ha significado un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares que por el contrario han visto cómo se les recorta su nivel de ingresos con los precarios aumentos de los salarios y el encarecimiento de los servicios públicos que se han privatizado r pidamente.

Esta declinación de la productividad puede observarse claramente en la evolución del PIB industrial que refleja el impacto de la apertura económica: entre 1986 y 1995 se pasó del 5,6 por ciento al 3,1 por ciento en el crecimiento del producto industrial, pasando a la increíble cifra negativa del - 14 por ciento del primer semestre de 1999 y del - 12,48 por ciento de final del mismo año (A. SUAREZ, 2002: 87).

De acuerdo con otros an lisis el empleo industrial descendió en un 20 por ciento mientras que la productividad creció, paradójicamente, entre el 99 y el 2000, en un 45 por ciento. Sin embargo, estas cifras revelan la dirección que ha tomado la economía orientada por los fines del capital transnacional, por un lado, las exportaciones no adicionan mayor valor agregado a la economía y la industria se rige por las prioridades de las empresas multinacionales.

En el sector terciario los reportes oficiales muestran que durante 1997, el sector público no financiero registró un déficit de caja de $3.992 mil millones, que corresponden a 3,65 por ciento del PIB. Este balance no incluye los ingresos por privatizaciones de agencias del Estado, que para dicha vigencia fueron de $3.966 mil millones. El Gobierno Central presentó el mayor desequilibrio fiscal (4,12 por ciento del PIB), en tanto que el sector de la Seguridad Social obtuvo excedentes favorables para el capital privado por 1,36 por ciento del PIB. En lo corrido de 1998, los resultados financieros de las principales agencias públicas no son promisorios. Durante el primer semestre el Gobierno Central presentó un déficit de caja de 2,97 por ciento del PIB y los excedentes de la Seguridad Social sólo alcanzaron el 0,62 por ciento del PIB. Por su parte, los recursos de Ecopetrol y del Fondo Nacional del Café se han visto reducidos, por la reducción de los precios internacionales del petróleo y del café.

2. Situación en el sector agrario:

Igual ha ocurrido en el campo. Entre el abandono estatal y la imposibilidad de competir frente a las producciones protegidas se hundió el agro colombiano. En consecuencia, cada vez son m s las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, en desmedro del empleo y la seguridad alimentaria. Estas circunstancias se sintetizan en el prolongado receso que vive nuestra economía, y cuya reactivación ésta lejana.

A lo largo de la década del 90 el sector agrario se transformó con los siguientes fenómenos: concentración de la propiedad territorial, asociada con una valoración especulativa (muchas veces impuesta por medios violentos); una protección estatal al sector financiero a través de las políticas macroeconómicas que elevaron los costos de producción; costos elevados de los insumos productivos y de la tecnología; concentración del ingreso y baja capacidad adquisitiva de los salarios que se refleja en una falta de demanda de los bienes de origen agropecuario y manufacturero (FAJARDO: 2001). A estos factores, se debe agregar que la crisis del agro estádirectamente asociada con el conflicto armado.

Estos cambios han generado también una notable contracción productiva en el campo. Según cifras del Ministerio de Agricultura, en 1997 se sembraron 3.1 millones de hect reas frente a los 3.8 millones sembrados en 1990. Los cultivos semestrales pasaron de 2.4 millones de hect reas en 1990 a 1.6 millones en 1997, reducción que produjo la pérdida de 119.600 empleos. Las importaciones en este período crecieron a un ritmo anual de 26.8 por ciento, pasando de 15.5 por ciento del PIB en 1990 al 46.9 por ciento en 1997, en tanto las exportaciones solamente crecieron al 7.4 por ciento anual, cifras que muestran un descenso dr stico de la producción que puede ilustrarse con un ejemplo: de las 130 mil toneladas de algodón que Colombia exportó en 1975 se descendió a 4.707 en 1996 y a 427 en 1997 (Misión Rural. Una perspectiva regional, 1998, p. 43). Según la Contraloría General de la República, en el año 2000, el país se encontraba importando seis millones de toneladas de alimentos, 8 veces m s que hace una década (Revista Economía Colombina. No. 278, junio de 2000).

Otro problema estructural de la crisis del agro es la acelerada concentración de la propiedad rural por diversos factores, entre los que se cuentan el desplazamiento forzoso de campesinos a causa de la guerra y de los megaproyectos y una alta inversión del capital proveniente del narcotr fico que ha convertido la tierra en un bien especulativo. Un dato de Alfredo Molano que indica esta concentración es que del 62,5 por ciento del total de las explotaciones rurales tenía menos de 5 hect reas, en 1995 había disminuido al 46,8 por ciento. Otras fuentes señalan que entre 1984 y 1997 el porcentaje de predios entre 0 y 100 hect reas aumentó en un 0.5 por ciento, pero durante el mismo período el porcentaje de rea ubicada en ese rango disminuyó en un 5,5 por ciento; esto contrasta con los datos sobre predios con tamaños superiores a 500 hect reas, los cuales redujeron en un 0.1 por ciento el porcentaje pero aumentaron de manera considerable en rea, un 12,5 por ciento (MARTINEZ; RUIZ: Por el derecho a la Tierra. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 2002, p. 42).

3. Planeación económica pero para la guerra y el pago de la deuda externa:

Según datos de Planeación Nacional los costos del conflicto armado desde mediados de los noventa equivale a un 4 por ciento del PIB (la quinta parte del presupuesto del 2002). Entre 1990 y 1994 el país invirtió 12 billones y medio de pesos en gastos militares y el capital humano perdido fue del orden de 6.8 billones de pesos en el mismo período. Unas 17.624 personas murieron en ese período por la guerra, de las cuales el 53,6 por ciento eran civiles.

El principal rubro que crece en las finanzas públicas del año 2001 corresponde al servicio de la deuda interna y externa (intereses y amortización), cuyo saldo total representó en el 2001 el 35 por ciento del PIB (se duplicó en menos de 5 años) y absorbió el 86 por ciento de los ingresos tributarios. Esta situación se traduce en un endeudamiento creciente, el servicio de la deuda es superior a los recursos del crédito.

Frente a la reducción del gasto social el Estado ha implementado estrategias de focalización de la inversión pública, subsidio a la demanda y privatización de la prestación de servicios públicos, resultando lesionadas las finanzas públicas de los entes territoriales al ser reformado el sistema de transferencias 2001 (Acto Legislativo 01), lo que significa un recorte significativo de los recursos financieros que actualmente llegan a los departamentos y municipios que ser n del orden de 3 billones de pesos anuales para salud y educación. El impacto social de estas políticas son devastadores:

a) Precarización del empleo (empleos transitorios, parciales, informales, etc.). Dos terceras partes de la población económicamente activa no alcanza a devengar dos salarios mínimos. Durante los dos últimos años la tasa de desempleo abierto ha estado en el 20 por ci; ento en promedio, cuando en 1995 se encontraba en el 8,8 por ciento. Hoy la mayoría de los colombianos vive en peores condiciones y son menos sus oportunidades.

b) Según un estimativo conservador, basado en el criterio de las Necesidades B sicas Insatisfechas (vivienda, educación, servicios públicos) el porcentaje de pobres era de 36 por ciento de la población (11.960.000 personas), pero esta cifra sube a 49 por ciento (16.116.000 personas) si tenemos en cuenta como criterio los niveles de ingreso necesarios para satisfacer las necesidades b sicas.

c) La concentración del ingreso sigue siendo elevada: mientras el 50 por ciento m s pobre recibe el 17 por ciento del ingreso, el 20 por ciento m s rico recibe el 55 por ciento. A nivel agrario, mientras menos del 2 por ciento de los propietarios posee el 40 por ciento de las tierras productivas, el 63 por ciento de los campesinos es propietario de solamente el 5 por ciento de los predios. Igualmente el gasto social público ha disminuido considerablemente: en 1984 era el 9.4 por ciento del PIB, en 1989 había descendido a 7.6 por ciento; mientras el pago por servicio de la deuda pasaba a representar 3.1 por ciento del PIB a 7.5 por ciento en esos mismo años.

d)La perspectiva es, pues, la militarización de la vida nacional, esto es, la subordinación de absolutamente todo a las necesidades de la estrategia militar. Para imponerse esta tendencia deber negar toda deliberación estorbosa, cualquier oposición incómoda, toda din mica diferente. Cabe esperar entonces la generalización del autoritarismo, de lo cual ya fuimos testigos en las últimas elecciones.

La interrelación de estos factores - -las tendencias del desarrollo económico y social, el incremento de la deuda y el escalamiento de la guerra-- configura un circulo macabro, en el que cada elemento estimula a los otros, al tiempo que son mutuamente funcionales, solidariamente se refuerzan y todos repercuten en un agravamiento de la situación que aleja la realización de los derechos sociales, lo que a su vez alimenta la hoguera de la confrontación armada. Este panorama configura la m s cruel situación para los colombianos y es el agravamiento del estado de los derechos humanos integralmente entendidos, expresado en el incremento de la violencia sociopolítica, en el desplazamiento y en un continuo desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.