Principios y lineamientos de políticas públicas para un habitat justo

Miembros de organizaciones sociales, de cooperativas y de grupos de solicitudes de vivienda, de la Coalición Hábitat México, de Organizaciones No Gubernamentales (ONGS)dedicadas a la promoción del desarrollo social, de Universidades e Institutos de Investigación, de Asociaciones de Profesionistas, Autoridades Municipales y personas en lo individual, todos comprometidos con el mejoramiento de las condiciones habitacionales de las mayorías empobrecidas de México. Se reunieron para realizar el Congreso Nacional LA GESTIÓN SOCIAL DEL HABITAT llevada a cabo en México, en la ciudad de Guadalajara los días 7, 8 y 9 de octubre de 1995. Durante el encuentro se manifestaron varias problemáticas por lo que decidieron conformar un documento en el cual quedan plasmadas los siguientes:

PRINCIPIOS

Toda persona, sin importar su edad, sexo, condición social, creencia o preferencias políticas tiene derecho a:

Primero. Un hábitat sano y Sustentable, a una vivienda segura y adecuada para vivir en paz y con dignidad.

Segundo. Que las ciudades, barrios y poblados sean democráticos y sustentables, entendiendo por esto el acceso equitativo de todos a: la tierra, la vivienda, el agua, el saneamiento, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, el transporte público, el ocio y la información.

Tercero. Que las políticas y programas que conciernen al hábitat respeten a las minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultura, para que favorezcan el disfrute de un hábitat culturalmente diversificado, sin distinciones de género, nacionalidad, raza, lengua, creencias, ideologías y opciones políticas .

Cuarto. Participar en los procesos de elaboración y/o modificación de leyes y reglamentos, así como en la formulación, conducción y control de los procesos de planificación y gestión de hábitat con el fin de garantizar que la utilización de los recursos y la realización (los proyectos e inversiones serán en sus beneficio).

Quinto. Acceder a los recursos públicos, sin discriminación de ninguna índole y sin condicionamientos corporativistas o clientelares, que les permita hacer efectivo el derecho a una vivienda y hábitat dignos, sean en forma individual o colectiva.

Sexto. Organizarse libremente. Tener reconocimiento legal, movilizar recursos materiales, solidarios y de apoyo mutuo de que se disponga, asesorarse con quien convenga, controlar los procesos de producción y mejoramiento de sus viviendas y de su hábitat acceder a la información y a la capacitación necesarias para participar en la planeación y ejecución de esos procesos.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA UN HABITAT JUSTO, DEMOCRÁTICO Y SUSTENTABLE

La producción social organizada de vivienda debe ser reconocida por los distintos niveles de gobierno y las instituciones públicas como una forma privilegiada de generación de un hábitat sano, sustentable y potencialmente productivo.

Es responsabilidad del gobierno mexicano y de los poderes legislativos federal y locales, renovar, ampliar y crear los instrumentos legales, financieros, administrativos y de fomento que constituyan a un sistema permanente de apoyo específico a esta forma de producción del hábitat, canalizando hacia ella, en forma prioritaria, los recursos disponibles en cuanto a créditos, suelo apto para la vivienda, materiales y tecnologías adecuadas y vigilar la aplicación de dichos instrumentos.

Las políticas y programas dirigidos a los sectores sociales que enfrentan problemas y carencias habitacionales y de servicios sociales básicos deben erradicar las prácticas corporativistas y clientelares, respetando su autonomía y sus capacidades sociorganizativas.

La operación de todos los organismos y programas vinculados al desarrollo y mejoramiento del Hábitat popular debe ser reformada, estableciendo mecanismos institucionales de participación permanente que incluyan grupos sociales promotores de vivienda, de los organismos no gubernamentales y de los profesionistas que los apoyan.

Un porcentaje de los recursos financieros públicos debe ser dirigido vía subsidio directo o indirecto a través de exenciones fiscales a promover la capacidad de planificación, gestión, administración y control por parte de las persona, las familias y de los grupos que participan en programas de vivienda de interés social y de mejoramiento de asentamientos populares.

Los recursos públicos reservados a la producción social organizada de vivienda deben incrementarse con las aportaciones que las propias comunidades pueden movilizar, a través de un Sistema de Ahorro Popular para la Vivienda, el cual debe complementarse con subsidios transparentes al ahorro de las familias, asegurando, que los programas de vivienda y mejoramiento contribuyan al fortalecimiento de la economía familiar y de las comunidades. Los organismos públicos deben favorecer los mecanismo de subsidio cruzado, bajo el control de las organizaciones sociales promotores de vivienda.

Es responsabilidad de los poderes legislativos y del gobierno, en sus diferentes niveles, la creación de políticas e instrumentos legales que fomenten una cultura de prevención, tomando en cuenta las experiencias y la capacidad de autoorganización de las comunidades, para que la población esté debidamente informada y capacitada en materia de prevención de desastres naturales, contingencias ambientales así como la mitigación de sus electos. Las comunidades y sus organizaciones deben ser actores de todo este proceso.

Los diversos organismos civiles comprometidos en la gestión democrática y social del Hábitat deben asumir la corresponsabilidad en incidir y aportar elementos que modifiquen o enriquezcan las políticas públicas en esta materia.

Las organizaciones sociales podrán gestionar directamente ante organismos internacionales, los recursos financieros requeridos por la gestión social del Hábitat.

Los discapacitados, niños de la calle, ancianos y madres solteras deben ser reconocidos como sujetos con derecho a subsidios diferenciados para el acceso a una mejor calidad del Hábitat; así como contar con la vivienda, infraestructura y servicios adecuados a sus particularidades.

Es responsabilidad de los gobierno estatales y municipales el destinar recursos para la recuperación de los Centros Históricos, garantizando la permanencia de la población que ahí habita y promover en ellos proyectos de vivienda social accesibles a su capacidad crediticia.