Miseria e inseguridad alimentaria en México

Este año, México importará el 33% de la demanda nacional de alimentos.

Se combinan elementos coyunturales, como la sequía particularmente severa en seis estados de la República, con efectos profundos de la crisis económica y estructural que azota al país y muy particularmente al campo mexicano. La producción nacional de granos en el país se derrumba.

En 1995, se importaron 3.3 millones de toneladas de maíz, uno de los principales alimentos de la población; este año la importación de maíz será del 43% de las necesidades nacionales (incluyendo consumo humano y para forraje), ya que de los 14 millones de toneladas requeridas se calcula que se deberán comprar 6 millones, de acuerdo con la información de la Dirección de Estudios Económicos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Si consideramos que la tonelada de maíz importado, puesto en México, tiene un precio de alrededor de 200 dólares, el gasto será de más de mil millones de dólares, en un momento en que el país carece de divisas. "Se paga así los efectos de una política que ha sacrificado a la agricultura, a los campesinos y a la autosuficiencia alimentaria, a cambio de mantener las variables macroeconómicas "sanas" y de impulsar un modelo de desarrollo basado en supuestas ventajas comparativas" (Hernández N.).

En el caso de frijol se importará el 74 % de la demanda; de trigo, el 32% porque las exigencias son de 5.8 millones de toneladas, y de leche la compra externa equivale al 36.3% de la demanda, ya que sólo se producen 7.3 millones de los 11 millones 400 mil litros diarios que se consumen anualmente.

En los últimos seis años, el consumo per cápita nacional diario de maíz, trigo, frutas y verduras cayó 29% (el consumo diario de maíz pasó de 318 a 248 gramos; el de trigo, de 48 a 43, y el de frutas y verduras, de 71 a 50). El de proteína equivale a sólo la tercera parte de lo recomendado por la Comisión Nacional de Alimentación, informó la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)a la organización internacional Vía Campesina.

En su informe "México y la seguridad alimentaria", la organización adiverte que "cuanto menos se trabaje la tierra y menos alimentos se produzcan, más poder adquisitivo se necesitará para acceder a los alimentos".

La organización campesina subrayó que el Tratado de Libre Comercio (TLC)ha puesto en serio peligro al 80 por ciento de los productores -más de 3 millones de ejidatarios y 2.5 millones de pequeños propietarios-, y a dos años de haber entrado en vigor este acuerdo, ha significado el fin de la autosuficiencia alimentaria mexicana.

Ahora el concepto de soberanía alimentaria significa "la capacidad de los países para asegurar el abasto de alimentos, no necesariamente con la producción nacional sino con la importación complementaria mediante una balanza agropecuaria positiva".

Cifras estadísticas del Consejo Nacional Agropecuario revelan que la balanza agroalimentaria de México con Estados Unidos pasó de un déficit por mil 635 millones de dólares en 1994 a un saldo positivo por mil 7 millones. A lo largo del año pasado, México erogó 3 mil 792 millones de dólares por la adquisición de productos agroalimentarios en el mercado estadounidense, monto 25% menor al reportado en 1994.

En tanto, el mercado agroalimentario mexicano logró colocar productos en Estados Unidos por un total de 4 mil 799 millones de dólares, cifra 39% superior a la de un año antes.

La situación se torna más severa a causa de las tendencias del financiamiento hacia el campo: supresión de los subsidios y reducción de acceso al crédito; fortalecimiento de los fondos generales de atención y abandono del apoyo con instrumentos directos; privatizaciones de los bancos de desarrollo y creación de bancos regionales privados, así como el otorgamiento de créditos para proyectos individuales y con garantías reales, es decir, la entrega de las tierras y de otros bienes de los productores.

Para la organización campesina la política agropecuaria del gobierno no tiene como objetivos el fortalecimiento de la producción de alimentos para consumo interno, ni su prioridad es fortalecer a la sociedad rural.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, Luis Felipe Pérez Fernández, apuntó que los graves problemas económicos, tecnológicos y sociales que se viven en el campo "van más allá de las cifras o simples declaraciones".

Urge aterrizar los programas de capitalización y desarrollo del sector agropecuario para solucionar los escabrosos problemas del sector agropecuario, advirtió.

El nuevo tipo de regulación estatal en el sector debe ayudar a conducir la inserción de los productores en el mercado internacional y no abandonarlos a sus propias fuerzas. Siguiendo la recomendación de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, hay que instrumentar un Programa Nacional de Emergencia para el fomento a la producción de granos básicos, reconociendo la crisis agrícola por la que atravesamos como un problema de Estado y de seguridad nacional (Hernández N.).

Sobre todo si consideramos que el nivel de pobreza en México va a empeorar en los próximos años, o, en el mejor de los casos, se va a mantener igual, pero no se podrá abatir en el mediano plazo pues el crecimiento económico del país se encuentra a la mitad de sus requerimientos poblacionales, según las afirmaciones del director de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)en Washington, Isaac Cohen.

En una reunión con periodistas latinamericanos (Universidad de Miami, Florida, mayo de 1996), el funcionario de la Cepal señaló que en América Latina 42% de las familias viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando tales niveles que en todos los organismos mundiales (FMI, BID, Banco Mundial, Cepal, etc.)existe consenso de que el objetivo principal en América Latina y el Caribe es combatir ese desequilibrio social. En su opinión, el gran error en la región ha sido no distribuir la riqueza conforme se ha ido generando (sólo el 10% de la población controla el 40% de todos los recursos de la región). Los gobiernos no quieren gastar en la población, y los presupuestos de gasto social están mal orientados y su distribución no es eficaz.

En el caso de México, la crisis profundizó los problemas de pobreza y concentración del ingreso. El país tendría que crecer a una tasa de 6% anual. Sin embargo, se está pronosticando para el presente año un crecimiento económico del 3 por ciento, lo que significa la mitad de lo que se requiere para empezar a afrontar el problema de pobreza generalizada.

Acerca del futuro económico inmediato de México, Cohen comentó: "Pueden tener la certeza de que Estados Unidos hará lo que sea para mantener estabilidad en este país, pues tiene amplios intereses de que así sea".