Ante la Realidad del TLC

El autor abre la discusión sobre las medidas adecuadas para fortalecer a los sectores que resultarán beneficiados con el TLC y aquellas acciones que se requerirán para paliar los efectos negativos de quienes saldrán afectados.

Para el nuevo modelo basado en las políticas de ajuste estructural y estabilización, es inadecuado que la agricultura contenga cerca del 26% del PEA pero produzca menos del 7% del PIB; esta inadecuación debe resolverse por medio de la cirujía: reduciendo a la población rural a no más del 10% del PEA. Los bisturís del Estado serían la política de precios y subsidios que controla quién se queda y quién se va, y la apertura al TLC principalmente con la liberalización de los mercados del maíz. Estas reformas se aplicarían con o sin tratado.

Si en EEUU una parte de los potenciales perdedores pudieron negociar protecciones especiales y políticas de compensación sobre la base de oponerse al TLC, nada de esto se vio en nuestro país. La oposición de el Congreso Agrario Permanente (CAP)a incorporar en las negociaciones granos básicos, lácteos y forestales fue desechada a cambio de nada. Los hechos demuestran que habrá perdedores, la prueba es la movilización de El Barzón que anticipa los efectos de una apertura económica que pone a competir en condiciones de igualdad a productores que laboran en condiciones de desigualdad.

De modo que hay varias asignaturas pendientes:

1° La ausencia de una política agropecuaria integral. Es decir que no existe un proyecto sobre la nueva agricultura nacional. Los "10 puntos para la libertad y la justicia en el campo" son medidas, pero no son en sí una política integral articulada.

2° Falta una propuesta de reconversión productiva, que debe ir acompañada de recursos frescos, estudios agroecológicos y de mercado, y programas de capacitación y asistencia técnica (como la experiencia del café en Brasil).

3° La ausencia de instituciones y políticas de fomento, que requerirá de enorme inversión de recursos humanos de calidad para el sector, en: educación básica, cultura empresarial, investigación científica, asistencia técnica, intrumentos para diseminarlos y de comercialización, y canales de información. Todo ello es en parte responsabilidad del Estado. Y hasta el momento ha privado más una política de desmantelamiento y privatización de estos servicios que de verdadera construcción institucional.

El camino pactado alrededor del TLC lleva a renunciar no sólo a la posibilidad de impulsar la autosuficiencia alimentaria sino, incluso a limitar enormemente la viabilidad de alcanzar la soberanía alimentaria, volviendo a nuestra agricultura complementaria de la norteamericana.

Por otra parte, se requiere de una política de subsidios mucho más articulada y extensiva que la actual. La apertura al TLC implica aceptar la fijación de los precios agrícolas por los precios internacionales, estos precios son artificialmente bajos y expresan un conjunto de subsidios que las finanzas públicas y los consumidores de los países desarrollados otorgan al sistema agrícola.

¡Alerta!

Ningún país ha generado procesos de desarrollo significativos sin haber resuelto la problemática agrícola de fondo. Usualmente, ello ha implicado mantener protegidas ciertas áreas de producción agropecuaria por cierto tiempo. La actual administración ha renunciado a esta experiencia histórica y se ha decidido a recorrer un camino prácticamente inédito.