La Reforma al Artículo 27 Constitucional y sus efectos en la Unión de Uniones de Ocosingo, Chiapas. I

La iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional (1991)plantea: promover mayor justicia y libertad para los campesinos, impulsando la capitalización del campo, la modernización tecnológica y dando seguridad en la tenencia de la tierra.

En la práctica, implementa medidas que permiten la privatización y enejenación de la propiedad social (tierras ejidales y comunales), la concentración de tierras (desde 2 mil 500 hectáreas de riego hasta 20 mil de bosque)por parte de corporaciones civiles y mercantiles, lo cual implica de hecho el restablecimiento legal del latifundio, argumentando luchar contra el exagerado minifundismo y la falta de eficiencia, modernización y capitalización. Se finaliza legalmente el reparto de tierras. Todo esto haciendo caso omiso de las condiciones reales de confrontación desigual entre las diversas clases sociales del campo, así como de los campesinos con la burguesía agroindustrial, que implican, para el caso de Chiapas, el uso frecuente de la violencia:

"la mayor parte de la población chiapaneca (principalmente la indígena, pero también otros sectores subalternos)se ve obligada a tomar drásticas medidas de presión para lograr que se les reconozcan sus demandas y sus más elementales derechos de subsistencia (contra los cuales atentan de manera permamente las fuerzas dominantes)".

La respuesta principal tanto de las autoridades como de los grupos de poder locales es no atender a las demandas de justicia y legalidad, y responder con intensas medidas de represión (usando violencia física y psicológica), para "no sentar precedentes" de que las presiones populares pudieran lograr su propósito.

La iniciativa de reforma excluyó cualquier apoyo real de capitalización del sector social rural, sin medir las consecuencias sociopolíticas como migración, desempleo, depauperación y todas las patologías sociales y de inseguridad, y sin tomar en cuenta el sentir de los campesinos en todo el país y menos en Chiapas, donde sí quedan muchas tierras por repartir.

Se plantea la cuestión de la muy baja legitimidad popular de esta decisión. La reforma está provocando en lo inmediato la intensificación del conflicto que se viene dando por la tierra entre los campesinos organizados o no y los propietarios privados de viejo y nuevo cuño.