Las leyes y la sustentabilidad

México es un país caracterizado por una gran escasez de agua. Más del 85% del agua del país se encuentra en la zona baja, mientras que en regiones arriba de los 500 m.s.n.m. se localiza el 75% de la población y el 80% de la planta industrial.

A demás de la escasez otros problemas del agua en México son: contaminación, distribución desigual, y sobreexplotación del recurso. La ley tiene por objeto "regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control así como la preservación de su calidad."

Tal como está formulada la Nueva ley de Aguas implica que los recursos hidráulicos, al igual que la tierra y los bosques, serán cedidos a los grandes inversionistas sin mayores garantías de que se beneficie al conjunto de la sociedad.

"La ley reconoce la necesidad de un abordaje integral del recurso dentro de la cuenca hidrológica de que forma parte y declara de utilidad pública su protección, mejoramiento y conservación, propone la creación de Consejos de Cuenca como instancias de coordinación y concertación entre la comisión de Aguas, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca" (Romero, P. Cf. La Jornada del Campo No.14). Pero es contradictoria:

Acepta la concesión de los recursos hidráulicos de cuencas a particulares pero sin establecer límites de volumen o número de cuentas otorgadas en concesión. En esa lógica toda el agua nacional podría estar concesionada a una sola empresa.

No se establecen condiciones para la explotación uso o aprovechamiento del recurso lo que contradice la ley de conservación del equilibrio ecológico porque a mayor cantidad de agua explotada o vendida habrá mayores ganancias. Los precios del servicio "deberán garantizar la recuperación de la inversión"

El concesionario es libre para determinar si utilizará el agua para generación de energía eléctrica, para riego agrícola o para atender necesidades industriales o domésticas.

Las condiciones para el uso y destino del recurso están sujetas al mejor postor. Eso no favorece un desarrollo regional sustentable.