Invasiones de tierras en Guatemala : 1986-90

EL CONTEXTO

Desde 1986, en Guatemala, la profunda crisis económica y la política de los ajustes económicos que trastornaron aún más el débil aparato productivo tuvieron consecuencias dramáticas en el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y de las poblaciones urbanas. Además, el recorte de las políticas sociales y el fracaso de la política de vivienda agudizó la situación de millones de pobladores en busca de un lugar para vivir. El estado ha venido participando en la política de vivienda como promotor, canalizando recursos financieros hacia el sector privado y otorgando créditos individuales para la mejora de vivienda. El resultado final fue reproducir la ganancia del negocio inmobiliario y de la construcción mientras la mayoría de la población quedaba fuera de estas acciones promotoras

Frente a esta política ultraliberal de vivienda, la población pobre ha reaccionado de diversas formas tratando de recuperar parte de su ya deteriorado bienestar familiar. Una de estas formas fue la toma de tierra que quedaba como el último medio para poder acceder al suelo urbano y a la vivienda

Es a partir de 1985-86 que afloran movilizaciones en torno al acceso a la tierra y a la vivienda

LAS ACCIONES DE DESALOJOS Y LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Entre 1987 y 1990 los hechos son numerosos:

1-El 15 de febrero de 1988, 165 familias ocuparon los campos de futbol situados en la zona 11 muy cerca del hospital Roosevelt, procedentes de la Florida, Guajitos, El Mezquital y Villa Nueva. Argumentaron la falta de recursos para pagar los elevados alquileres y mucho menos para adquirir una vivienda en propiedad promovida por el mercado privado. Al día siguiente, miembros del pelotón Antimotines de la Policía Nacional obligaron a las personas a desalojar los terrenos

2-En enero de 1989, un grupo de familias se instaló en terrenos paralelos a la linea de ferrocarril, propiedad del FEGUA (Ferrocarriles de Guatemala). Inicialmente el Estado utilizó el recurso judicial de lanzamiento que legitimó su violento desalojo llevado a cabo por trabajadores de la misma institución utilizados como esbirros de la fuerza pública sin que la policía interviniera en el asunto. Aún así, en las semanas siguientes las familias volvieron a levantar sus "covachos" e intervino el sector público de vivienda que usó el mecanismo de erradicación-traslado de las familias a Ciudad Peronia, en el Municipio de Mixco

3-El 28 de enero de 1990, más de 7000 vecinos de la Península Bethania ocuparon las áreas baldías de las colonias El Amparo I y II, Los Granizos y Sakerty. La presencia del Pelotón antimotines y del Presidente Ejecutivo del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI)anticipaban cuál sería el desenlace del conflicto, es decir el amedrentamiento y la promesa. Los antimotines no actuaron porque el Presidente del banco prometió hacer las gestiones para resolver a las familias su falta de vivienda en un plazo incierto. Meses después, las familias organizaron una manifestación presionando para que se acelerara el ritmo de las gestiones, y como esto no ocurrió, en agosto, volvieron a tomar los terrenos buscando una solución definitiva. Aunque las familias declaraban que enfrentarían a la fuerza pública y por lo tanto no abandonarían los terrenos, los funcionarios del BANVI lograron persuadirlos de que evacuaran el lugar, prometiendo de nuevo buscar una solución

4-A finales de julio de 1990, las familias trabajadoras del basurero Municipal situado en la zona 3, denominado "relleno sanitario" decidieron tomar un terreno cercano al lugar, argumentando el alto costo de los alquileres. Pero estas familias fueron duramente desalojadas por el pelotón antimotines, derrumbando e incendiando las champas que habían construído provisionalmente. Aunque se hizo presente un delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos para intentar detener la represalia estatal, arguyendo que no habia orden judicial para ejecutar el desalojo, aún asi prosiguió el operativo policiaco. Luego del violento desalojo en el Basurero Municipal, las familias tomaron el área pública frente a las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos. A través de las gestiones encaminadas por esta entidad, se logró empeñar los esfuerzos de instituciones públicas para resolver el conflicto. El resultado fue una propuesta del BANVI de erradicación-traslado fuera del Area Metropolitana de la Ciudad de Guatemala.

Con la negativa de las familias a trasladarse fuera del Area Metropolitana, el BANVI propuso erradicarlos-trasladarlos a Ciudad Quetzal en el Municipio de San Juan Sacatepequez, propuesta que fue aceptada. La decisión tomada por las familias no tenia otra salida, aún tomando en cuenta lo que significaba alejarse de su única fuente de trabajo en el basurero

5-En una madrugada de septiembre de 1990, 400 familias tomaron unas laderas pertenecientes al BANVI en Bethania. Al día siguiente, el Presidente del BANVI, haciéndose acompañar del Pelotón antimotines, conminó a las personas a abandonar los terrenos. Luego, prometió que la institución atendería sus necesidades el día siguiente

REACCIONES Y ACTITUD DEL ESTADO

A pesar de las nuevas condiciones políticas (cambio de un régimen militar a un gobierno civil)que suponían poder encontrar mejores cauces para la solución de las demandas sociales, la actitud del Estado se orientó en varias direcciones:

- la represión directa: el desalojo

- el ofrecimiento de una solución condicionada a que las familias desalojarán los terrenos "voluntariamente", promesa que inauguraba en el campo de la problemática urbana, la política de "concertación" del nuevo régimen

- la erradicación-traslado en terrenos periféricos

A veces el Estado ha utilizado en forma combinada: la represión directa, el amedrentamiento, las promesas y las prácticas de erradicación-traslado de población. La utilización de estas tácticas frente a este tipo de movilización social muestra que no existe una respuesta única por parte del Estado.