Consideraciones sobre la seguridad urbana para las mujeres a través del derecho a la ciudad

Las mujeres y la violencia urbana (1)

Las amenazas de crímenes y violencia son más importantes en ciudades, afectando particularmente los grupos de mujeres. El incremento de incidentes en espacios públicos urbanos ha provocado una mayor preocupación, especialmente si se considera la expansión rápida de la urbanización que se ha registrado en todo el mundo ya por varias décadas. Este fenómeno ha llegado al punto en que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades, lo que enfatiza la pertinencia e importancia de abordar el tema de la seguridad de las mujeres en las ciudades. A pesar de que los estándares de derechos humanos fijan objetivos para garantizar el derecho de cada mujer a vivir sin violencia, se debe examinar los entornos urbanos particulares en los cuales ellas han sido víctimas de violencia y emprender acciones en las esferas públicas locales. Si la violencia ocurre en gran parte de la ciudad, entonces se deben emprender acciones no solo en la ciudad, pero a través de la creación de la ciudad misma. Si bien la planificación y el diseño urbano no crean violencia de manera directa, sí facilitan entornos que pueden significar más o menos posibilidades de asaltos. Por lo tanto, se debe reevaluar la planificación y el diseño urbano con el fin de entender porqué las mujeres sufren amenazas y son víctimas de violencia. Si entendemos estas amenazas, podremos tomar las medidas necesarias para cambiar la experiencia y la vida de las mujeres, permitiéndoles vivir en las ciudades sin amenazas de violencia. Toda mujer tiene este derecho a la ciudad, el cual se debe entender como un derecho colectivo a la seguridad y a la protección en los espacios en los cuales habitan.

El derecho colectivo a la ciudad

Durante las últimas décadas, las políticas económicas neoliberales han causado múltiples violaciones de los derechos humanos e injusticias sociales. David Harvey menciona que esto se debe en gran medida al hecho de que, bajo el ideal neoliberalista, los derechos humanos se han enfocado en una gama de derechos individuales, como el derecho a la propiedad privada, dejando de lado los derechos colectivos. De este modo, la propiedad privada se puede entender como una transgresión del derecho a la ciudad, como derecho colectivo. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo para todas las personas que viven, acceden y hacer uso de la ciudad, y comprende no solamente el derecho a gozar de lo que ya existe en los espacios urbanos, sino que además incluye el derecho a crear y definir lo que debería existir, para así suplir las necesidades de las personas para tener una vida decente en un entorno urbano (Harvey, 2003). En resumen, incluye el derecho a utilizar la ciudad y a participar en su creación y en su recreación.

La creación del derecho a la ciudad se ha realizado a través de un proceso colaborativo entre grupos de sociedad civil y organizaciones, gobiernos, y agencias internacionales. El rol de los grupos de sociedad civil y organizaciones es particularmente crucial en la implementación de este derecho colectivo a la ciudad, pues es gracias a sus experiencias que estamos informados sobre las estructuras adecuadas o inadecuadas en las que viven. Todavía más importante es que diversos actores de la sociedad civil estén presentes en el debate del derecho a la ciudad, ya que no todos viven de igual manera la experiencia del mismo entorno.

Esto cobra más importancia para grupos de mujeres ya que, como menciona Tovi Fenster, “el miedo y la seguridad pueden ser vistos como un tema tanto social como espacial que, en muchos casos, está relacionado con el diseño de los espacios urbanos”. Es el miedo el que hace que las mujeres no realicen plenamente su derecho a la ciudad, pues muchas políticas que tienen el objetivo de asegurar la seguridad de las mujeres en espacios públicos urbanos tienden a enfocarse en aspectos sociales, dejando de lado la importancia de la configuración de las construcciones físicas. Calles sin salida, vías poco iluminadas, y parques públicos típicamente dominados por actividades masculinas, son algunas de las circunstancias sociales y estructurales que generan sentimientos de miedo en mujeres que transitan por espacios públicos. A través del derecho a participar en las decisiones relacionadas a la creación de espacios urbanos, las mujeres pueden formar parte de manera activa en la prevención de potenciales actos de violencias contra ellas.

Auditoría local de seguridad

El Proceso de auditorías local de seguridad (“Community Safety Audit Process”) fue desarrollado por primera vez en 1989 por el Comité de Acción Metropo litana sobre Violencia Pública Contra Mujeres y Niños (Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children METRAC, por su sigla en inglés,) de Toronto como una herramienta para evaluar entornos urbanos desde la perspectiva de aquellos que se sienten más vulnerables frente a la violencia.

Las recomendaciones hechas por los participantes de la auditoria son entregadas a ingenieros urbanos y a las autoridades para poder hacer cambios en los entornos evaluados que reduzcan las oportunidades de asalto. Ya que las mujeres son las más proclives a ser víctimas de violencia en entornos urbanos, su participación en las auditorías local de seguridad puede ser considerada como el ejercicio de habilidades para crear entornos más seguros para ellas mismas. Es decir, al participar de manera activa para crear espacios urbanos que sean más seguros para ellas, están ejercitando su derecho a la ciudad. Es el derecho de participar en la creación de una ciudad que se ajuste a sus necesidades y de sentirse seguras al usar estos espacios.

Auditoría de seguridad de las mujeres de ONU-Hábitat

En el Programa de ONU-Hábitat “Ciudades más seguras”, la oficina de ONUHábitat en Varsovia, Polonia, condujo un proyecto piloto de Auditoría de Seguridad de las Mujeres el 25 de agosto de 2007. La auditoría se realizó en el distrito de Srodmiescie, en el centro de Varsovia. En ella participaron ocho mujeres de la Municipalidad de Varsovia, la jefatura de policía, la oficina de ONU-Hábitat, la Cámara de Urbanistas (“Chamber of Town Planners”), una ONG local, y los medios de comunicación. La oficina de ONU-Hábitat en Varsovia adaptó la herramienta de la Auditoría Local de Seguridad de METRAC con el fin de evaluar los temas de seguridad de mujeres que viven en Varsovia. El informe de la auditoría incluye el proceso de auditoría de METRAC que toma en consideración la identidad de las personas cuando contemplan las experiencias de violencia en la ciudad, teniendo en cuenta su sexo, raza, edad, religión, habilidad, y orientaciones sexuales. Sin embargo, a través de la adaptación de esta herramienta, la oficina de Varsovia se enfocó solo en obtener las opiniones de mujeres, y presumió que los lugares que las mujeres consideraban seguros lo serían para todos. Esta suposición no incluye a todos los otros grupos de habitantes que son vulnerables a la violencia en lugares públicos urbanos. Esto es importante si se considera el hecho de que las mujeres usualmente se enfrentan a múltiples formas de discriminación o, en este caso, violencia que se basa en el cruce de características identitarias (raza, sexo, edad, religión (2)). A pesar de esto, la auditoría no debería ser tildada de irrelevante o inútil, aunque se debe tener en cuenta que los resultados de una auditoría realizada con tales presupuestos resultan insuficientes para evaluar las preocupaciones de seguridad para todos los grupos de habitantes que utilizan el entorno.

El proceso de auditoría les pidió a las participantes caminar por el sector durante la noche y llenar un cuestionario enfocado en sus sentimientos de inseguridad relacionados al diseño urbano y las estructuras en el entorno. Después, el Central District Hall(Local municipal del distrito central) organizó en sus locales una sesión de evaluación para recolectar todas las recomendaciones conjuntas del grupo a las autoridades e ingenieros urbanos, basadas en un resumen de la investigación. Las principales preocupaciones de los participantes estaban relacionadas con la iluminación, la señalización vial, la asistencia de emergencia, la mantención de la infraestructura, el equipamiento urbano y otros pequeños problemas. Además, hicieron sugerencias para optimizar la seguridad urbana y el diseño del sector. Destacaron también que la mayor parte de la iluminación, señales viales adecuadas e infraestructura bien mantenida estaba en sectores colindantes a grandes edificios de oficinas. Irónicamente, muchos de estos edificios estaban siendo vigilados por guardas para asegurarse de que los edificios estuviesen a salvo de la gente. En general, quedó la idea de que la ciudad se enfocaba más en la seguridad de los edificios que de las personas; por esta razón, los participantes recomendaron diversificar las funciones urbanas del sector con el fin de que más personas transitaran por él. Otras recomendaciones que se les hicieron al concejo regional y a los ingenieros urbanistas fueron las de enfocar más los diseños urbanos en la seguridad de los peatones y menos en la seguridad de los edificios y del equipamiento.

A través de las observaciones entregadas por los participantes de la Auditoría de Seguridad para Mujeres, queda claro que el esfuerzo enfocado en los edificios esta coherente con la prioridad dada a los derechos de propiedad privada de una minoría en desmedro del derecho comunitario de vivir en una ciudad segura. Nuestra intención no es criticar las medidas que aseguran la protección de los edificios contra robos y vandalismo. Simplemente, queremos destacar que se debería realizar el mismo esfuerzo y tener la misma preocupación en resguardar la seguridad personal y el bienestar de las comunidades. Por esto, los ingenieros urbanos deberían tomar medidas de reestructuración en sus diseños basándose en las sugerencias de las personas que se ven afectadas. Este estudio de caso pone en evidencia el hecho que los planes y diseños urbanos no toman en cuenta los asuntos y las preocupaciones de sus ciudadanos y refuerza la idea que los intereses económicos son más importantes cuando se diseñan los entornos y centros urbanos. Esto recalca la necesidad de integrar los ideales del derecho a la ciudad. Un diseño urbano enfocado en la seguridad de los edificios contribuye en la protección de la propiedad privada y en desmedro del derecho colectivo de la gente a vivir en una ciudad segura.

Lamentablemente, durante los dos años consecutivos a la auditoría que se realizó en Varsovia, no se han realizados progresos hacia la implementación de las recomendaciones hechas por los participantes de la auditoría de seguridad. A pesar de que las autoridades elogiaron las recomendaciones y prometieron incluirlas en sus planes, la Oficina ONU-Hábitat en Varsovia aún no ha sido contactada para participar en algún tipo de actividad de seguimiento.

Pero, a pesar de que el proyecto piloto en Varsovia aún no haya tenido resultados prácticos o progresos locales, cabe destacar que el proceso de la Auditoría de Seguridad para Mujeres sirve para demostrar la importancia del proceso de planificación participativa para asegurar el derecho de cada uno a la ciudad. Tal como lo menciona Harvey, nosotros moldeamos la ciudad y la ciudad nos moldea a nosotros. Esto nos hace preguntarnos si es la ciudad misma la que se presta para actos de violencia porque el entorno en el cual vivimos conduce a este tipo de comportamiento, o si son las prioridades de los mandatarios y la preponderancia del interés económico de unos pocos en desmedro del bienestar colectivo las que conllevan a una falta de medidas de seguridad en los entornos urbanos. Las respuestas de las participantes de la audiencia de seguridad sugieren que la segunda alternativa es la correcta. Las esquinas oscuras de las entradas a edificios facilitan el escondite a delincuentes que quieren atacar a sus víctimas y los ingenieros urbanistas y las autoridades deben estar al tanto de estos riesgos y tratar de eliminar estas amenazas implementando mejores diseños urbanos.

Por supuesto que las estructuras urbanas no son las únicas responsables de la violencia que ocurre en ellas, por lo que las políticas públicas también deben preocuparse de los factores sociales que hace que ciertos grupos de personas sean más vulnerables frente a amenazas e incidentes de violencia. Cuando se analizan los diseños urbanos y los entornos a través de procesos de planificación participativa, como se pretende con el derecho a la ciudad, es absolutamente necesario considerar e incluir a la gente que utiliza estos espacios, usualmente un grupo conformado por una mezcla de diversas identidades. Todos los habitantes de una ciudad deberían estar protegidos y debería ser el derecho de todas y todos, particularmente de los más vulnerables, de identificar los temas relativos al medio en el cual viven. Este es el llamado común del derecho a la ciudad; el derecho al usufructo y la participación en la creación de ciudades seguras para todos los habitantes.