El contrato social por la vivienda – CSV en Ecuador

Ecuador, país de conflictos, es también el país de la “minga”. (1) Como Colectivo Contrato Social por la Vivienda estamos convencidos de la posibilidad del diálogo, la concertación y el trabajo conjunto para enfrentar el problema de la vivienda en nuestros países.

El problema de la vivienda en el Ecuador

En el Ecuador uno de cada tres hogares vive en condiciones precarias y cada año se forman en el país alrededor de 64 mil hogares de los cuales más de 25 mil se encuentran bajo la línea de la pobreza, es decir, con un ingreso familiar por debajo del costo de la canasta básica (Ruiz, 2008).

En 1998, después de varias décadas de “retirada” del estado en la producción y financiamiento de viviendas de interés social, en el marco de un convenio del estado ecuatoriano con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se implementó el Sistema de Incentivos para la Vivienda – SIV, que fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-MIDUVI y que contemplaba un subsidio no reembolsable para vivienda urbana nueva, mejoramiento de vivienda urbana y mejoramiento de vivienda rural, con montos de USD 1800, USD 750 y USD 500, respectivamente.

El Contrato Social por la Vivienda precisamente nace, en julio de 2005, como un mecanismo de reacción ante la eliminación de la partida para financiar los Bonos para Vivienda en la proforma presupuestaria de 2006, lo cual habría significado la aniquilación del sistema de subsidios para vivienda.

Actualmente y en cumplimiento de una oferta de campaña, el gobierno del economista Rafael Correa ha fortalecido el SIV, implementando un bono escalonado que va de USD 2400 a USD 5000 para vivienda nueva urbana, uno de USD 5000 para vivienda urbana marginal y vivienda rural, uno de USD 1500 para mejoramiento, y un bono de titulación de USD 200 destinado a la formalización del traspaso de dominio de inmuebles de familias de bajos ingresos.

Según datos oficiales de MIDUVI, entre 2007 y 2008 se han entregado poco más de 147 mil bonos: 25748 bonos para vivienda nueva en áreas urbanas, 15854 bonos para mejoramiento de vivienda, 9772 bonos de vivienda urbano marginal, 2634 bonos de mejoramiento de vivienda urbano marginal, 85448 bonos de vivienda rural y 7736 bonos de mejoramiento de vivienda rural; no existen datos oficiales de la emisión de bonos de titulación. (Ruiz, 2009)

A pesar de los recursos destinados para facilitar a las familias ecuatorianas el acceso a una vivienda a través de la fórmula básica Ahorro, Bono y Crédito, aún existen deficiencias en el acceso a estos beneficios; y, lo que es más importante, el Sistema de Incentivos para la Vivienda-SIV no puede entenderse, por sí mismo, como una política habitacional, sino como un elemento de ella, ya que no es posible enfocar la problemática habitacional y del hábitat, exclusivamente a partir de la construcción de viviendas y prescindir de temas y roles complementarias que deben ser asumidos por otros actores, tales como:

• los gobiernos locales y otras instancias públicas en la provisión de suelo urbano habilitado, la definición y actualización de marcos regulatorios y mecanismos de gestión de riesgos e incentivos que promuevan el uso racional del suelo vacante, la protección de zonas de importancia ambiental, la captación social de la plusvalía, la oferta de vivienda social y la organización comunitaria;

• los gobiernos seccionales y organismos públicos competentes involucrados en el desarrollo rural, que permitan la elaboración e implementación de respuestas integrales de desarrollo campesino y hábitat rural y un desarrollo urbano sostenible y sustentable;

• el sector financiero en la ampliación y adecuación de oferta de crédito para vivienda, especialmente para sectores medios y pobres de la sociedad;

• el sector de la construcción en la incursión en productos habitacionales de buena calidad constructiva y estética, dirigidos a familias de escasos recursos económicos bajo un principio de responsabilidad social;

• sectores académicos y centros de investigación, que contribuyan al desarrollo de tecnologías alternativas basadas en el uso sustentable de los recursos locales y que orienten la formación profesional hacia el servicio social;

• organizaciones sociales y otros actores sociales como ONG, centros académicos, organismos gremiales, en la definición, implementación, evaluación y veeduría (2) social relacionada con la política habitacional;

• la institucionalidad interactoral en los distintos niveles (nacional, local y comunitario) que habrá de construirse (concejos ciudadanos, barriales, etc.) para garantizar el derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat.

El Contrato Social por la Vivienda – CSV

El Contrato Social por la Vivienda, está conformado por organizaciones e instituciones sociales, no gubernamentales, empresariales, académicas y también por personas y grupos de profesionales, cuyo quehacer está vinculado con la vivienda popular y el derecho a la ciudad y al hábitat.

El CSV opera como un foro de discusión independiente, con capítulos en las ciudades de Quito, Guayaquil y Pujilí, que se ha propuesto contribuir al ejercicio pleno del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat; asegurando las condiciones necesarias para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos acceso a estos derechos. Se trata de un espacio de confluencia de voluntades y acciones concertadas, no tiene personería jurídica ni financiamiento específico; a pesar de ello, desde agosto de 2005 a la fecha, el CSV ha desarrollado una campaña de cabildeo e interpelación permanente hacia las autoridades de turno, de difusión y concienciación en los medios de comunicación y de información y capacitación con dirigentes y miembros del propio colectivo.

Las más de 160 actividades3 desarrolladas por el Colectivo desde su origen han permito lograr un paulatino reconocimiento social y la profundización de una agenda común. A las seis instituciones y organizaciones que emprendieron en esta iniciativa se han ido sumando otras; actualmente este espacio cuenta con la participación de 27 instituciones y organizaciones. A partir de la reivindicación puntual de defensa del sistema de subsidios se ha ido construyendo una plataforma que apunta a consolidar la participación social y el diálogo y concertación entre los múltiples actores para la construcción de una política de vivienda sostenible y equitativa, de los marcos legales concomitantes.

El CSV parte de la premisa de que la sostenibilidad de las propuestas, soluciones y políticas depende de esfuerzos colectivos y acuerdos que se construyen sobre la base de consensos progresivos, por ello promueve la participación de los diversos actores en la reflexión, acción y vigilancia sobre aspectos referentes al derecho a vivienda, la ciudad y el hábitat.

La agenda del CSV se estructura alrededor de tres momentos estratégicos de acción interrelacionados:

La constitucionalización del derecho universal a la vivienda, la ciudad y el hábitat

En un primer momento, la Asamblea Nacional Constituyente representó una oportunidad histórica para actualizar y fortalecer los derechos individuales y sociales y las políticas del estado relacionadas con la vivienda, la ciudad y el hábitat. Dentro de las actividades de incidencia desarrolladas por el CSV en el proceso constituyente, el 8 de noviembre de 2007, se realizó la primera entrega pública de la “Demanda ciudadana por el derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat” a asambleístas electos, en un acto público realizado en Quito, a pocos días de la instalación de la Asamblea Constituyente. La Demanda Ciudadana –construida en un proceso de discusión de seis meses, con la participación de más de 300 delegados de organizaciones sociales, instituciones privadas, ONG y academia– destaca la corresponsabilidad de los distintos actores para la construcción de un hábitat incluyente y sostenible.

El 8 y 9 de febrero de 2008, representantes de las organizaciones e instituciones miembros del CSV, apoyaron la movilización a Montecristi –sede de la Asamblea– promovida por el Foro Urbano. Los delegados de las organizaciones populares movilizadas y miembros del CVS fueron recibidos por los asambleístas en las Mesas 1, 2, 4, 6 y 7, donde se argumentó la pertinencia de las demandas específicas planteadas por el CSV y se reiteró el compromiso de la sociedad civil para la construcción participativa de la nueva Constitución. La mayoría de las propuestas contenidas en la Demanda ciudadana fueron recogidas en el proyecto de Constitución que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano, en las urnas, el 28 de septiembre de 2009.

La elaboración participativa e implementación de políticas públicas de vivienda y asentamientos humanos que garanticen condiciones para el ejercicio universal del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat

En un segundo momento, el CSV busca incidir en la formulación e implementación de una política de estado concertada con los grupos sociales organizados, el sector privado y los gobiernos locales, con la finalidad de construir respuestas institucionales, socialmente eficaces, responsables y equitativas. Las propuestas apuntan a la construcción de una política de estado que enfrente los problemas inmediatos y las demandas urgentes de las familias, sin perder de vista las pro puestas para mejorar las condiciones habitacionales y la calidad de vida a mediano y largo plazo. En esa línea se desarrollan espacios de diálogo con instancias públicas, talleres de discusión y análisis de los problemas de la vivienda, la ciudad y el hábitat, y se elaboran propuestas de lineamientos de política.

En este marco, en julio y agosto de 2009, el CSV presentó sus propuestas en el proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo – PND para el periodo 2009-2013, buscando incidir en la definición de una política habitacional coherente con los derechos reconocidos en la nueva Constitución.

La promulgación de una Ley de vivienda y asentamientos humanos, que contemple un sustento institucional y financiero

Finalmente el tercer momento radica en incidir en la formulación de una Ley General de Vivienda y Asentamientos Humanos que instrumente el derecho a la vivienda, a la ciudad y al hábitat, y asegure los medios legales, institucionales y financieros para su implementación.

En el momento actual, frente a la elaboración de una propuesta de ley por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el CSV ha planteado los siguientes puntos:

• La necesidad de codificar la normativa existente referente al tema de vivienda y hábitat.

• Plantear que la ley, en concordancia con la Constitución, trate no solamente el tema de vivienda sino además el de ciudad y hábitat.

• Definir dentro de la ley la rectoría del sector, y las competencias necesariamente complementarias entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

• Plantear un sistema de monitoreo y evaluación de las políticas y programas relacionados con la vivienda, la ciudad y el hábitat, basado en la participación y veeduría ciudadana. Ver concordancia con la Ley de Participación.

• Establecer en la ley una definición de lo que se entiende como vivienda de interés social para la aplicación de exoneraciones e incentivos –que ya existen en la legislación actual, buscando incrementarlos– a partir de una concepción de vivienda adecuada, lo cual comprende, accesibilidad, servicios, seguridad de la tenencia, calidad de la vivienda, entorno, entre otros.

• Normar y promover el uso de tecnologías alternativas a través de su inclusión en el Código de la Construcción. Implementar incentivos a la investigación y a la reestructuración de la malla curricular en las facultades de arquitectura e ingeniería que abra las posibilidades al uso y aplicación de tecnologías alternativas.

• Incentivar a través de la ley, la producción y consumo de materiales locales en la construcción, así como el uso intensivo de mano de obra.

• Definir lineamientos para el reasentamiento de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo y una adecuada planificación urbana que evite dichos asentamientos.

• Crear un sistema unificado de información respecto a: normativas, déficit nacional y locales, programas de vivienda (datos del Sistema de Incentivos para Vivienda, SIV, y otros), base de datos de actores (organizaciones de vivienda, entidades técnicas, IFIS, ONG). • Articular los postulados de la ley con otras leyes y normativas relacionadas con el ordenamiento territorial, el ambiente, la eficiencia energética, la equidad campo-ciudad, entre otros.

Organizaciones e instituciones miembros del Contrato social por la vivienda, octubre de 2009

Organizaciones sociales

Asociación de Mujeres Luchando por la Vida

Asociación de Vivienda Alianza de Mujeres

Asociación Vida Vivienda –CONFEUNASSC

Asociación de Vivienda Paseos del Pichincha –AVIPP

Confederación Nacional de Barrios –CONBADE

Confederación Nacional Campesina-CNC “Eloy Alfaro”

FORO URBANO

Acción por la Vida - Red de Vivienda

Mujeres Cobijando nuestros sueños

ONG

AESCO - Ecuador

ACJ - Asociación Cristiana de Jóvenes

Asociación Solidaridad Acción - ASA

Centro de Investigaciones CIUDAD - Proyecto PASO A PASO

Ecosur

Fundación Hogar de Cristo

Fundación Mariana de Jesús

FUNHABIT

Grupo Social FEPP

Hábitat Para la Humanidad - Ecuador

Somos Ecuador

Instituciones privadas

Cooperativa de ahorro y crédito FOND Vida

Cooperativa de ahorro y crédito CoopCCQ

Eco Arquitectos & Asociados

CCQ-Cámara de la Construcción de Quito

Institutos de investigación universitaria

Instituto de Planificación Urbana y Regional, Universidad Santiago de Guayaquil – IPUR

Organismos de cooperación

ONU-HABITAT

Otros

Profesionales independientes

Algunas conclusiones

El accionar del CSV ha tenido gran incidencia y fuerte legitimidad como interlocutor de la sociedad civil. Esto se ha logrado a pesar de que no es un espacio con “personería jurídica”, aunque, la casi totalidad de sus miembros individualmente la tienen. También carecen de recursos permanentes, funcionando con aportes de sus miembros y de la cooperación internacional en el marco de proyectos en temas de la incidencia política y de fortalecimiento de actores.

Los elementos que coadyuvan a ello pueden resumirse en:

• La diversidadde los actores articulados, que con particulares enfoques, estrategias y recursos persiguen un fin común: el interés en la construcción de respuestas adecuadas a la demanda de vivienda de los sectores de menores ingresos.

• El reconocimiento social y trayectoria que tienen los actores que forman parte del Contrato Social por la Vivienda.

• Ser un espacio que busca el diálogo con el Gobierno Nacional y con los Gobiernos Locales pues el interés del colectivo es la incidencia en la política.

• La diversidad de estrategiasque desarrolla el Contrato: movilización, difusión, elaboración de propuestas e intenso cabildeo.

• La oportunidada actuar frente a la contingencia política.

• La cobertura geográficacreciente que busca y va logrando el Colectivo, y el desarrollo de acciones en distintas ciudades del país.

La razón y pertinencia del funcionamiento de este espacio “informal” de incidencia política y diálogo de actores que lo hemos definido como “contrato social”, radica en el convencimiento de que:

• La única garantía para la sostenibilidad socialde propuestas y políticas sociales inclusivas es participación social.

• La participación social permite un proceso de afinación de política y marcos regulatoriospara que respondan a la demanda de los sectores más desfavorecidos y a la realidad y contextos cambiantes.

• La participación interactoral organizada permite fortalecer la interacción con el estado, pero al mismo tiempo desarrollar lazos de cooperación entre distintos actores de la sociedad (del sector comunitario y privado) contribuyendo a afincar la responsabilidad del conjunto de la sociedad ante los problemas sociales.

• El buen gobierno solo es posible cuando hay capacidad de diálogo entre la sociedad civil y el estado, y al interior de la sociedad civil. La gobernanza es más que el solo diálogo público-privado, es el conjunto de la sociedad diversa en diálogo y en construcción de consensos.