Indígenas y campesinos : dos pueblos enfrentados por una causa común.

Judy Pasimio representa un haz de luz en medio del oscuro panorama de Filipinas. Ella es miembro del Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, APWLD, donde trabaja en dos secciones: la mujer y el medio ambiente, y la mujer rural e indígena.

Ella nació en una familia de clase media-baja, y su juventud estuvo marcada por la dictadura de Ferdinand Marcos. En este período, la sociedad filipina se encontraba sometida a criterios fuera del marco de los derechos humanos, con un férreo control sobre todo. La situación en el ámbito rural se volvió insostenible hasta que, en 1987, los movimientos sociales ocultos de resistencia provocaron la revolución social EDSA, siendo éste el nombre de la avenida de Manila donde sucedieron los actos más relevantes. En esta manifestación, el gobierno tomó represalias contra los agricultores que clamaban por una reforma agraria adecuada, e incluso hubo muertes. Ese momento fue el punto de inicio del compromiso político de Judy Pasimio.

Las causas de esa revuelta se debían a la pésima distribución de las tierras y recursos naturales de Filipinas, y que persiste hoy en día.

En primer lugar, existe una clase social denominada Cojuangco, formada por las personas más ricas del país que poseen grandes plantaciones, generalmente de caña de azúcar, que ocupan la zona central del país. Estos poderosos propietarios emplean a los filipinos a cambio de sueldos próximos a los 3 dólares diarios. Este sistema de servidumbre oprime a otra clase social, los trabajadores agrícolas, quienes ven cómo sus ingresos disminuyen progresivamente frente al incremento de los costes de producción, incremento debido principalmente al encarecimiento de los combustibles. Muchas veces su situación económica es tan precaria que las mujeres ofrecen su cuerpo a cambio de 1 kilo de arroz.

En segundo lugar, está la problemática de los indígenas, que ocupan mayormente las áreas más septentrionales y meridionales del país. Desde tiempos inmemoriales, ellos han sido los verdaderos ocupantes de las tierras, mucho antes de la colonización española. Los indígenas habían trabajado en armonía con sus territorios, cultivando, aprovechando y conservando los recursos naturales. Ellos tenían un profundo conocimiento de sus dominios, pero con el auge de la burocracia del país en los años 1940 no supieron reflejar ese conocimiento en los planos y papeles, con los que sus derechos fueron duramente mermados. No fue hasta 1987, con la nueva constitución, que sus dominios ancestrales fueron reconocidos de manera oficial.

En tercer lugar, está la aparición de las empresas transnacionales. Las tres mayores compañías en Filipinas provienen del Reino Unido, Australia y EE.UU., y están extrayendo energía procedente de los numerosos conos volcánicos, así como minerales (oro, plata, cobre, hulla). Ambas acciones están causando graves impactos ambientales en los territorios indígenas, destruyendo asimismo las propias comunidades nativas. Pero las transnacionales cuentan con el apoyo neoliberal del gobierno de Arroyo, actual presidente; además, existe una ley de minas que favorece este tipo de actividad.

Así pues, la legislación en Filipinas es también contradictoria. Por una parte, existe la ley IPRA (Indigenous Peoples Rights Act), que reconoce a los indígenas sus territorios; y por otro lado, existe la ley de minas, que promueve la explotación de minas ubicadas en esos territorios ancestrales. Según la Constitución filipina, el reparto de la posesión de las tierras debe ser el siguiente: 60% como mínimo para los habitantes filipinos, y 40% como máximo para propietarios extranjeros. La realidad es bien distinta, dado que la mayoría de los filipinos no cuenta con suficientes recursos económicos para mantener sus propiedades. Consecuentemente, se ven forzados a vender sus posesiones a aquéllos que sí cuentan con capital disponible, éstos son los grandes inversionistas extranjeros. El resultado es que prácticamente la totalidad del territorio está en manos de empresas transnacionales, principalmente de Australia, lo cual es anticonstitucional. En enero de 2004, la Corte Suprema de Filipinas declaró ilegal esta situación. Sin embargo, el gobierno apeló por dicha declaración, presionó fuertemente a la Corte Suprema, y el 2 de diciembre ésta ratificó la misma situación como legal.

En Filipinas se da actualmente una situación absurda, ya que dos comunidades marginadas, como son los indígenas y los trabajadores agrícolas, luchan entre ellas por el acceso a la tierra. También impera un ambiente de violencia por parte de acciones militares y paramilitares (acciones militares no oficiales). Además, proliferan las amenazas e intimidaciones hacia los líderes de estas comunidades, incluso a los movimientos sociales que pretenden ayudarles.

Desde hace diez años, Judy Pasimio trabaja con los indígenas en labores de asesoramiento legal, especialmente con las mujeres, que se encuentran marginadas a distintos niveles (familiar, productivo, político, legislativo) en cuanto a derechos humanos.

Fruto de estos condicionantes, el Foro APWLD defiende una reforma agraria basada en la redistribución de la tierra, de modo que los indígenas conserven sus dominios ancestrales, y que los trabajadores agrícolas dejen de serlo para convertirse en propietarios.

De cara al Foro mundial de la Reforma Agraria, Judy Pasimio propone dos iniciativas: promover los derechos de la gente que defiende los derechos de otros, y promover una asociación para los derechos de la mujer.