En Cúcuta ronda el miedo

Colombia es un país suramericano afectado por violencia y una enorme descomposición social. Se divide territorialmente en departamentos. Norte de Santander es uno de ellos y está localizado en la frontera con Venezuela. Por tradición, este departamento vive inconvenientes de orden público en la provincia de Ocaña. También convive con cultivos ilícitos y fumigaciones en la región de El Catatumbo con químicos no permitidos. Con frecuencia se conoce de ajuste de cuentas entre grupos armados fuera de la ley denominados guerrilla y autodefensas.

La capital del departamento es Cúcuta, ciudad pequeña cuyas dificultades se relacionan con su dependencia económica del vecino país -debida a la inexistencia de una industria propia--, la falta de empleo y el cierre reciente de las fábricas de Bavaria y de las manufacturas en cuero y Coca Cola. Sus mayores problemas son la existencia de asentamientos humanos con baja calidad de vida en las afueras de la ciudad, cuyos habitantes llegaron por el desplazamiento forzado y una cuota muy elevada de personas involucradas en el conflicto. Una muestra de ello son las comunas 7 y 8 Ciudadela Juan Atalaya que reportan anualmente el 60% de las muertes violentas en Cúcuta.

Allí vive Natalia, una mujer cálida y activa que se interesa por las necesidades de su comunidad y quien se encarga de relatarnos la historia de la presencia paramilitar en su ciudad. Lleva tres años participando en el proceso de paz y señala que en su ciudad el Estado fomenta a la luz pública la acción de grupos armados fuera de la ley conocidos como paramilitares, que desde hace cuatro años son activos en Cúcuta y desde 2002 intensificar su accionar con la comunidad.

"Los rumores que corren en la ciudad se hacen efectivos", afirma, y empieza a narrar el estallido de un carro bomba el 5 de marzo de 2003 en el centro Comercial Alejandría "cuyo fin era manifestar el posicionamiento de los grupos paramilitares en el centro de la ciudad a través de una demostración violenta de poder".

¿Y cómo asegura que existe un nexo entre los organismos que imparten justicia en representación del Estado y este grupo armado ilegal? Le pregunto con curiosidad. Y responde que hay muchas maneras de saberlo e inicia el relato con un ejemplo:"Hace dos años en Pueblo Nuevo, cerca al terminal de transportes, en la parte alta de la ciudad, llegó de repente un grupo paramilitar y se instaló abiertamente en la comunidad. Un vecino decidió denunciarlos públicamente ante los organismos correspondientes y al día siguiente los paramilitares hicieron un llamado general, como a eso de las 5 y 30 de la tarde". En este momento el rostro de Natalia se llena de tristeza.

"Los paramilitares mostraron públicamente la copia de la denuncia y llamaron con nombre propio a los responsables. Asesinaron al vecino, a su esposa y a su hijo... Nadie hizo nada, ni en el barrio, ni en la ciudad".

El nexo entre militares y paramilitares es evidente, dice Natalia. Y prosigue:"los grupos paramilitares tienen el control de la ciudad, las fuerzas militares los conocen y los protegen y todos sabemos de ellos. Por ejemplo, tienen una infraestructura organizada, de la que depende gran parte de la ciudad. Vacunan [vacunar significa pedir dinero a cambio de seguridad] a gremios de gasolina, transportes públicos, privados e ilegales o lo que sea. Reclutan estudiantes pagándoles salarios o dándoles vehículos. Hacen lo que llaman ellos "limpieza social" [es decir, eliminan a las personas que consideran improductivas para la sociedad] e incluso organizaron a los denominados pimpineros (vendedores de gasolina) en cooperativas. De antemano conocen el nombre del futuro alcalde, del gobernador y de algunos concejales y diputados, pues aquí todo lo imponen ellos".

Se percibe angustia en el rostro de Natalia, pero ella, comprometida en seguir con su denuncia decide continuar.

"Hay varios bloques o frentes paramilitares rodeando las entradas de la ciudad:Pamplona, la zona de La Parada (frontera con Venezuela) y Villa del Rosario, Puerto Santander, El Zulia y los Patios están controlados. Su poder llega a tanto que hay tergiversación de la información pública, justificación de allanamientos ilegales, persecuciones a líderes comunales, arrasamiento a la protesta y a la libre expresión y hasta datos alterados para no alarmar a la población. Los altos niveles de violencia, las muertes selectivas, los desplazamientos internos e incluso el exilio en el país vecino --a pesar de que a quienes se marchan no se les ha dado el estatus de exiliados-- es el pan nuestro de cada día".

¿Y que hace la gente? -le pregunto con ansiedad. "La resistencia de la gente se ha invisibilizado por el silencio y el terror a la respuesta violenta. Las acciones realizadas por diferentes organizaciones civiles han llevado a señalamientos, incluso varios sindicatos se han acabado, como sucedió con SINMACO (Sindicato de madres comunitarias) e incluso hay más de 10 líderes comunitarios asesinados", afirma Natalia.

La actual administración desarrolla en Cúcuta importantes obras de ingeniería, pavimentación de calles y mejoras en los programas de aseo, pero no ofrece acciones que solucionen el conflicto social; además es notoria la ausencia de asociaciones de derechos humanos diferentes a las manejadas por los entes del Estado, como son la alcaldía, la gobernación, los gremios y las fuerzas militares.

Esto hace parte de los obstáculos que tienen que vencer las asociaciones de derechos humanos, los grupos que lideran acciones por la paz y por supuesto la totalidad de la comunidad, no sólo en Cúcuta, sino a lo largo y ancho del territorio colombiano, pues de uno u otro bando, los diversos sectores armados transgreden las leyes y someten a la población, siendo siempre los sectores pobres y deprimidos los más violentados