Una mirada al conflicto urbano en Medellín

La ciudad de Medellín, situada en la Cordillera Central de Colombia y capital del departamento de Antioquia, lleva consigo varios años de violencia y delincuencia. Muchas organizaciones no gubernamentales y fundaciones de todo tipo trabajan con el fin de buscar soluciones a esta problemática.

Hernán Loaiza pertenece al Instituto Popular de Capacitación (IPC), fundado hace 21 años ante la necesidad de capacitar líderes sociales y políticos. En este instituto existen los siguientes programas de formación:desarrollo y equidad, justicia comunitaria, resolución de conflictos, derechos humanos, paz, democracia y ciudadanía; corrupción e impunidad; administración. Cada uno de ellos tiene sus propios proyectos y se inscriben en el interés popular.

El instituto obtiene sus recursos de la cooperación internacional y está conformado por una asamblea de socios:activos, beneméritos, filantrópicos y honorarios. De todos estos, sólo tienen voto los activos, aunque no se desconoce la voz de los otros. El IPC cuenta también con membresía en otras organizaciones y fundaciones, como el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), el Consejo Empresario de América Latina (CEAL), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Red Andina de Justicia, Red Viva, Plataforma y Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (ASAPAZ).

Hernán hace parte del programa de justicia comunitaria y a partir de sus investigaciones y análisis hace una lectura de la situación del conflicto urbano en Medellín. Por los años 50 y 60 tuvo lugar una migración hacia la ciudad, originada en la violencia existente en las áreas rurales. Los pobladores luchaban por el derecho al suelo, a la tierra. Poco después de estar asentados en Medellín comienzan su búsqueda por el equipamiento en la parte de la ciudad que ellos ocupaban, es decir, por dotación de servicios públicos, servicio de salud, calles pavimentadas, etcétera. Exigían entonces su "derecho a la ciudadanía", por lo que surgieron organizaciones sociales y se realizaron movilizaciones.

Viene después la época del narcotráfico, que organizó la delincuencia común. El conocido como "mono Trejos" fue el fundador del primer grupo organizado que estaba a las órdenes del narcotráfico. La ciudad se convierte en el eje que se disputan los actores de la guerra en Colombia, lo que conduce a la ’confusión’ que hoy prevalece entre conflicto urbano y violencia y que desencadena la criminalización de la lucha social por la búsqueda de los derechos a la ciudad.

Si se mira más a fondo, con esa práctica de criminalización se busca evitar el empoderamiento de la ciudadanía. La guerrilla por un lado realiza un efecto de implosión sobre la ciudad, mientras que los paramilitares realizan el efecto contrario, es decir, la explosión, y promueven una maniobra de contención desde el mismo centro de la ciudad. Los unos quieren entrar, mientras los otros expulsan. Y en esa lucha se coacciona el liderazgo social para que la población olvide sus derechos ciudadanos. Se produce entonces el silencio, la no exigencia al Estado.

Y es que estos barrios en donde se impone el silencio son ilegales, carecen de títulos de propiedad y por lo tanto lo que exigen es que se tenga en cuenta su naturaleza de tenedores y poseedores. Moravia es uno de ellos y se encuentra en el Occidente de Medellín. Fue construido sobre los basureros de la ciudad y hasta allí llegó CORVIDE (Corporación de Mejoramiento de Vivienda Urbana), organización de carácter estatal.

Al tiempo con CORVIDE, se presenta el paramilitarismo con cuyas acciones de violencia se acalla la voz de algunos líderes formados por la organización. La mayoría de ellos se desplaza o se silencia. Pero la violencia de la guerra también se vive en el extremo opuesto de la ciudad, en el oriente, un área que incluye la conocida comuna trece* y en donde se había logrado la consolidación de un plan de desarrollo local. De igual manera, los paramilitares frenan estruendosamente estos esfuerzos.

Empieza así un proceso de resistencia social, a través de la organización Realizadores de Sueños, cuyos líderes insisten en sostener su plan de desarrollo. Organizaciones como esta son dirigidas en gran parte por la Asociación de Mujeres Independientes, que comenzó a obtener recursos económicos en lo que denominaron la natillera (recolección de dinero por cuotas mensuales o semanales, con el fin de prestar el dinero recogido). Estas expresiones de resistencia están en permanente prueba ante la fuerza de criminalización de los movimientos sociales que sigue su curso y arrecia al punto de desestabilizar el tejido social.

Son ejemplo de la llamada "pacificación", que se vive en todas las zonas de la capital antioqueña y cuya pretensión es invisibilizar los fines políticos y criminalizar la lucha social. Por último, una de las hipótesis que lanza Hernán consiste en que junto al desmonte de los paramilitares, se retornará al mercenarismo selectivo contra los movimientos sociales.