Privatización de los servicios públicos de Pereira

Pereira, capital del departamento de Risaralda, pertenece al Eje Cafetero de Colombia. Contaba hasta 1997 con una empresa de servicios públicos que atendía todos los requerimientos de sus usuarios en energía eléctrica, agua, telefonía y aseo. La facturación estaba a cargo de la empresa Multiservicios. A partir de ese año la empresa se fragmentó según el criterio de búsqueda de eficiencia en la prestación de cada servicio.

Particularmente, a prestar el servicio de telefonía llegaron las Empresas Públicas de Medellín, debido al prestigio que adquirieron y para la facturación se abrió una licitación.

El Sindicato de la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira, preocupado por una posible privatización de los servicios públicos, comenzó a trabajar en la documentación y divulgación de las políticas públicas del municipio en lo referente a la prestación de estos servicios. Su preocupación actual se focaliza en un crédito de la banca internacional, otorgado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) a la empresa de acueducto, para el mejoramiento del servicio.

Llama la atención el sindicato por el alto monto de este empréstito, que asciende a 25 millones de dólares, y por otros factores que exige el empréstito, como el hecho de conceder la licitación a una empresa, que en su generalidad se identifica como Gestora Internacional y ofrece sus oficios como transmisora de experiencia y tecnología por un periodo de seis años y con carácter prorrogable. Lo que prevé la organización de trabajadores es una posible privatización del servicio junto con una afectación del sindicato y el aumento en las tarifas del servicio.

Señala además el sindicato que los criterios de rentabilidad que posiblemente reinarán afectarán la estabilidad de los trabajadores. Su análisis es que las políticas de manejo y prestación del servicio estarían controladas por convenios de desempeño valorados por indicadores de gestión que evalúan la prestación del servicio por la relación entre la cantidad de trabajadores y el número de usuarios.

El problema se agrava cuando los intereses de los préstamos se asumen en dólares, siempre tomando en cuenta su alza, pero si la tasa de cambio llegase a bajar no se tendría en cuenta. Estos costos se cobrarían a través de las tarifas, en forma directa al usuario. Lo que además significaría el desmonte de los subsidios para los estratos más bajos. El sindicato estima que esto desembocaría en una venta de acciones de la empresa, produciendo su privatización. Los Comités de Servicios Públicos serian los encargados de promover la compra de acciones.

El proyecto también contempla la compra de las cuencas media y alta del río Otún, utilizado como fuente del acueducto de Pereira, cuyo manejo dejaría de ser función de la empresa de acueducto del municipio. Al tiempo, se establecería un Batallón de Alta Montaña, un lugar turístico y se realizarían actividades de explotación de madera lo que anticipa el aumento el desplazamiento de campesinos y problemas socioambientales.

Las acciones del sindicato encontraron el apoyo de organismos de control como la Internacional de Servicios Públicos, una federación mundial sindical que hace la veeduría sobre el crédito BID. Con ese apoyo se promovió el Foro Pereira 2003, que revisó el contrato con el BID.

El problema se ha divulgado en la ciudad a través de medios masivos de comunicación como la radio y la prensa y se han convocado debates en el Concejo Municipal. Con esta presión se logró que el empréstito del BID se redujera a ocho millones de dólares, con un cobro a cinco años. Igualmente, se adelantan actividades que permitirán que la Empresa Multiservicios de Pereira, certificada por normas ISO internacionales, bajo parámetros de rentabilidad social y garante de los derechos laborales, sea la encargada de las funciones asignadas a la Gestora Internacional. Existe sin embargo el inconveniente de que el BID exige una contrapartida de 1.400 millones de pesos, como aval para adjudicar el contrato.

Entre tanto, el sindicato realiza un trabajo con la comunidad, que consiste en que los trabajadores de las empresas de acueducto, energía y teléfonos ofrecen un día de trabajo no remunerado en el que prestan servicios de mantenimiento y además informan a la población de la situación y exhortan a la comunidad para que no compre acciones.