El EZLN y los diálogos con el Estado mexicano

No sólo su padre, también la comunidad mixteca se sorprendió con el interés de Francisco por estudiar. Era algo nuevo para alguien de allí. Se graduó como normalista, pero antes que ejercer como profesor, se presentó en la universidad para estudiar sociología. Su decepción fue grande cuando sus maestros le debatieron su gusto por el estudio del sector rural, argumentándole que el campesinado desaparecería en 10 años. Por ello, decidió iniciar estudios en la Facultad de Derecho.

Al recibir el título se dedicó a ejercer el derecho laboral y administrativo y asumió casos con los que ganaba buen dinero. Hasta entonces, no se manifestaba en él ningún interés por el tema del derecho indígena.

Pero en 1995, Francisco recibe una invitación del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) para que actuase como su asesor en los diálogos de paz que se desarrollarían a partir del siguiente año entre este grupo rebelde de origen indígena y el Estado mexicano. En febrero de 1996 se congregaron en San Andrés algo más de 500 asesores convocados por el EZLN, entre defensores de derechos humanos, abogados, autoridades indígenas y otros. A la vez, el gobierno invitó solo a 8 asesores. Francisco se encontraba allí aún sin saber por qué había sido elegido e incluso por qué había decidido él mismo asistir.

A la hora de sentarse a la mesa, los dirigentes del EZLN estuvieron acompañados de 12 asesores, mientras las otras personas se organizaron en mesas permanentes de trabajo. Francisco se sorprendió aún más cuando supo que él hacía parte de los doce que dialogarían directamente con el gobierno central y con sus asesores, entre los que se encontraban compañeros suyos de trabajo, pues hasta ese momento Francisco trabajaba con el Estado.

Para poder cumplir con su nuevo cargo, debió dedicarse a estudiar día y noche los contenidos de la Constitución nacional mexicana referidos a pueblos ancestrales.

La mesa de trabajo en la que participó Francisco, la de legislación, debía formular una propuesta de Reforma Constitucional que diera solución a dos problemas fundamentales de las comunidades indígenas del país:la aceptación y el respeto por el derecho a autogobernarse y la legalización de su territorio ancestral. Esta propuesta de reforma debía contemplar que en México existen 68 pueblos indígenas, compuestos por más de doce millones de personas, cifra superior a la de ocho millones registrada por los censos nacionales, y debía reconocer la existencia de 62 lenguas diferentes. Estos pueblos han buscado la unidad política para luchar por el reconocimiento, por parte del Estado, del derecho a organizarse según sus costumbres y obedecer a su propia autoridad.

En cuanto al problema territorial, el Estado reconoce tres formas de la propiedad sobre la tierra en el país:la privada, el ejido (corresponde a la tierra entregada a un individuo, durante la época de la reforma agraria) y la forma comunal (son aquellas tierras cuya propiedad comunitaria se respalda en títulos ancestrales). Estas formas de legalización de la propiedad tienen problemas pues casi ninguna ubicación de las tierras actuales de indígenas y comunidades coincide con el territorio ancestral; además, los mismos ejidales se entregaron a varias personas, lo que provocó fuertes conflictos entre sus múltiples propietarios.

Todo esto debía contemplar la reforma propuesta por la mesa. Después de presentarla a la comisión del gobierno, la mesa se disuelve y cada uno de sus integrantes se une a otras mesas temáticas. Pero Francisco y otros abogados indígenas deciden organizarse en una asociación civil de abogados comunitarios, de trabajo gratuito, llamado Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.

En octubre del mismo año, el EZLN y sus convocados deciden organizar el llamado Congreso Nacional Indígena, que es en realidad una asamblea compuesta por diferentes organizaciones indígenas, coordinadas regionalmente, y que busca fortalecer las estructuras comunitarias de estos pueblos.

En este congreso participa el Centro de Orientación y Asesoría, que presta servicios de difusión del derecho indígena y de defensa de individuos y comunidades para colaborar con el fortalecimiento de las propias comunidades. El Centro también ha conseguido, por medio de campañas masivas de publicidad, que se conozca masivamente el problema de reconocimiento legal de los territorios ancestrales, por lo que el Estado federal se ha visto obligado a realizar algunas negociaciones.

Actualmente, el Centro funciona en Oaxaca y cuenta con la participación de 4 abogados, 2 estudiantes de abogacía, 2 personas que fueron autoridades indígenas y 1 sociólogo.

En 2001 se desarrolla en México una Reforma Constitucional, pero esta se encuentra muy distante de los acuerdos de reforma realizados durante los diálogos de 1996. Entonces las comunidades y sus organizaciones de apoyo prefirieron trabajar independientemente por su autonomía. El Congreso Nacional Indígena y sus organizaciones debieron comenzar a aliarse con universidades y ONG y buscar recursos provenientes del Estado y de organizaciones internacionales, aunque su principal fuente de financiación siempre será la comunidad, para prevenir que sus proyectos se vean presionados por intereses ajenos a los de las comunidades. Para Francisco, la experiencia de los diálogos de San Andrés (sobre derechos y culturas indígenas), que así se llamaron los diálogos con el gobierno, fue dura pero muy enriquecedora. Pudo aportar en el proceso de organización y fortalecimiento del movimiento indígena mexicano.

Hoy realiza su trabajo desde el Centro de Orientación, que ofrece sus servicios gratuitamente, por lo que para sostenerse económicamente, debe aceptar casos de fuera de las comunidades indígenas. Pero eso no representa un obstáculo. Una de sus grandes satisfacciones es el reconocimiento que hace la comunidad mixteca de su trabajo.

Francisco señala algo muy importante, una dificultad para el reconocimiento del proceso de autodeterminación indígena:se trata de la actitud del gobierno mexicano frente a esta problemática. Eso se puso de manifiesto durante la jornada de participación de los jefes indígenas en las sesiones parlamentarias del 28 de marzo de 2001, en las que los ministros argumentaron que el problema indígena es realmente la pobreza y no la exclusión.